El Congreso se adelantará con un exhorto a la Federación por el tema de los desplazados
Enrique Rascón también se adelantó a la Federación
Los 36 millones del FASP no bastaron para concluir la ampliación de la Fiscalía Zona Centro
César Jáuregui y el mensaje de que “sí nos va a afectar lo que siga dependiendo de quién gane”
Mientras en el Senado de la República el exhorto relacionado con el desplazamiento forzado quedó pendiente debido a que la atención de la sesión del miércoles se concentró en las audiencias, en Chihuahua el Congreso del Estado se prepara para adelantarse con un exhorto dirigido a la Federación.
La propuesta será presentada por los coordinadores Alfredo Chávez, del PAN, y Arturo Medina, del PRI, bajo el argumento de que es el Gobierno Federal el que cuenta con mayores facultades y recursos para atender una problemática que desde hace años afecta principalmente a comunidades de la Sierra Tarahumara.
Llama la atención que este exhorto llegue apenas ahora, cuando el desplazamiento forzado no es un problema reciente. Sin embargo, la mayoría legislativa buscará colocar el tema en la agenda federal antes de que desde el Senado se reactive la discusión.
Al final, un exhorto representa un posicionamiento político e institucional, pero no genera una obligación legal para la autoridad a la que va dirigido. Forma parte de las herramientas parlamentarias para fijar una postura sobre un tema determinado.
Así, antes de que el Senado retome el asunto, el Congreso de Chihuahua buscará dirigir la atención hacia la Federación, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que es la instancia con mayor capacidad de intervención frente a una crisis estrechamente ligada a la violencia y al crimen organizado.
Un día antes de que el Congreso del Estado impulse ese exhorto, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, salió a presentar las acciones que el Gobierno del Estado ha venido realizando para atender el desplazamiento forzado. Lo hizo acompañado por la comisionada estatal de Atención a Víctimas, Norma Ledezma, y otros integrantes de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno.
Durante el encuentro se informó que Chihuahua ha brindado alrededor de 5 mil atenciones a personas desplazadas, que Guadalupe y Calvo concentra el mayor número de casos y que el estado mantiene protocolos de atención emergente. También se dio a conocer que, ante la ausencia de un registro federal de víctimas por desplazamiento forzado, Chihuahua desarrolló sus propias herramientas de atención y, en coordinación con ACNUR y más de 20 dependencias y organizaciones, realiza un estudio para identificar las causas, los impactos y la dimensión del fenómeno.
La lectura política del mensaje también fue evidente. El Gobierno del Estado buscó adelantarse a la discusión que comenzaba a tomar fuerza en el ámbito federal y dejar claro que, desde su perspectiva, la administración estatal sí ha venido atendiendo esta problemática.
Con ello también se prepara el terreno para el exhorto que impulsarán Alfredo Chávez y Arturo Medina desde el Congreso del Estado. La intención es invertir el sentido del debate: antes de que desde la Federación se señale al Gobierno del Estado, la apuesta es dirigir el llamado hacia el Gobierno Federal, bajo el argumento de que cuenta con mayores atribuciones y recursos para enfrentar un problema que tiene su origen en la violencia y el crimen organizado.
Ahora la atención también se dirige a la Federación. Ojalá la respuesta llegue desde una autoridad con capacidad de decisión y no se reduzca a un intercambio de declaraciones o a una respuesta cargada de politiquería. Un tema tan delicado como el desplazamiento forzado merece acciones concretas y una estrategia institucional que vaya mucho más allá de enumerar programas sociales o el número de becas del Bienestar entregadas en determinada región.
El 24 de octubre de 2021, el Gobierno del Estado anunció la ampliación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro como una obra que se ejecutaría con una inversión de 36 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El objetivo era mejorar la atención a las víctimas del delito y ampliar la capacidad de las instalaciones.
La historia terminó siendo distinta. Casi cinco años después, la ampliación permanece inconclusa y el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, confirmó que será el Gobierno del Estado el que destine recursos propios para concluirla, luego de que el presupuesto federal únicamente alcanzara para una primera etapa.
La intención ahora es terminar la obra antes de que concluya el presente ejercicio fiscal. Para ello, el proyecto fue actualizado en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y actualmente se encuentra en la fase de trámites administrativos para reiniciar los trabajos.
Lo cierto es que queda un contraste difícil de ignorar. En 2021 se anunció una inversión de 36 millones de pesos del FASP para esta ampliación y, casi cinco años después, la obra sigue sin concluir y tendrá que terminarse con dinero estatal. Ahora el compromiso es cerrar un proyecto que durante todo este tiempo permaneció como una obra inconclusa y que, por años, dio la imagen de un elefante blanco en una de las principales instalaciones de procuración de justicia del estado.
César Jáuregui Moreno continúa con sus actividades de acercamiento con la ciudadanía en medio de su aspiración para buscar la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua. En esta ocasión sostuvo una reunión con vecinos de una colonia como parte de la estrategia para presentar su proyecto y mantener contacto directo con distintos sectores.
Sin embargo, más allá del encuentro con ciudadanos, lo que llamó la atención fue el mensaje político que acompañó esta reunión. Durante su participación señaló: “A veces a la gente todavía no le cae el veinte de qué tan importante es el 27. Pero escúchenmelo bien: por primera vez sí nos va a afectar lo que siga, dependiendo de quién gane”.
La frase concentró la atención del mensaje al plantear que la próxima elección tendrá consecuencias dependiendo de quién obtenga el triunfo. Una expresión que se suma al discurso que Acción Nacional ha venido manejando sobre el escenario político que enfrenta Chihuahua y la posibilidad de que Morena llegue a gobernar.
Desde el PAN, distintos actores han señalado sus preocupaciones ante un eventual triunfo de Morena y han cuestionado los escenarios que, desde su perspectiva, podrían presentarse para la entidad. Jáuregui Moreno se suma así a esa narrativa mientras continúa con la construcción de su aspiración y con la tarea de posicionar su nombre entre la ciudadanía.
La reunión con vecinos forma parte de ese proceso de acercamiento, pero la frase sobre que “sí nos va a afectar lo que siga, dependiendo de quién gane” terminó siendo el elemento que marcó el mensaje político del encuentro.