Desalojan a 32 familias en Monte Xenit, un año después de denuncia de Brenda Ríos; cuestionan responsabilidad de funcionaria municipal
La directora de Desarrollo Urbano, Adriana Díaz —hermana del exdirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz, y parte del equipo político de Marco Bonilla— está en el centro del escrutinio; señalan que la denuncia sobre este fraccionamiento fue impulsada por la diputada Brenda Ríos
El gobierno municipal de Chihuahua ordenó esta semana el desalojo inmediato de 32 familias del fraccionamiento Monte Xenit, ubicado al norte de la ciudad, luego de que estudios técnicos elaborados por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) confirmaran que el terreno no es habitable por su alto riesgo geológico.
La medida, aunque justificada por razones de seguridad, ocurre más de un año después de que el fraccionamiento fue autorizado, construido y vendido a particulares, quienes habitaron durante meses sin conocer los riesgos.
En medio del operativo de desalojo y la clausura del fraccionamiento, han surgido cuestionamientos sobre posibles omisiones dentro de la administración municipal, particularmente en la Dirección de Desarrollo Urbano, encabezada por Adriana Díaz, quien es hermana del exdirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz, y además forma parte del equipo que coordina la precampaña a gobernador del alcalde Marco Bonilla.
Hasta ahora, no se ha informado si habrá sanciones administrativas o investigaciones internas, y el Ayuntamiento ha centrado su respuesta únicamente en el anuncio de denuncias penales y civiles contra la empresa desarrolladora DEXE.
Este caso también ha reactivado el debate sobre las fallas en la planeación urbana y la autorización de fraccionamientos en zonas de riesgo.
En ese sentido, distintas voces han recordado que fue la diputada local de Morena, Brenda Ríos, quien desde hace meses ha señalado públicamente los riesgos y presuntas irregularidades en la construcción de fraccionamientos en áreas no aptas para vivienda.Ríos ha insistido en lo que ella ha denominado como una “cártel inmobiliario” dentro de la administración municipal, donde —asegura— se otorgan permisos de construcción sin análisis serios del impacto urbano y geológico.
El caso Monte Xenit, más allá de la crisis habitacional que ahora enfrentan 32 familias, abre una nueva discusión pública sobre la responsabilidad de los funcionarios que avalan proyectos urbanísticos sin garantizar condiciones mínimas de seguridad.Y en ese contexto, la pregunta que ya circula en cafés, pasillos institucionales y redes sociales es inevitable:¿Miedo, complicidad o encubrimiento?