Espionaje, derroche y cinismo
El debate político en Chihuahua se calienta, y no precisamente por avances en seguridad o bienestar social, sino por el uso descarado de recursos públicos, el doble discurso de los políticos y las maniobras que buscan imponer un Estado vigilante sin límites. Vamos por partes.
Alejandro Domínguez y la Ley del Gran Hermano
Por si fuera poco, en el Congreso se cuece una iniciativa que debería poner a todos en alerta. Alejandro Domínguez, diputado y líder del PRI en Chihuahua, anticipó un debate intenso sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad. ¿El problema? Que bajo esta legislación, el gobierno podría recopilar datos personales, biométricos y telefónicos sin necesidad de un mandato judicial.
Bajo el pretexto de mejorar la seguridad, quieren abrir la puerta a un sistema de vigilancia sin controles. En un país donde la protección de datos es una broma y la filtración de información es pan de cada día, ¿qué podría salir mal?
Domínguez debería estar advirtiendo sobre los riesgos de esta ley en lugar de prepararse para una “discusión intensa” que probablemente terminará con Morena y sus aliados imponiendo su mayoría para aprobarla sin mayor resistencia.
Noroña defiende a Corral: la hipocresía en su máximo esplendor
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sorprendió a todos al salir en defensa de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, luego de que el empresario Eduardo Almeida Navarro lo increpara en un aeropuerto.
Noroña exige que la Fiscalía General de la República actúe contra Almeida, calificando la confrontación como una “agresión gravísima”.
Lo irónico es que el mismo Noroña, quien ha hecho de la confrontación su marca personal, ahora se indigna cuando el interpelado es alguien de su simpatía.
Cuando los políticos de la 4T son los agredidos, exigen justicia. Cuando los agresores son ellos, lo llaman “libertad de expresión”.
Gilberto Loya: un nombramiento que nadie notó (pero que debería preocuparnos)
Mientras Chihuahua sigue lidiando con problemas de inseguridad, Gilberto Loya Chávez fue nombrado delegado de CALEA (Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley) en México. Un nombramiento que pasó casi desapercibido, pero que no debería.
Loya, secretario de Seguridad del estado, lleva una gestión marcada por dudas e inconsistencias. Ahora se le premia con una posición de alto nivel en un organismo internacional. ¿Mérito o palancazo? ¿Fue realmente evaluado?