Congreso alista adecuaciones a iniciativa contra injerencia del crimen tras fallo de la SCJN: Joss Vega
El Congreso del Estado trabaja en adecuaciones a la iniciativa relacionada con la participación de personas vinculadas con el crimen organizado en procesos electorales, luego de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó la presidenta del Poder Legislativo, Joss Vega.
La legisladora explicó que actualmente se revisan los alcances de la resolución de la Corte para realizar los ajustes correspondientes y mantener las disposiciones que puedan aplicarse dentro del marco establecido por el máximo tribunal.
Señaló que uno de los aspectos que buscan precisar es que, para establecer una responsabilidad relacionada con recursos o personas vinculadas con el crimen organizado, existan elementos que permitan acreditar que el candidato tenía conocimiento de esa situación.
“Lo que estamos haciendo justamente es que se pueda, con pruebas, porque no nada más es con la narrativa, sino con pruebas, decir que esta persona se dio cuenta que había algún tipo de dinero o de personas que estaban en el crimen organizado”, explicó.
Vega indicó que el Congreso trabaja actualmente en estas adecuaciones y estimó que en los próximos días, posiblemente durante esta semana o la siguiente, podrían estar revisando la iniciativa en la comisión correspondiente.
Explicó que la Suprema Corte aún no ha remitido al Congreso el contenido completo de la resolución, por lo que continúan analizando sus alcances y las modificaciones que deberán realizar.
La presidenta del Congreso señaló que, aunque las normas en materia electoral generalmente deben aprobarse con al menos 90 días de anticipación a un proceso electoral, en este caso todavía existe la posibilidad de realizar adecuaciones mediante disposiciones transitorias.
Añadió que el objetivo es atender lo establecido por la Suprema Corte, pero también revisar la legislación para determinar de qué manera pueden incorporarse las modificaciones necesarias a la iniciativa.
La propuesta se relaciona con el blindaje de los procesos electorales frente a posibles vínculos con recursos o personas del crimen organizado, particularmente en los casos en los que la responsabilidad de un tercero no necesariamente implique que el candidato tuviera conocimiento de esos hechos.