Entre la protección y la cerrazón

Entre la protección y la cerrazón

La instalación de 500 vallas metálicas alrededor del Palacio de Gobierno en Chihuahua como medida preventiva ante la marcha del 8 de marzo ha generado un debate entre la protección de la infraestructura pública y la falta de apertura gubernamental al diálogo con los colectivos feministas.

Por un lado, el gobierno estatal justifica la colocación de estas barreras como una acción para evitar daños a los edificios históricos y garantizar el orden durante la manifestación. Funcionarios han señalado que en años anteriores algunas protestas han derivado en actos de vandalismo que afectan no solo inmuebles públicos, sino también negocios y espacios privados en el centro de la ciudad. Argumentan que proteger estos lugares no significa estar en contra del movimiento feminista, sino asegurar que la protesta transcurra sin incidentes mayores.

Sin embargo, del otro lado del debate, organizaciones y activistas han criticado la decisión, calificándola como una muestra de cerrazón e indiferencia ante las demandas de justicia y seguridad para las mujeres. Para ellas, estas vallas no solo representan un obstáculo físico, sino también un símbolo de la distancia entre el gobierno y quienes exigen respuestas ante la violencia de género. Señalan que, en lugar de invertir en cercos de seguridad, las autoridades deberían enfocar esfuerzos en atender el rezago en políticas de prevención y apoyo a víctimas.

El tema también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el gasto público, ya que en años anteriores el costo de estas medidas de seguridad ha sido millonario. En 2024, por ejemplo, se reveló que el gobierno estatal pagó casi 40 millones de pesos en la compra de vallas metálicas para eventos similares.

La discusión queda abierta: ¿es justificable blindar edificios en un contexto de protestas legítimas, o estas acciones refuerzan la percepción de un gobierno que prefiere levantar muros en lugar de abrir el diálogo? Mientras el 8M se acerca, el cerco ya está levantado, y con él, el debate sobre la forma en que las autoridades responden a las demandas sociales.