El mini músculo de Loera

El mini músculo de Loera

Zuany, agazapado, lanza tremenda pedrada que sacude a Palacio

… y pasó de perder la visa a facilitar operaciones de la CIA

FGE respalda a Maru: el expediente confirma que no sabía del operativo

La deuda de 155 mil pesos por mexicano


La inconformidad de un grupo de fundadores de Morena tiene detrás una operación política que apunta al senador Juan Carlos Loera. Lo que comenzó como una serie de reclamos por los espacios dentro del partido parece haberse convertido en un mecanismo de presión para conseguir posiciones en el reparto de candidaturas municipales. Y es que, después de no conseguir la coordinación municipal que buscaba, Loera parece haber decidido mantener abierto el frente de confrontación con su propio partido.

Pero el senador no está solo en esta tarea. Martha Serrano, Ana Rojas y América Mayagoitia aparecen como las operadoras que llevan los reclamos, hacen los señalamientos y mantienen activa la inconformidad. Loera, por su parte, evita encabezar directamente esa confrontación, en una dinámica que también le permite mantener distancia de los señalamientos sin dejar de tener presencia en el conflicto.

La estrategia tiene un parecido con las viejas prácticas del petismo: condicionar el respaldo político hasta que se negocien posiciones a favor del grupo. Primero se genera presión, se amenaza con no acompañar las decisiones y después se pone sobre la mesa la posibilidad de bajar el conflicto a cambio de espacios. Una dinámica que recuerda las negociaciones que durante años caracterizaron la relación de otros partidos con el PRI.

Y la confrontación de Loera no se ha limitado a los grupos internos. También llegó a cuestionar a Andrea Chávez, quien fuera su compañera de fórmula al Senado y con quien comparte el grupo parlamentario de Morena. Sus cuestionamientos a los procedimientos internos del partido terminaron alcanzando el proceso que llevó a su compañera a recibir la coordinación municipal de Ciudad Juárez. Así, el senador pasó de compartir proyecto electoral con ella a poner en entredicho las decisiones que la colocaron al frente de esa responsabilidad.

Ahora también se entiende mejor el peso político de su licencia. Loera dejó temporalmente el Senado para buscar la coordinación municipal y, tras no obtenerla, sus cuestionamientos al partido y la presión de su grupo han continuado. La impresión que deja esta secuencia es la de alguien que salió de la nave en la que ha navegado políticamente para comenzar a golpearla desde afuera, pero que todavía parece esperar que le abran la puerta si consigue las posiciones que reclama.

Y no es que Morena no le haya dado oportunidades. En 2021 recibió la candidatura a la gubernatura de Chihuahua, elección que perdió, y en 2024 obtuvo una senaduría. En ese último proceso, el resultado se produjo en medio del arrastre nacional de Claudia Sheinbaum, cuya candidatura presidencial encabezó la votación de Morena.

Precisamente este martes por la mañana, el diputado Óscar Avitia puso sobre la mesa un argumento que contrasta con los reclamos de los inconformes. Recordó que Juan Carlos Loera es fundador del movimiento y que ya cuenta con un espacio de representación como senador. Su postura fue que también se han entregado espacios a quienes iniciaron el proyecto y que debería prevalecer la unidad para seguir construyendo la organización política.

El argumento no es menor si se considera que el discurso nacional de Morena plantea sacar al PAN y al PRI de los gobiernos donde todavía mantienen el poder. En Chihuahua, esa misma premisa es la que se utiliza para construir las coordinaciones y organizar al partido. Sin embargo, mientras se habla de unidad y de un proyecto común, un grupo parece más concentrado en conseguir posiciones para sus propios integrantes.

Ahí está el verdadero tamaño del problema para Loera: una cosa es tener diferencias dentro de Morena y otra convertir esas diferencias en una estrategia permanente de presión para obtener candidaturas. Si ya recibió oportunidades importantes bajo las siglas del partido, ¿hasta dónde pretende llevar la confrontación para conseguir nuevos espacios? ¿Y cuánto músculo político hay realmente detrás de tanto ruido?


Vaya forma de hacer estruendo político la que provocó el exfiscal Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien permanece prófugo de la justicia y cuenta con un amparo para evitar su detención. Desde las sombras, el exfuncionario lanzó una tremenda pedrada al Gobierno estatal al asegurar, en mensajes enviados a The New York Times, que la gobernadora Maru Campos sí estaba enterada de todo lo relacionado con la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

Desde que estalló el caso de El Pinal, muchos especulaban sobre por dónde habría de romperse la cuerda floja. La apuesta era que terminaría cediendo por el lado más débil, es decir, por César Jáuregui Moreno, quien permanece en el Altiplano y todavía no ha terminado de contar su versión de los hechos. Sin embargo, Zuany acaba de dar señales de que podría ser por su propio lado por donde termine rompiéndose esa cuerda y se conozca una versión más completa de lo ocurrido.

No hay que perder de vista que Jáuregui era el fiscal general del Estado y Zuany encabezaba la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro cuando se desarrollaron los contactos y las operaciones con agentes estadounidenses. Ambos quedaron involucrados en las investigaciones, aunque sus circunstancias jurídicas son distintas: Jáuregui está detenido y Zuany tiene órdenes de aprehensión, pero consiguió una suspensión mediante amparo.

El señalamiento del exfiscal coloca ahora directamente a Maru Campos en el centro de las versiones sobre quién conocía la presencia de la CIA y bajo qué circunstancias se permitió su participación. La gobernadora respondió de manera tajante que Zuany debe decirlo ante un juez y no ante un medio de comunicación.

Pero ahí está precisamente la pregunta: si el exfuncionario ya comenzó a ventilar su versión en un medio estadounidense y eventualmente decide sostenerla ante un juez, ¿qué es lo que viene para el Gobierno estatal? ¿Será Zuany quien termine rompiendo la cuerda floja y revele hasta dónde llegaba el conocimiento de lo ocurrido en Palacio?


Guillermo Zuany pasó de perder su visa estadounidense por presuntos vínculos con el crimen organizado a convertirse, según la investigación de The New York Times, en el enlace que habría facilitado operaciones de agentes de la CIA con policías estatales de Chihuahua. Pese a la revocación del documento, posteriormente lo recuperó y regresó a sus funciones dentro de la Fiscalía.

La investigación periodística señala que Zuany habría colaborado durante más de seis meses con los agentes estadounidenses, facilitando su participación en actividades operativas y entrenamientos con elementos estatales. Esta colaboración habría formado parte de las gestiones para recuperar su visa, luego de que Estados Unidos le retirara el permiso.

El caso también pone atención en las circunstancias en las que el exfuncionario volvió a ocupar responsabilidades dentro de la Fiscalía, después de haber sido separado tras la revocación de su visa. Su trayectoria quedó nuevamente bajo escrutinio a partir de las revelaciones sobre la participación de personal extranjero en actividades de seguridad en Chihuahua.

Ahora, Zuany se encuentra prófugo y enfrenta dos órdenes de aprehensión, una de la Fiscalía General de la República y otra de la Fiscalía estatal, según confirmó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. La situación jurídica del exfuncionario agrega un nuevo elemento a las investigaciones sobre el operativo realizado en abril en el municipio de Morelos.

Mientras tanto, sigue sin conocerse públicamente toda la información que Zuany podría aportar sobre la colaboración con agentes estadounidenses, las condiciones en que se estableció y los funcionarios que tuvieron conocimiento de ella. Su eventual comparecencia ante las autoridades será relevante para esclarecer los alcances de esa participación.


Luego de las declaraciones que hizo la gobernadora Maru Campos desde Ciudad Juárez en torno al caso de Guillermo Zuany, la Fiscalía General del Estado (FGE) salió a fijar la postura oficial de la institución mediante un boletín en el que reafirmó que la mandataria estatal desconocía la participación de agentes extranjeros en actividades operativas de la corporación.

La Fiscalía sustentó esa postura en el contenido de la carpeta de investigación sobre el operativo realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos. Según explicó, el expediente reúne 150 declaraciones de 86 personas, además de pruebas documentales, periciales y técnicas, sin que alguno de esos elementos señale que Maru Campos conociera o hubiera autorizado la intervención de los agentes extranjeros.

La explicación de la dependencia va más allá: sostiene que la información sobre la presencia de los estadounidenses le fue ocultada a la gobernadora, una circunstancia que un juez de control consideró probable al vincular a proceso. Con ello, la Fiscalía busca dejar claro que la línea de investigación apunta a que la mandataria no estaba enterada de lo ocurrido.

La Fiscalía también hizo referencia a los señalamientos de Guillermo Zuany, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente, y aclaró que sus declaraciones no forman parte de la carpeta de investigación. De esta manera, la dependencia marcó distancia de las versiones atribuidas al exfuncionario y sostuvo que su postura se basa en los elementos que sí están integrados al expediente.

El pronunciamiento no es menor, pues la participación de agentes extranjeros y el conocimiento que pudo tener el Gobierno estatal se convirtieron en uno de los puntos más delicados del caso. La Fiscalía consideró necesario salir a respaldar la versión de la gobernadora y sostenerla con los datos que, afirma, contiene la investigación.


El PAN en el Congreso del Estado puso el dedo en uno de los puntos más cuestionables del paquete económico federal: el endeudamiento. Según los señalamientos de la bancada, la deuda representaría una carga aproximada de 155 mil pesos por mexicano, incluidos niños y generaciones que todavía ni siquiera participan en la vida económica del país.

La crítica panista apunta a que el Gobierno Federal sigue comprometiendo recursos a través de deuda, mientras Chihuahua no ve reflejados esos compromisos en mayores asignaciones para rubros como salud, carreteras y campo. A esto se suma el señalamiento de que buena parte del presupuesto termina comprometida en el pago de intereses de proyectos heredados de la administración de López Obrador.

La pregunta que deja el reclamo es dónde están reflejadas esas deudas en Chihuahua. Si cada mexicano estaría cargando con una obligación de alrededor de 155 mil pesos, ¿dónde están las grandes obras y el progreso que presume la llamada Cuarta Transformación? ¿Se traducen esos compromisos financieros en mejores servicios, infraestructura y mayores apoyos para sectores como salud, carreteras y campo?