CMIC y el Gobierno estatal: entre elogios y favoritismos en obra pública
Ereciente reconocimiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) al manejo de recursos del Gobierno del Estado de Chihuahua ha generado fuertes críticas y sospechas sobre la imparcialidad de dicha evaluación.
Cuando un organismo que depende directamente de la obra pública elogia a la administración que le asigna contratos, la duda es inevitable: ¿es un respaldo legítimo o una estrategia para mantener privilegios dentro de la adjudicación de obras?Las declaraciones del presidente de la CMIC en Chihuahua, Julio César Mercado Rodríguez, parecen más una maniobra de autopromoción que una evaluación objetiva.
Su cercanía con la administración estatal ha llevado a que dentro del sector se le señale como el “contratista favorito del sexenio”, consolidando la percepción de que el reparto de obra pública favorece a un pequeño grupo, mientras que el resto de los agremiados tiene que conformarse con lo que “cae” de las grandes asignaciones.
Pero el problema va más allá. Julio no solo es el primero en la fila para las adjudicaciones, sino que su influencia le permite operar en contubernio con el secretario de Obras Públicas, a quien, según señalamientos, le entrega jugosos “ladrillos” mensuales, en clara referencia a posibles pagos o favores para asegurar su posición privilegiada.
Además, para garantizar que sus pagos fluyan sin trabas, hoy mismo tuvo una reunión con un funcionario clave, dejando en evidencia que, más allá de la eficiencia administrativa, el acceso a los recursos públicos sigue dependiendo de contactos, favores y acuerdos bajo la mesa.
Mientras la CMIC aplaude la gestión estatal, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, ha advertido sobre una posible reducción de hasta mil millones de pesos en las participaciones federales.
Si el presupuesto se reduce, la pregunta es: ¿cómo se garantizará la inversión en infraestructura y quiénes serán los verdaderos perjudicados?
El riesgo es evidente: en tiempos de escasez de recursos, los beneficios seguirán concentrándose en los mismos actores de siempre, mientras los constructores pequeños y medianos quedan relegados o fuera de competencia.
El manejo de recursos públicos no puede depender de amiguismos y acuerdos en lo oscuro. La transparencia en las adjudicaciones es clave para que el desarrollo de Chihuahua no quede en manos de unos cuantos. Sin auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas sólidos, cualquier felicitación entre empresarios y gobierno solo reforzará la sospecha de que, en el mundo de la obra pública en Chihuahua, “entre gitanos no se leen la mano”.