Bajo la lupa Teresa Ortuño por desfalco al Bachilleres

La exdirectora general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, Teresa Orduño Gurza, enfrenta cuestionamientos por un probable desvío de más de 475 millones de pesos durante su administración.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua se encuentra en el centro de una serie de graves observaciones fiscales que apuntan a un presunto daño millonario a la Hacienda Pública Federal, que podría superar los 475 millones de pesos. Estas irregularidades, detectadas en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, ocurrieron bajo la gestión de Teresa Orduño Gurza, quien se desempeñó como directora general del Colegio durante dicho periodo.

Las auditorías realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) revelan un patrón preocupante de mal manejo de recursos federales, lo que podría haber generado un perjuicio económico significativo para las finanzas públicas. La magnitud de los montos involucrados en los desvíos es alarmante: en 2021, el OFS detectó un daño por más de 25 millones de pesos debido al incumplimiento en la reintegración de recursos no comprometidos, mientras que en 2020 se encontraron irregularidades que afectaron a más de 393 millones de pesos.

La gestión de Orduño Gurza se ve particularmente cuestionada por no cumplir con las normativas de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En concreto, las observaciones apuntan a que el Colegio de Bachilleres no proporcionó la documentación necesaria para acreditar el destino y la correcta aplicación de los recursos federales asignados, especialmente en el ámbito de los “Servicios Generales” y en la asignación de subsidios para el pago de servicios personales.

Uno de los hallazgos más graves fue el incumplimiento en el reintegro de los fondos no ejercidos a la Tesorería de la Federación. En este sentido, Orduño Gurza y su equipo al frente del Colegio no lograron transparentar el uso de más de 42 millones de pesos, correspondientes a subsidios no ejercidos al cierre del ejercicio fiscal 2020. Este tipo de omisiones podría configurar un desvío de fondos públicos que no solo afecta la confianza en la gestión pública, sino también los intereses de los estudiantes y la comunidad educativa del Estado de Chihuahua.

Además de los 25 millones de pesos no reintegrados y los 393 millones de pesos sin justificación, las auditorías también revelaron que el Colegio de Bachilleres no cumplió con las normativas en cuanto a la documentación necesaria para comprobar los gastos en “Servicios Generales”, lo que provocó la falta de justificación de otros 14 millones de pesos.

Aunque las observaciones están en proceso de seguimiento, el hecho de que las irregularidades hayan tenido lugar bajo el mando de Teresa Orduño Gurza coloca a la exdirectora en una posición delicada, especialmente al considerar que las gestiones de este tipo deberían haber sido realizadas con total transparencia y conforme a la ley. En este contexto, la falta de respuestas claras sobre cómo se planea recuperar esos fondos y sancionar a los responsables deja una sensación de impunidad en el aire.

A medida que avanzan las investigaciones, la sociedad espera que las autoridades no solo resuelvan el caso, sino que también adopten medidas más estrictas para evitar que situaciones similares se repitan en otras instituciones del país. Los recursos destinados a la educación deben ser tratados con la máxima responsabilidad, y los responsables de su manejo deben rendir cuentas ante los ciudadanos y las autoridades. En este caso, el nombre de Teresa Orduño Gurza es el que más resuena, al estar vinculado directamente con la gestión de esos recursos y las irregularidades detectadas.

Es urgente que las autoridades den una respuesta clara y efectiva para restaurar la confianza en la administración pública de Chihuahua y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y eficiente. La educación no puede ser un campo de impunidad ni de manejos oscuros que perjudiquen a quienes más lo necesitan: los estudiantes.