Elecciones en el Poder Judicial y atracos institucionalizados
El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) ha aprobado la lista de personas candidatas que buscarán ocupar cargos en el Poder Judicial del Estado en la elección extraordinaria del 1 de junio. En total, se elegirán 3 magistradas y 2 magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial; 15 magistradas y 15 magistrados para el Tribunal Superior de Justicia; así como 135 juezas y 135 jueces para los Juzgados de Primera Instancia y Menores.
Según el IEE, 856 personas candidatas lograron avanzar hasta la fase final del proceso, y la publicación de estas listas pretende fomentar la transparencia. Sin embargo, en un sistema donde la corrupción y el amiguismo son la norma, la duda no es si habrá anomalías, sino cuántas de estas candidaturas responderán a intereses políticos en lugar de méritos reales.
Porque si algo ha quedado claro en Chihuahua es que el Poder Judicial es una élite cerrada que se blinda con favores y acomodos. No hay mayor prueba de ello que el escandaloso aumento de sueldo que los magistrados se autorizaron antes de dejar su cargo a finales de 2024: de 30 mil a casi 60 mil pesos mensuales, con el beneplácito de la gobernadora y los diputados del PAN, PRI, MC, PT y Verde.
Como si esto no fuera suficiente, la secretaria particular de la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia fue designada estratégicamente en una sala solo para poder jubilarse con los beneficios del decreto de retiro. Es decir, un puesto exprés con una única finalidad: asegurar una pensión privilegiada.
En este contexto, el anuncio de elecciones para renovar el Poder Judicial debería ser motivo de esperanza, pero en lugar de eso genera más sospechas. ¿Se trata realmente de un proceso transparente, o es solo la continuidad de un sistema donde la justicia es un botín para repartir entre los mismos de siempre?
Mientras tanto, el alcalde Marco Bonilla presenta su portal de datos abiertos, una medida que suena bien pero que poco servirá si no hay consecuencias para la corrupción. Y a nivel nacional, se aprobó una reforma contra la reelección y el nepotismo… pero con entrada en vigor hasta 2030, dándoles a los políticos seis años más para seguir saqueando sin restricciones.
En Chihuahua, el problema no es la falta de elecciones ni de transparencia en el papel. El problema es que las reglas del juego siempre benefician a los mismos. ¿Hasta cuándo?