El escándalo de Adán ya tiene efectos colaterales en Chihuahua
El caso de La Barredora, que sacude a Tabasco y tiene en el centro al Senador Adán Augusto López, ya provocó la primera onda expansiva en Chihuahua.
Y aunque nadie lo dice abiertamente, en las oficinas privadas de los principales empresarios del estado se encendieron las alertas.
El nerviosismo se explica por una lectura que comienza a repetirse: si en Tabasco hubo pactos que derivaron en una violencia desbordada —con cobro de piso, carreteras tomadas y caos penitenciario—, ¿qué garantiza que no pase algo similar en Chihuahua si la candidata para 2027 termina siendo Andrea Chávez, alfil directa de Adán?
La preocupación no es nueva, pero el escándalo del sur aceleró los tiempos. Hasta hace unos meses, el ascenso de la senadora no incomodaba del todo al sector privado. Incluso había quienes la veían como una carta con perfil competitivo y buena relación con la 4T.
Pero el contexto cambió, y hoy los mismos que antes eran tibios, comienzan a mover discretamente sus piezas para frenar ese proyecto antes de que se consolide.
No es una ruptura, todavía. Pero sí un mensaje. El solo hecho de que el tema ya esté en el ambiente político-empresarial es señal de que algo se rompió en la narrativa de confianza.
Y cuando eso ocurre, los acuerdos se replantean.
Un video, una firma y muchas lecturas
Comenzó a circular en redes sociales un video que narra una escena ocurrida en 2023, en Villahermosa, Tabasco.
En ese material se menciona a la senadora Andrea Chávez quien supuestamente firmó un acuerdo con personajes que —según se comenta en la narrativa del video— estarían vinculados al huachicol, al narcotráfico y a estructuras de control regional.
Empresarios protegidos, líderes de la zona.
El contexto no es menor.
Quienes mueven el video lo hacen con un mensaje claro: ya hay candidata, y el modelo que se aplicó en Tabasco con Adán Augusto —entregar el estado al crimen organizado, según esa misma narrativa— se busca replicar en Chihuahua.
Es decir, ya estaría definido quién representará a ese grupo político, y el mensaje no se anda con rodeos.
Podrá tratarse de fuego amigo, campaña negra o estrategia de desgaste; sin embargo,el objetivo va por dos vertientes: sembrar rechazo o encender las alertas.
La narrativa busca conectar los dichos con los hechos, y mientras eso ocurre, el golpeteo crece.
De que el video circula, circula. De que está dirigido, también. ¿Se verá demostrado con hechos ese supuesto acuerdo entre la senadora Andrea Chávez con empresarios protegidos, o todo quedará en una campaña más para hacer ruido mediático con el tema de Adán Augusto?
Maru y la foto de la seguridad
La gobernadora Maru Campos encabezó en Ciudad Juárez la Mesa Regional de Seguridad por el tema de Guadalupe y Calvo, tras los hechos violentos que se han vivido en esa zona serrana.
Hasta ahí, todo normal. Pero lo que no pasó desapercibido en los pasillos políticos fue que en esa reunión no se dijo nada nuevo, no se anunció nada concreto, y lo que más llamó la atención fue… la foto.
Porque, claro, la presencia de la gobernadora en una reunión de ese tipo genera imágenes, y las imágenes también son mensajes.
Y en medio de las versiones que circulan sobre la supuesta salida de Gilberto Loya de la SSPE, y sobre la tensión con mandos federales, este evento sirvió para enviar una señal: aquí mando yo.
¿Se reforzó la coordinación? ¿Se presentó una estrategia real? ¿O se trató más bien de blindar políticamente a la administración estatal frente a un tema que ya escaló a nivel nacional?
Porque la violencia en Guadalupe y Calvo ya no se puede ocultar, y la presión viene de todos lados.
En resumen, más allá de la logística y las palabras institucionales, lo que quedó fue una imagen cuidadosamente armada, en un momento clave.
Lo demás, sigue pendiente: la seguridad, la presencia real del Estado en la sierra y, sobre todo, los resultados.
Mientras tanto, la narrativa es que se está trabajando. Al menos en la foto.
La tala ilegal devorando la Sierra
En la Sierra Tarahumara, los cárteles ya no solo controlan drogas o cobran piso: hoy manejan los bosques como si fueran aserraderos con billetes.
Víctimas son las comunidades rarámuri, desplazadas, amenazadas o desaparecidas por defender su territorio; líderes asesinados por defender un árbol, literalmente.
La narrativa oficial seguirá señalando que la tala ilegal se combate, que la Profepa hace inspecciones, o que hay informes técnicos y foros ambientales.
Pero entre las cifras disminuidas —hasta un 85 % menos de operativos en una década— y las 122 zonas críticas detectadas, queda claro que una maquinaria criminal ya opera de facto bajo la sombra de la impunidad.
El relato hegemónico tiende a presentar la tala como daño ambiental.
Hoy, sin embargo, es mercado criminal: taladores obligados a “pagar piso”, aserraderos controlados por la mafia, rutas clandestinas de madera exportada, y activos que sirven para lavar dinero narco.
El despojo no se limita al bosque: también afecta al agua y a la identidad cultural.
Comunidades enteras han sido desplazadas.
Líderes como Isidro Baldenegro o Julián Carrillo murieron protegiendo bosques ancestrales, mientras las autoridades siguen sin garantitaner justicia ni protección efectiva.