Elección judicial en Chihuahua: un experimento riesgoso para la justicia
El próximo 1 de junio, Chihuahua enfrentará un proceso inédito: la elección de jueces y magistrados por voto popular. A primera vista, la idea de que la ciudadanía elija a quienes impartirán justicia suena atractiva, pero en la práctica este modelo plantea serios riesgos para la independencia judicial y la calidad de la impartición de justicia.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha determinado que en Chihuahua habrá dos divisiones de circuito, en las cuales se elegirán 12 magistrados y 13 jueces para el Circuito Judicial número 17. La boleta incluirá decenas de nombres, con 36 candidatos a magistrados y 39 a jueces, además de las boletas nacionales para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros órganos judiciales.
El problema es evidente: el grueso de la ciudadanía no tiene el conocimiento técnico necesario para evaluar la trayectoria y capacidades de los aspirantes a estos cargos. A diferencia de un legislador o un alcalde, cuya popularidad y promesas pueden ser un factor en la decisión del votante, un juez debe ser elegido por su imparcialidad, preparación y capacidad para interpretar la ley, no por su habilidad para hacer campaña o movilizar electores.
La independencia judicial es el pilar del Estado de derecho. Someter a jueces y magistrados a un proceso electoral los obliga a competir como políticos, lo que puede abrir la puerta a financiamiento opaco, influencia de grupos de interés y la peligrosa tentación de tomar decisiones con base en la opinión pública y no en la ley.
Otro punto preocupante es la falta de claridad sobre cómo se garantizará que los jueces elegidos realmente sean los más capacitados. ¿Quién vigilará que los candidatos tengan el perfil adecuado? ¿Qué filtros se aplicarán para evitar que la justicia se convierta en un botín político?
Si bien la elección popular puede ser una respuesta a la desconfianza en el Poder Judicial, la solución no puede ser debilitarlo aún más. En lugar de convertir a los jueces en figuras electorales, es urgente fortalecer los procesos de selección con mecanismos de evaluación rigurosos, mayor transparencia en su designación y sanciones efectivas contra la corrupción.
El 1 de junio, Chihuahua no solo votará por jueces y magistrados, sino que decidirá si la justicia en el estado seguirá un camino de independencia o si quedará atrapada en la lógica de la política electoral.