El costo de sostener Pensiones: más derechohabientes, menos personal y una larga lista de dudas

En los últimos diez años, el padrón de derechohabientes en Pensiones Civiles del Estado creció en casi 10 mil personas.

Al cierre de marzo de 2025, la cifra alcanzó los 94 mil 470 afiliados.

Mientras tanto, el número de trabajadores de base que operan el sistema ha disminuido: de 1,580 en 2018 a apenas 1,197 este año.

La ecuación parece simple, pero plantea una paradoja: más usuarios, menos manos.

Y también más gasto.

En 2024, el presupuesto destinado a pensiones y jubilaciones superó los 9 mil millones de pesos, el doble de lo que se pagaba en 2017.

Para cerrar ese boquete financiero, el Gobierno del Estado tuvo que inyectar casi 6 mil millones en subsidios.

Sin embargo, el aumento del gasto no ha significado una mejora en la atención.

Las quejas por falta de médicos y tiempos prolongados para agendar citas con especialistas siguen siendo comunes.

Actualmente, con 572 médicos entre generales y especialistas, el promedio es de un médico por cada 164 derechohabientes.

Especialidades como psiquiatría, endocrinología y neuropediatría presentan rezagos notables.

Y aunque el discurso oficial habla de una “reingeniería” en curso, los resultados no han logrado satisfacer la demanda creciente.

Un modelo que se expande… pero no se explica

De los más de 9 mil millones ejercidos, mil millones de pesos se destinaron a servicios médicos subrogados.

El modelo híbrido, público-privado, no solo se mantiene: se expande.

Sin embargo, hay contratos que, por su monto o recurrencia, han comenzado a llamar la atención dentro y fuera del organismo.

Durante una reciente comparecencia ante el Congreso del Estado, la dirección de Pensiones expuso diversos indicadores operativos.

Entre ellos, uno que despertó inquietud: cerca del 50% del adeudo total con el área de Prestaciones Económicas —que suma más de 9 mil millones de pesos— corresponde a recargos.

Pero según el propio director de esa área, por ley Pensiones no puede cobrar recargos, salvo en el caso de préstamos directos.

La duda quedó en el aire: ¿por qué se han contabilizado como adeudo conceptos que no tienen sustento legal para ser cobrados?

Una caja opaca o una institución en crisis

Dentro del aparato burocrático crece la percepción de que se ha convertido en una especie de caja silenciosa: opera, cumple, pero no rinde cuentas con la transparencia que amerita su tamaño y presupuesto.