Entre la toga y la política: la polémica llegada de Nancy Escárcega al Poder Judicial
El ingreso de la magistrada Nancy Escárcega al Poder Judicial del Estado no tardó en generar polémica.
Apenas estrenándose en el cargo, se le señala por haber influido en la liberación de su hermano, lo que ha encendido el debate sobre la independencia judicial y el nepotismo.
La polémica no se entiende sin la figura de su esposo, Francisco Sánchez, diputado local de Movimiento Ciudadano.
Aunque públicamente se presenta como un opositor férreo al “régimen” y crítico del gobierno, en los hechos legislativos ha votado en sintonía con el PAN, siendo uno de los aliados más constantes de la mayoría oficialista en el Congreso.
Sánchez habría jugado un papel decisivo para que su esposa apareciera en la lista de “acordeones” que circuló desde Palacio de Gobierno con los nombres de perfiles preferidos para ocupar una magistratura.
La inclusión de Escárcega en esa lista levantó sospechas sobre un acuerdo político que trasciende la supuesta independencia del Poder Judicial.
Pero los cuestionamientos hacia Francisco Sánchez no terminan ahí.
Su trayectoria política y administrativa está marcada por episodios que hoy vuelven a colocarlo en el centro del debate.
Del ataque al perdón: Sánchez encabezó una de las guerras mediáticas más duras contra la hoy gobernadora María Eugenia Campos.
Los insultos y la insistencia en llevarla a la cárcel fueron parte de su narrativa como opositor.
Sin embargo, el tiempo parece haber borrado esa confrontación: hoy su cercanía política con el PAN lo ha convertido en aliado, lo que abre la pregunta obligada: ¿a cambio de qué fue ese viraje?
El señalamiento de acoso:
En la marcha del 8M, colectivos feministas lo acusaron de acosador y realizaron pintas en su contra, un episodio que nunca se aclaró públicamente pero que sigue presente en la memoria de quienes participaron en esas manifestaciones.
Las cuentas en Parral: Durante la administración de Alfredo “El Caballo” Lozoya, cuando Sánchez fungía como secretario, la Auditoría Superior del Estado detectó una observación por 7 millones de pesos relacionada con un contrato de servicios médicos para trabajadores del municipio.
Dicho contrato no estaba firmado y, aun así, se pagaron 2 millones de pesos de forma anticipada.
La tesorera de la época se negó a validar la operación porque el servicio nunca se prestó.
De acuerdo con fuentes internas, gracias a las “gestiones” de Sánchez, la ASE terminó por solventar la observación, a pesar de que se trataba de un posible peculado.
Incluso se señala que el sentido del dictamen cambió misteriosamente entre la computadora del auditor que detectó el desvío y el escritorio del auditor superior, Héctor Acosta Félix.
Hoy, el escándalo de Nancy Escárcega —su inclusión en la lista de Palacio y la liberación de su hermano— refuerza la percepción de que el nuevo sistema judicial, en lugar de ser un contrapeso, se ha convertido en un espacio de cuotas y favores donde pesan más los acuerdos políticos y los vínculos personales que la imparcialidad.
La narrativa de Sánchez, quien insiste en culpar a Morena y al “régimen” por los cuestionamientos hacia su esposa, contrasta con los hechos: su cercanía con el PAN, sus antecedentes administrativos en Parral y el beneficio directo obtenido con la llegada de Escárcega a la magistratura.
La interrogante persiste: ¿se trata de justicia o de un reparto de poder entre grupos políticos?
Lo cierto es que la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona cuando las decisiones judiciales parecen dictarse desde la política y no desde la ley.