Entre la retórica de la reducción y la cruda realidad de la violencia
A pesar de los discursos oficiales que celebran una disminución en los homicidios dolosos en Chihuahua, la realidad en las calles cuenta una historia diferente. El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, informó que en enero de 2025 se registraron 32 homicidios dolosos, una cifra que, aunque inferior a los 37 de enero de 2024 y a los más de 50 de 2023, sigue siendo alarmante.
Esta aparente mejora se ve empañada por hechos recientes que evidencian la persistencia de la violencia. El hallazgo de dos cuerpos sin vida en los terrenos de El Rejón es un recordatorio sombrío de que la inseguridad sigue latente.
A nivel nacional, la situación es igualmente preocupante. El informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló que el 28 de enero se registraron 76 víctimas de homicidio, superando el promedio mensual de 65.4. Guanajuato encabezó la lista con 11 homicidios, seguido de Chihuahua con 9 y Morelos con 8.
La violencia no discrimina, y las autoridades también se han convertido en blanco. El mismo día, el titular de Protección Civil en Guadalupe y Calvo fue asesinado en una agresión armada mientras conducía una camioneta.
Estas tragedias ponen en entredicho las declaraciones de las autoridades locales. El alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza anunció a principios de enero el refuerzo de los operativos de seguridad en las colonias más afectadas por la violencia, afirmando: “Reforzaremos los operativos de seguridad para atender homicidios”. Sin embargo, los resultados parecen insuficientes ante la magnitud del problema.
El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, ha atribuido el incremento de homicidios a disputas entre grupos delincuenciales, señalando que estas pugnas son responsables del aumento de la violencia en la región.
A pesar de los esfuerzos conjuntos de la Dirección de Seguridad, la Fiscalía, la Guardia Nacional y la SEDENA, la violencia continúa siendo una constante en la vida de los chihuahuenses. Es imperativo que las autoridades revisen y fortalezcan sus estrategias de seguridad, y que la ciudadanía exija resultados tangibles que vayan más allá de las estadísticas y las declaraciones oficiales.