El asesinato de un policía señalado en una narcomanta sacude la precampaña de Loya y Jáuregui
El asesinato del suboficial Víctor Hugo Sosa Martínez expone, una vez más, la crisis de seguridad en Chihuahua. El crimen ocurrió en la colonia Villas del Real, justo cuando el oficial se disponía a abordar su vehículo. Sin embargo, este homicidio no es un hecho aislado: en diciembre de 2024, el nombre de Sosa Martínez apareció en una narcomanta que lo acusaba de estar involucrado en extorsiones, cobro de cuotas y protección a grupos criminales con el consentimiento de sus superiores.
A pesar de estas graves acusaciones, el oficial siguió activo en la corporación hasta ser ejecutado en plena vía pública. ¿Por qué no se investigó a fondo cuando apareció su nombre en la manta? ¿Se ignoraron las advertencias?
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, quien ha mostrado claras intenciones de contender por la gubernatura en 2027, llegó a la escena del crimen y condenó el ataque, asegurando que “no quedará impune”. Palabras que se repiten con cada ejecución, pero que rara vez se traducen en justicia.
Llama la atención que un funcionario con aspiraciones políticas se vea envuelto en un escándalo de esta magnitud. Su administración no solo ha fracasado en garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino que ahora enfrenta la sombra de la corrupción dentro de su propia corporación. Esto es grave: un oficial señalado por el crimen organizado fue asesinado sin que nadie hiciera nada por evitarlo.
El fiscal general del estado, César Jáuregui Robles, también ha mostrado aspiraciones políticas, lo que genera dudas sobre la imparcialidad y eficacia de las investigaciones en curso. La politización de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia podría estar contribuyendo a la impunidad y al deterioro de la confianza ciudadana.
¿Un crimen con mensaje?
El asesinato de Sosa Martínez no es solo una ejecución más en el interminable baño de sangre que azota a Chihuahua, sino un mensaje claro y directo. Un policía señalado en una narcomanta es ejecutado semanas después, mientras que las autoridades que deberían garantizar la seguridad están más preocupadas por sus campañas políticas que por esclarecer los crímenes.
¿Qué tan infiltrada está la policía estatal por el crimen organizado? ¿Por qué las advertencias en la manta fueron ignoradas? Si el suboficial estaba implicado en actos de corrupción, ¿por qué seguía en funciones? Y si no lo estaba, ¿por qué nadie lo protegió tras aparecer en una amenaza pública?
Desatención y omisión de Loya y Jáuregui
Loya y Jáuregui ocupan dos de los cargos más importantes en materia de seguridad en el estado. Sus funciones deberían ser de cuerpo y tiempo completo, pero su evidente interés en contender por puestos de elección popular ha derivado en desatención y omisión de sus labores. Mientras ellos buscan posicionarse políticamente, la violencia sigue cobrando vidas y la impunidad es la única constante.
Las respuestas a estas preguntas probablemente nunca llegarán. Mientras Loya y Jáuregui enfocan su atención en sus proyectos políticos, Chihuahua sigue siendo rehén del crimen organizado, y los ciudadanos solo pueden esperar no ser los siguientes en la lista.