CEDH en pausa: entre trueques políticos, presiones partidistas y la falta de votos
La designación de la próxima titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Chihuahua entró, de la noche a la mañana, en estado de coma legislativo.
La urgencia que hace apenas unas semanas mostraban las y los diputados para concluir el proceso ha desaparecido.
Hoy, la discusión se encuentra congelada. Oficialmente, no hay acuerdos. Extraoficialmente, sobran presiones.
Fuentes del Congreso del Estado aseguran que Alfredo Chávez, coordinador de la bancada panista, no cuenta con los votos suficientes para destrabar la designación.
Y no porque falten firmas, sino porque los apoyos vienen condicionados por negociaciones paralelas que nada tienen que ver con los derechos humanos… y mucho con las cuotas de poder.Del lado de Movimiento Ciudadano, el diputado Francisco Sánchez ha puesto una exigencia sobre la mesa: su voto a favor de la CEDH está condicionado a que su esposa, la abogada Nancy Escárcega, sea designada como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Escárcega, quien ya fue colocada como secretaria de Sala en ese tribunal, busca ahora ascender.
El legislador emecista ya logró ese nombramiento previo “gracias a gestiones” propias, y busca repetir la jugada.
La presión sobre Chávez no es menor, pues implica comprometer votos de su propia bancada a cambio de un nombramiento que puede resultar políticamente costoso.
Pero ese no es el único flanco que enfrenta el panista. Desde el Partido del Trabajo, la familia Aguilar —conocida por su control territorial y peso dentro del Congreso— presiona para que Rubén Aguilar, también conocido como “Rubencito”, sea designado magistrado penal.
Se trata de una figura con historia política, pero también con claros intereses personales. El problema para Chávez es que conceder a uno, implica perder al otro. Y viceversa.
Así, la Comisión de Derechos Humanos se ha convertido en moneda de cambio dentro de una negociación cruzada entre fuerzas políticas.
Lo que debería ser un proceso institucional, donde se privilegie el perfil más preparado y comprometido con la defensa de los derechos humanos, se ha reducido a un intercambio de favores, apellidos y conveniencias.
La pregunta es inevitable: ¿puede un organismo como la CEDH conservar su legitimidad si su titular llega producto de un trueque entre partidos? ¿Dónde queda el discurso de la autonomía, cuando el acceso al cargo depende de ceder espacios judiciales estratégicos?
Por ahora, la designación sigue en pausa. Y lo que parecía una decisión técnica, se ha convertido en una partida política de alto nivel. Alfredo Chávez, en el centro del fuego cruzado, cuenta los votos que no tiene, y negocia espacios que no controla del todo.