El CCE le pone una piedra en el camino al PAN
Jueces de papel y una reforma judicial que dejó demasiadas dudas
¿Hasta dónde en Morena son capaces de alargar la definición en Chihuahua?
La autonomía de la Fiscalía ya avanzó en el Congreso, pero ahora aparece un detalle que puede convertirse en uno de los puntos más incómodos para el PAN. Leopoldo Mares, presidente de la Coordinación de Consejo Empresarial, advirtió que “No descartamos que haya dedazo” y con eso prácticamente puso sobre la mesa la desconfianza que existe alrededor de la forma en que podría elegirse al próximo fiscal.
Porque el asunto no está solamente en que la Fiscalía tenga autonomía en el papel. El Consejo Coordinador Empresarial está planteando una designación por mérito, mediante una convocatoria abierta, lo que cambiaría de fondo el escenario que contempla actualmente el dictamen, donde el Ejecutivo tendría la posibilidad de enviar una terna al Congreso y, a partir de ahí, buscar una mayoría calificada.
Dicho de otra manera, una convocatoria abierta le quitaría al Ejecutivo buena parte del margen para llevar una terna con perfiles previamente definidos. Y ahí es donde la propuesta empresarial comienza a incomodar, porque si de verdad se quiere una Fiscalía autónoma, el debate termina inevitablemente en quién propone, quién evalúa y quién decide.
Lo curioso es que el lunes el coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, dijo que habría diálogo con el Consejo Coordinador Empresarial y que incluso coincidían con alrededor del 90 por ciento de sus propuestas. Si eso es así, queda la pregunta de qué pasará precisamente con ese 10 por ciento que puede ser el más importante.
Porque una cosa es coincidir en el discurso de la autonomía y otra muy distinta aceptar un mecanismo que limite la posibilidad de que el Ejecutivo influya directamente en la definición del próximo fiscal.
Y aquí aparece también el asunto del Parlamento Abierto. Cuauhtémoc Estrada cuestionó cuándo se abriría realmente ese espacio para escuchar a los sectores que lo están solicitando, mientras que Alfredo Chávez respondió que ese tipo de participación podría darse en las leyes secundarias. Es decir, otra vez la discusión se manda para después, mientras el dictamen de la Fiscalía ya camina en sentido positivo.
Por lo pronto, todavía falta una reunión de comisión para que el dictamen pueda aprobarse y posteriormente ser llevado al Pleno. Pero las declaraciones de Leopoldo Mares dejan una lectura bastante clara. Si Alfredo Chávez anunció diálogo con los empresarios, ese consenso todavía no parece existir en los puntos que para el CCE son fundamentales.
Y si uno de esos puntos termina siendo precisamente impedir una terna a modo mediante una convocatoria abierta, ahí sí puede estar uno de los verdaderos jaloneos de esta Fiscalía Autónoma.
Lo que está ocurriendo con jueces y magistrados apenas un año después de aquella elección judicial empieza a poner en evidencia las muchas dudas que dejó el proceso. Ahora resulta que hay 11 carpetas de investigación relacionadas con jueces y magistrados, mientras uno de los juzgadores recién electos se encuentra detenido y con señalamientos de presuntos actos de corrupción.
Y aquí es donde vale la pena detenerse un poco. Porque aquellos jueces y magistrados fueron presentados como parte de una nueva etapa en la justicia, electos directamente por los ciudadanos. Pero hoy, cuando algunos de ellos están bajo el reflector por controversias y posibles irregularidades, aparece una contradicción bastante seria. La misma ciudadanía que los llevó al cargo prácticamente no tiene herramientas inmediatas para quitarlos de ahí.
Entonces, ¿de qué sirvió presumir una elección popular si después el ciudadano queda prácticamente como espectador cuando un juzgador enfrenta cuestionamientos?
La reforma judicial, tanto en el ámbito nacional como en el local, parece haber sido construida con demasiados cabos sueltos. Y uno de los más evidentes fue precisamente la selección de los perfiles que llegaron a las boletas.
Porque en una elección con participación ciudadana reducida, el peso de las estructuras organizadas inevitablemente crece. Y si además aparecieron los famosos acordeones de distintos bandos políticos, entonces la pregunta es inevitable. ¿Realmente llegaron los más capaces o terminaron imponiéndose los perfiles que tenían detrás una estructura de movilización?
Ahí está la parte incómoda. Una elección popular no garantiza por sí misma que los mejores perfiles lleguen a los cargos. Mucho menos cuando el ciudadano recibe una boleta con una cantidad enorme de nombres, con poca información sobre quiénes son y, en medio de eso, aparecen estructuras políticas promoviendo determinadas opciones.
Al final, entre los acordeones de Morena y los acordeones del PAN, la elección pudo terminar pareciéndose más a una competencia de estructuras que a una evaluación de capacidades jurídicas.
Y si ahora empiezan a aparecer controversias alrededor de algunos de esos juzgadores, la discusión inevitablemente regresará al origen. ¿Fueron realmente los mejores perfiles los que llegaron a los cargos o simplemente los que tuvieron detrás la maquinaria suficiente para ganar una elección de baja participación?
Porque si un juez cuestionado puede ser retirado solamente después de atravesar todo un procedimiento institucional, pero el ciudadano que lo eligió no tiene una vía clara y directa para revocar esa decisión, entonces algo quedó mal diseñado desde el principio.
Y eso sí debería preocupar, porque la justicia no puede convertirse en una elección de popularidad, de estructuras o de recomendados. Si se va a elegir a jueces y magistrados mediante el voto ciudadano, entonces también tendría que existir un mecanismo claro para exigirles cuentas a quienes llegan al cargo.
De lo contrario, tendremos jueces electos por el pueblo, pero ciudadanos sin herramientas reales para removerlos. Y ahí es donde la palabra “popular” empieza a quedarse solamente en el discurso.
Por demás llamativas resultaron las declaraciones que realizó entre semana la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, cuando fue cuestionada sobre cuándo se definirán las coordinaciones estatales que todavía están pendientes. Su respuesta fue bastante clara al recordar que desde el principio se estableció un plazo y que “se los dije y lo vamos a cumplir”, por lo que el proceso tomará su tiempo y tendrá como límite el mes de diciembre.
Todavía más llamativo fue el mensaje para los aspirantes, pues señaló que si ya recorrieron sus estados unas tres veces, entonces que les den otras dos vueltas. Y ahí está precisamente el detalle, porque una cosa es que diciembre sea el plazo límite y otra muy distinta saber hasta dónde Morena pretende estirar la definición.
En Chihuahua, esa espera puede convertirse en un asunto delicado. Después de diciembre prácticamente viene encima el proceso electoral y en enero o febrero tendría que abrirse un periodo muy breve de precampaña. En ese mismo lapso, Morena tendrá que comenzar a definir quiénes serán sus candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales.
Ahí aparece uno de los principales riesgos. Una cosa es decidir quién será el coordinador o coordinadora estatal y otra muy distinta tener tiempo suficiente para hacer la llamada operación cicatriz con quien resulte derrotado en la contienda interna.
Porque en Chihuahua la disputa no parece sencilla. Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez mantienen una competencia bastante cerrada y la propia Citlalli Hernández ya reconoció que las encuestas de Morena están muy reñidas entre ambos aspirantes. Por lo pronto, no parece existir una definición evidente.
Los equipos de ambos han bajado un poco el ritmo después de la etapa de las llamadas asambleas y se han concentrado más en la difusión del informe de la presidenta y en algunas apariciones en redes sociales. Tampoco hubo un anuncio formal que marcara el cierre de estos encuentros, pero lo cierto es que la actividad de los aspirantes ya se percibe más relajada.
Y mientras arriba hablan de unidad, abajo siempre hay quien parece tener otros datos.
Ahí aparece el Capi Arrieta, quien apenas la semana pasada comenzó a lanzar señalamientos contra su compañero Cruz Pérez Cuéllar. Un discurso de confrontación que poco ayuda cuando Morena insiste en que todos deben cerrar filas y mantener la unidad.
Incluso estaba prevista para este viernes otra rueda de prensa de Arrieta, pero finalmente fue cancelada. Se supo que desde la dirigencia de Morena se habría hablado con él para separar este tipo de eventos. Queda la duda de si simplemente se le pidió esperar los tiempos o si hubo algún llamado de atención por el tono de sus señalamientos contra otro aspirante.
Porque si Morena está intentando mantener la unidad mientras define a su próximo coordinador estatal, cualquier discurso de disensión termina siendo una piedra en el camino.
Y aquí es donde regresan las palabras de Ariadna Montiel. Ella misma recordó que desde el lanzamiento de la convocatoria se estableció diciembre como fecha límite. El problema no es que exista ese plazo, sino qué tan cerca del proceso electoral Morena decidirá llevar la definición.
Si finalmente utilizan prácticamente todo el margen disponible, el aspirante que no resulte designado tendrá muy poco tiempo para asimilar la decisión, recomponer relaciones y decidir si se suma al proyecto del ganador.
La política también necesita tiempo para cerrar heridas. En una contienda tan cerrada como la de Chihuahua, dejar la definición para el último momento podría complicar precisamente esa operación cicatriz que Morena necesitará después de tomar la decisión.
Por lo pronto, diciembre es el límite. La verdadera incógnita está en saber hasta dónde van a estirar la liga antes de definir quién encabezará Morena en Chihuahua.