Escándalos alcanzan a alcaldes de Chihuahua: Bonilla ligado a paraíso fiscal vía su media hermana; LeBarón acusa a Cruz Pérez Cuéllar de proteger a sicario

Dos de los principales alcaldes del estado de Chihuahua enfrentan una oleada de señalamientos públicos por presuntos vínculos con personajes relacionados al crimen organizado y a operaciones financieras sospechosas, en hechos que han causado revuelo tanto a nivel estatal como internacional.

Por un lado, una investigación de la DEA reveló que Vanessa Ochoa Mendoza, media hermana del presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, habría movilizado millones de dólares hacia un paraíso fiscal europeo, específicamente a Liechtenstein, mediante una red de empresas fachada y cuentas bancarias offshore.

El reporte —que forma parte de una amplia indagatoria por lavado de dinero— vincula los recursos con actividades del crimen organizado en la frontera norte de México.

La investigación estadounidense menciona que Ochoa Mendoza fue beneficiaria de recursos triangulados desde cuentas mexicanas y estadounidenses hacia entidades registradas en Vaduz, capital del pequeño país europeo, conocido por su opacidad financiera.

Aunque Marco Bonilla no es señalado directamente por las autoridades, el parentesco sanguíneo ha encendido alertas políticas sobre el posible alcance de la red.

Mientras tanto, en Ciudad Juárez, el activista Adrián LeBarón denunció públicamente que uno de los sicarios involucrados en la masacre de Bavispe —donde fueron asesinadas nueve mujeres y niños en 2019— fue contratado como funcionario municipal durante la administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

LeBarón acusó al edil morenista de encubrir y dar protección institucional al presunto criminal, quien ya se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la República.

Aunque Pérez Cuéllar se deslindó del caso y aseguró que su gobierno coopera con las autoridades, el señalamiento revive tensiones en torno al manejo de seguridad pública y el reclutamiento de personal en el Ayuntamiento fronterizo.

Ambos casos han escalado rápidamente en el debate político estatal, generando fuertes cuestionamientos sobre la cercanía de actores políticos con redes criminales y financieras que operan al margen de la ley.

Hasta el momento, ni Bonilla ni Pérez Cuéllar han sido citados por autoridad alguna, pero los escándalos podrían tener repercusiones importantes en sus aspiraciones políticas de mediano plazo.