El coletazo de la reforma electoral llega hasta el PT
Zafarrancho legislativo por el transporte en Juárez
Se estrecha el cerco contra Fuentes Vélez
8 municipios gobernados por PRI y PAN bajo la lupa de la ASF
Miércoles de relevo en la CMIC… y de ausencias
La votación que frenó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sigue generando movimientos dentro del oficialismo. En los pasillos de la Cámara de Diputados se comenta que el resultado dejó más lecturas internas que externas, particularmente por la postura que asumió el Partido del Trabajo.
De los 44 diputados petistas, prácticamente toda la bancada votó en contra de la iniciativa. Solo uno se desmarcó. La disciplina legislativa se atribuye directamente al dirigente nacional del partido, Alberto Anaya Gutiérrez, quien —según versiones que circulan en el Congreso— se involucró personalmente en la definición de la postura de su bancada.
La situación llamó la atención en Palacio Nacional, donde comenzó a comentarse la posibilidad de revisar en las leyes secundarias el esquema de distribución de prerrogativas y de representación plurinominal. No se trataría de modificar los montos globales del financiamiento público, sino la forma en que se reparte entre los partidos.
El tema no es menor para el PT, cuya operación política históricamente ha estado ligada a ese esquema de financiamiento. Por ahora, el episodio se suma a una relación que en los últimos meses ha tenido varios momentos de tensión entre el petismo y el círculo cercano al gobierno federal.
La reunión entre diputados del Congreso del Estado de Chihuahua y el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, terminó convertida en un episodio político que dejó varias lecturas.
La diputada de Morena, Magdalena Rentería Pérez, tomó la palabra para cuestionar el formato del encuentro, al señalar que el citatorio hacía referencia a un acuerdo distinto al que realmente correspondía. Según expuso, el acuerdo aplicable establecía que debía realizarse una comparecencia formal y no una reunión informativa.
Rentería sostuvo que previamente debió instalarse una mesa técnica para revisar las quejas de ciudadanos, madres de familia, estudiantes y trabajadores sobre el transporte público en Ciudad Juárez. También cuestionó que el formato limitara las intervenciones a preguntas de tres minutos.
Tras su posicionamiento, la legisladora decidió retirarse de la reunión.
Desde la presidencia de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana, la diputada panista Joss Vega Vargas lamentó la salida de su compañera de comisión y señaló que el trabajo legislativo también implica participar en reuniones técnicas y espacios de diálogo con otras autoridades.
En medio del intercambio político, el secretario De la Peña expuso avances del sistema de transporte, entre ellos la operación de tres líneas del JuárezBus con más de cien unidades y la renovación de camiones del sistema BRT en la capital del estado.
El expediente del exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, volvió a moverse en el tablero judicial.
El fiscal anticorrupción del estado, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que el exfuncionario ha perdido los amparos que promovió en México para frenar las acciones judiciales en su contra, lo que abre la puerta para avanzar en su localización y eventual extradición.
Actualmente existen tres mecanismos de búsqueda activos: una orden de aprehensión girada por un juez local, una ficha roja de Interpol y una alerta migratoria.
La investigación se centra en un presunto desvío de 98.6 millones de pesos, recursos que —de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción— habrían beneficiado a un particular que también agotó los recursos legales promovidos por su defensa.
Mientras tanto, continúan las gestiones ante autoridades de Estados Unidos para avanzar en el procedimiento de extradición.
Se trata de 8 municipios de Chihuahua que comenzaron a aparecer en las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en torno a recursos federales destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Las revisiones corresponden a alrededor de 250 millones de pesos asignados a los ayuntamientos de Buenaventura, Casas Grandes, Camargo, Rosales, Gómez Farías, Janos Satevó, y San Francisco de Conchos, dentro de programas dirigidos a la atención de población migrante.
La Auditoría detectó inconsistencias en la comprobación del gasto, por lo que los municipios deberán aclarar el destino de esos recursos dentro de los procesos de fiscalización.
Este miércoles rindió protesta el nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Chihuahua, en sustitución del polémico Julio Mercado, a quien en el gremio bautizaron con el apodo de “el todas las ganó”, por la larga cadena de contratos que durante años se le atribuyeron en distintas obras públicas.
El evento se realizó en Palacio de Gobierno, pero lo que más llamó la atención no fue el cambio en la dirigencia del organismo empresarial, sino el nivel de ausencias. La gobernadora Maru Campos no acudió al acto y en su representación envió al secretario de Obras Públicas, Jorge Chánez Peña.
En los corrillos políticos a Chánez incluso ya le dicen “Mr. Cabos”, pues se comenta que los anexos técnicos y hasta los fallos de algunas licitaciones se terminan decidiendo en paradisíacas playas. Historias que, dicen en corto, incluyen viajes, reuniones lejos del escritorio… y uno que otro paseo en yate.
Más allá de los apodos y las anécdotas que circulan en la grilla, el acto dejó otra señal política. El evento lució desangelado, con escasa presencia de la clase política y de funcionarios del gobierno estatal, algo poco común para un organismo empresarial que tradicionalmente ha mantenido una relación cercana con la administración en turno.
Quien terminó llevándose la noche fue Cruz Pérez Cuéllar, cuya presencia no pasó desapercibida entre los asistentes y que, como suele ocurrir en este tipo de encuentros, terminó acaparando buena parte de los reflectores políticos del evento.