El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) enfrenta una prueba de fuego. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechara la queja interpuesta por el PAN contra la senadora morenista Andrea Chávez y remitiera el caso al ámbito local, será ahora el órgano electoral estatal, encabezado por su presidenta Yanko Durán, el que deberá resolver la denuncia por presuntos actos anticipados de campaña.

Durán confirmó que el IEE ya habría recibido la notificación formal del TEPJF, y que será este instituto el que instruya el procedimiento, valore las pruebas y emita una resolución. “Así son los procedimientos ordinarios sancionadores”, declaró la presidenta, en un intento por dar normalidad a un asunto que está lejos de ser rutinario.

El fondo del caso, sin embargo, tiene implicaciones políticas serias: el uso de unidades médicas rotuladas con el nombre e imagen de Andrea Chávez, presuntamente financiadas con recursos públicos o de origen no aclarado, lo que el PAN considera como propaganda personalizada y promoción indebida.

Con la pelota ahora en el campo local, el IEE se convierte en actor central de un proceso que no solo pone a prueba su autonomía y capacidad jurídica, sino también su resistencia a las presiones políticas. Resolver el caso de manera transparente será crucial para la credibilidad del órgano electoral, sobre todo en un momento donde las instituciones enfrentan crecientes cuestionamientos.

Este episodio también deja ver el blindaje político que rodea a Chávez, una figura en ascenso dentro de Morena, cercana al grupo de Adán Augusto López, y cuya precampaña encubierta ha sido evidente en el estado. El TEPJF ya le dio oxígeno. Ahora, el IEE deberá decidir si le pone freno o sigue dándole aire.