El gran atraco judicial: jubilaciones de oro a costa del pueblo
Mientras Chihuahua enfrenta retos económicos y una crisis de confianza en sus instituciones, los legisladores del PAN, PRI y Verde han dado luz verde a una reforma que huele a robo en despoblado. Este día, diputados de esos tres partidos políticos se aprobó un dictamen que permite a jueces y magistrados jubilarse con pensiones que superan los 65 mil pesos mensuales, aunque solo hayan ocupado el cargo por un corto periodo. Un escándalo de proporciones mayúsculas que pone en evidencia el uso cínico del poder para el beneficio de una élite.
La justificación de esta reforma es burda: se argumenta que la reforma federal al Poder Judicial obliga a los jueces y magistrados a dejar sus cargos en 2027, lo que “trunca” su plan de vida y afecta su estabilidad financiera. ¿Desde cuándo la estabilidad económica de un grupo privilegiado debe ser prioridad legislativa? Mientras el ciudadano común enfrenta incertidumbre laboral y pensiones miserables tras décadas de trabajo, la casta judicial se blinda con un retiro de lujo.
El dictamen no solo mantiene, sino que amplía los beneficios para magistrados y jueces. Por ejemplo, se establece que aquellos que hayan ocupado el cargo por al menos cinco años podrán acceder a una jubilación con el 80% de su compensación, además de su pensión de Pensiones Civiles del Estado. Para quienes no cumplan con los requisitos de jubilación, se prevé una pensión vitalicia basada en el tiempo que hayan servido en el Poder Judicial. En otras palabras, basta con haber calentado el asiento unos años para garantizarse un retiro dorado.
Pero la desfachatez no termina ahí. También se establece que los jueces y magistrados que sean destituidos por la reforma federal tendrán derecho a una compensación por retiro anticipado, calculada en función de sus años de servicio, sin importar que no hayan cotizado lo suficiente para recibir una pensión conforme a la ley. En términos llanos: si no pueden seguir disfrutando del cargo, se aseguran una pensión generosa pagada con dinero público.
Los legisladores que respaldaron esta medida lo hicieron con pleno conocimiento de que se trata de un privilegio injustificable. ¿Qué justifica que un juez con apenas meses en el cargo reciba una pensión que supera por mucho lo que recibe un trabajador con 30 años de servicio? La respuesta es simple: el pacto de impunidad que protege a las élites del poder.
Este dictamen es un insulto a los ciudadanos de Chihuahua, un recordatorio de que las leyes no son iguales para todos. Mientras millones de mexicanos luchan por sobrevivir con pensiones de miseria, la casta judicial se asegura de vivir cómodamente sin importar su desempeño ni el tiempo real que hayan servido. El Congreso local ha dado una muestra de cinismo político al aprobar esta reforma, y la ciudadanía debe tomar nota de quiénes fueron los responsables de este atraco institucional.
Si Chihuahua quiere avanzar hacia un sistema justo y equitativo, este tipo de medidas deben ser revisadas y, en su caso, revertidas. De lo contrario, seguiremos viviendo en un Estado donde la justicia solo es un negocio más para los privilegiados.