Colectivas acusan que vallas y cierres viales buscan disuadir marcha del 8M
Colectivas feministas expresaron su preocupación e indignación por la colocación de vallas metálicas y el cierre de múltiples calles en la ruta y punto final de la marcha del 8 de marzo en la ciudad de Chihuahua, medidas que —afirman— buscan disuadir la participación en la movilización.
A través de un posicionamiento público titulado “Vallas, calles cerradas y miedo: Así intenta el Estado disuadir la marcha del 8M”, las organizaciones señalaron que estas acciones constituyen una estrategia para sembrar miedo e incertidumbre entre las asistentes y desincentivar su participación.
En el documento, las colectivas argumentan que las medidas implementadas por las autoridades vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, particularmente el derecho a la libre manifestación de ideas y al libre tránsito.
Asimismo, señalaron que el bloqueo extensivo de vías podría representar un riesgo desde el punto de vista de seguridad y protección civil, al limitar rutas de circulación y posibles salidas durante un evento masivo.
Las organizaciones también cuestionaron que tanto la gobernadora Maru Campos como el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, hayan señalado que el operativo busca resguardar la seguridad de las mujeres, pues consideran que en los hechos genera un entorno “inseguro, restrictivo y potencialmente represivo” para quienes ejercen su derecho a manifestarse.
De acuerdo con el posicionamiento, este tipo de acciones refuerzan una narrativa que estigmatiza a las colectivas feministas y presenta la protesta social como una amenaza, mientras se desvía la atención de problemáticas estructurales como la corrupción, la impunidad y los altos índices delictivos en el estado.
Finalmente, las colectivas afirmaron que la movilización del 8M es una expresión legítima del derecho de las mujeres a manifestarse y exigir justicia, por lo que corresponde al Estado garantizar condiciones adecuadas de seguridad, movilidad y respeto a los derechos humanos.
Además, responsabilizaron a la gobernadora Maru Campos y al alcalde Marco Bonilla de cualquier incidente que pudiera ocurrir como consecuencia de las decisiones tomadas para bloquear y restringir las vías en el entorno de la marcha.