Congreso respalda informe de la ASE, pero cifras revelan fallas persistentes en el manejo de recursos públicos
El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el Informe General de la revisión de la Cuenta Pública 2024, resultado de 213 auditorías practicadas a los poderes del Estado y 67 municipios.
Durante su exposición, informó que se formularon 2 mil 608 observaciones y se emitieron 1 mil 973 recomendaciones a los entes auditados.
Además, las revisiones podrían derivar en 393 promociones de fincamiento de responsabilidades administrativas por faltas no graves, 75 por faltas graves y hasta 29 denuncias penales.
Acosta Félix detalló que una revisión transversal permitió detectar posible uso de documentación apócrifa por parte de proveedores en procesos de licitación, lo que abriría la puerta a denuncias penales que, en su mayoría, irían en contra de particulares que habrían presentado información falsa o documentos oficiales alterados para obtener contratos con gobiernos municipales y con los tres poderes del Estado.
El Informe General, recibido por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Leticia Ortega, integra un resumen de los 213 informes individuales correspondientes al Programa Anual de Auditoría 2025 y cumple con la obligación de la Auditoría Superior del Estado de reportar el resultado global del gasto público ejercido en 2024.
Con esta presentación, también se concluye el primer periodo de siete años del actual Auditor Superior.
En ese lapso, la ASE ha determinado de manera acumulada 11 mil 850 observaciones, derivadas de 1 mil 187 auditorías y revisiones a entes públicos del estado.
Durante la reunión, diputadas y diputados como Leticia Ortega, Alma Portillo, Carlos Olson y Arturo Medina reconocieron el trabajo técnico de la ASE y subrayaron la importancia de mantener una revisión estricta del uso de los recursos públicos.
No obstante, las cifras expuestas evidencian que las irregularidades persisten y que el desafío para el Congreso no se limita a recibir informes, sino a asegurar el seguimiento, las sanciones y la corrección efectiva de las fallas detectadas en el manejo del dinero público.