Crisis en el transporte: propaganda y represión en lugar de soluciones
El conflicto entre los choferes del transporte público Bowi y el gobierno estatal es una muestra clara de la crisis financiera y administrativa que enfrenta el sistema de movilidad en la entidad. La protesta de este viernes expone un problema de fondo: la precariedad laboral en un sector esencial para la ciudadanía, mientras el gobierno parece más preocupado por la propaganda que por garantizar condiciones dignas para los trabajadores del transporte.
La falta de respuesta inmediata de las autoridades, sumada a la amenaza de desalojo con la fuerza policial, deja en evidencia la política de desgaste que suele aplicarse contra movimientos laborales legítimos. En lugar de atender el déficit económico del sistema, reconocer la falta de recursos y negociar con los trabajadores, el gobierno se aferra a una estrategia de control basada en la intimidación y el silencio.
El reclamo por el uso de cinco millones de pesos en rótulos promocionales de Maru es otro punto clave. Mientras se argumenta que el sistema de transporte opera en números rojos, se destina dinero público a una campaña de imagen que poco o nada aporta a la solución del problema. Esto no solo refleja una mala administración de los recursos, sino también una falta de prioridades en la gestión pública.
El hecho de que los manifestantes decidieran no bloquear completamente las avenidas muestra su voluntad de diálogo y su conciencia del impacto en la ciudadanía. Sin embargo, esta disposición contrasta con la actitud del gobierno, que hasta el momento ha sido omisa y reactiva. El traslado del Secretario General de Gobierno al lugar de la protesta parece más un acto de contención que una verdadera intención de resolver el conflicto.
En conclusión, el problema del transporte en la entidad es un reflejo del desorden financiero y la falta de visión a largo plazo del gobierno estatal. Mientras los trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias y la población padece un servicio deficiente, las autoridades siguen priorizando el gasto en propaganda sobre las soluciones reales.