El correo que frenó la CEDH
Rosana Díaz sigue alzando la voz
Bertha Gómez y el proceso migratorio
Plan B podría tener ya respaldo del PT… pero sin revocación de mandato
El crematorio y la revisión del informe
La definición de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sigue detenida, y no precisamente por falta de dictamen.
Desde el 27 de enero, el documento está listo, pero no ha habido convocatoria a votación. A inicios de semana, circuló la versión de que el tema subiría al Pleno con los votos de un bloque tripartita y un respaldo de Morena. La realidad es otra: los números aún no están claros y no existe consenso entre los diputados.
Lo que cambió el escenario fue un correo electrónico que llegó el 17 de febrero a varios legisladores, con información sobre uno de los perfiles incluidos en la terna. El contenido exige verificación: de confirmarse, podría influir en la idoneidad de uno de los aspirantes.
Hasta ahora, los diputados revisan expedientes y cotejan la información. Dependiendo del resultado, la Junta de Coordinación Política tendría que decidir si mantiene la terna, la ajusta o propone una nueva. Todo sigue en pausa, y el factor que mantiene el suspense es un correo que llegó en el momento justo… o inoportuno.
La diputada Rosana Díaz mantiene la presión dentro de la bancada. Señaló a Cuauhtémoc Estrada y a Óscar Castrejón como responsables de maniobras internas que, según su versión, intentaron limitar su participación y voz política.
El detonante fue un documento presentado como “prueba superveniente” con fecha de diciembre de 2025, firmado por Estrada. Díaz asegura que confirma que el caso no nació en lo jurídico, sino en lo político.
Mientras tanto, el procedimiento sigue su curso dentro de las instancias partidistas. Pero el mensaje político es claro: Rosana no cede, no se calla y mantiene abierto el frente interno.
Sobre la detención de Bertha Gómez, fuentes cercanas confirman que se encuentra en El Paso, Texas, y que por ahora permanecerá ahí.
El punto central que destacan es que no se trata de un caso penal en México, sino de un asunto estrictamente migratorio. Según estas mismas fuentes, el proceso se resolverá dentro de los cauces administrativos de Estados Unidos.
En paralelo, critican la cobertura de algunos medios, a los que acusan de difundir interpretaciones tendenciosas sobre el motivo de la detención. Por ahora, la narrativa desde su círculo apunta a un proceso migratorio, no judicial.
En el Senado, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, acelera negociaciones para asegurar los votos necesarios en torno al Plan B de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum.
Fuentes de la Cámara indican que el partido guinda habría logrado acercamientos con el PT, abriendo la posibilidad de aprobar la reforma. Sin embargo, la clave estaría en un ajuste: la probable salida de la revocación de mandato de la presidenta del paquete electoral.
La votación se aproxima y el escenario es claro: aprobación de la mayoría del marco normativo, aunque con el cambio que excluye la revocación. En las próximas horas se definirá si esa modificación se formaliza o se vota por separado.
Durante el análisis del cuarto informe de la gobernadora Maru Campos, en la bancada de Morena reapareció un tema que sigue generando preguntas: el caso del crematorio en Ciudad Juárez.
El expediente judicial indica que tras la muerte de un empleado, el propietario del negocio obtuvo un amparo contra el auto de vinculación a proceso. La resolución fue impugnada y actualmente el caso se encuentra en revisión en el Segundo Tribunal Colegiado.
Más allá del proceso penal, el debate se centró en la actuación de las autoridades responsables de supervisar el establecimiento. En el informe estatal se mencionaba como “clandestino”, pero los legisladores precisaron que contaba con permisos y era conocido por las autoridades.
El foco ahora está en la vigilancia y los protocolos administrativos, dejando abierta la discusión sobre cómo se supervisan este tipo de negocios y la responsabilidad de las autoridades estatales.