Farmacias del Bienestar y el costo político de quedarse fuera
Por fin llega el corte del listón a la Torre Centinela
La nueva mesa directiva y la incógnita de quién llegará hasta el final
Las Farmacias del Bienestar terminaron llevando la discusión del IMSS-Bienestar a un terreno mucho más político. Chihuahua quedó fuera de este programa, al igual que otras entidades que no se han adherido al convenio de federalización, y en Chihuahua ya comenzó el señalamiento de responsabilidades. Mayra Chávez atribuyó directamente a la gobernadora Maru Campos que el estado no forme parte de este programa por no haber firmado el convenio del IMSS-Bienestar.
Desde la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum también ha colocado a esas entidades en el escaparate. Y lo ha hecho con una fórmula que recuerda inevitablemente a Andrés Manuel López Obrador. Durante el sexenio anterior era frecuente escuchar desde Palacio Nacional los señalamientos contra el llamado PRIAN, acompañados de láminas en las que se exhibían gobiernos, cifras o decisiones de los adversarios. Ahora Sheinbaum hace algo parecido al colocar en pantalla a los estados que no se han adherido al IMSS-Bienestar y contrastarlos con las entidades que sí participan. En el caso de las Farmacias del Bienestar, la propia Presidencia informó que el programa llegará a 24 estados, mientras las entidades que permanecen fuera no aparecen en esa lista.
El argumento de Morena es sencillo. La Federación tiene un programa que pretende acercar medicamentos a la población y Chihuahua no está dentro. La razón, desde esa perspectiva, está en la decisión del Gobierno estatal de no adherirse al esquema federal. Es una explicación fácil de llevar al ciudadano y, políticamente, puede resultar bastante efectiva.
Pero la posición de Maru Campos también tiene su propia lógica. La gobernadora ha defendido que Chihuahua mantenga el control de su sistema de salud y ha cuestionado la conveniencia de incorporarlo al modelo federal. No se trata solamente de recibir un programa más. La federalización implica transferir responsabilidades, recursos, infraestructura y personal, y con ello también una parte importante de la capacidad de decisión del Estado.
Por eso hay dos preguntas que deberían estar sobre la mesa. ¿Qué gana Chihuahua si firma el IMSS-Bienestar? Si la incorporación significa mejores servicios, más medicamentos y mayor cobertura para quienes no cuentan con seguridad social, entonces la decisión de mantenerse fuera tendría que explicarse con mucha mayor claridad. Pero también habría que preguntar qué gana Chihuahua al no firmar y qué está defendiendo al conservar su propio sistema de salud.
Porque quedarse fuera también significa asumir la responsabilidad. Si Chihuahua sostiene que su modelo puede funcionar mejor, tendrá que demostrarlo con resultados. Medicamentos disponibles, infraestructura suficiente, personal médico y atención para la población que depende de los servicios estatales. La autonomía administrativa puede ser un argumento, pero al final tendrá que reflejarse en el servicio que recibe el ciudadano.
Y ahí es donde las Farmacias del Bienestar pueden convertirse en un elemento políticamente incómodo para el Gobierno estatal. Morena tiene ahora un programa concreto con el cual puede marcar diferencias. No necesita entrar en toda la discusión sobre convenios y transferencia de recursos. Basta con señalar que hay entidades donde el programa estará presente y Chihuahua quedó fuera. Del otro lado, el Gobierno estatal tendrá que explicar por qué considera que permanecer fuera es la mejor decisión para los chihuahuenses.
Es inevitable pensar que detrás de esta disputa también hay un mensaje político. El ciudadano puede terminar recibiendo una idea bastante sencilla. Mientras el Gobierno federal busca llevarle nuevos beneficios, el gobierno que actualmente tiene Chihuahua estaría impidiendo que lleguen. Un mensaje que puede presentarse como programa social, pero que difícilmente puede desligarse de la competencia política. Y en un escenario donde cada beneficio federal puede convertirse en una herramienta para marcar diferencias con los gobiernos de oposición, las Farmacias del Bienestar tienen también ese trasfondo electoral que difícilmente puede ignorarse.
Al final, el debate no debería reducirse a quién tiene la culpa de que Chihuahua esté fuera. La pregunta es mucho más sencilla y, quizá por eso, más incómoda. ¿El estado está mejor conservando el control de su sistema de salud o estaría mejor incorporándose al modelo federal? La respuesta tendrá que darse con resultados y no solamente con discursos. Porque si las Farmacias del Bienestar terminan siendo percibidas como un beneficio que otros estados tienen y Chihuahua no, la decisión de quedarse fuera tendrá inevitablemente un costo político.
Después de retrasos, cuestionamientos y señalamientos de carácter presupuestal y político, además de las dudas que surgieron alrededor de la tecnología contemplada en el proyecto, la Torre Centinela ya tiene fecha para entrar formalmente en operación. Será el próximo 10 de septiembre cuando el Gobierno de Maru Campos concrete uno de sus principales proyectos en materia de seguridad.
Desde la semana pasada comenzaron a circular las invitaciones, firmadas por Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado. La propia gobernadora confirmó además que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, fue invitado al evento, lo que le da una dimensión política adicional al acto.
La Torre Centinela ha estado bajo la lupa desde su construcción. El presupuesto, los tiempos de ejecución, la tecnología anunciada y particularmente el uso de inteligencia artificial fueron algunos de los temas que generaron señalamientos a lo largo de estos años. Con el paso del tiempo, incluso llegó a ser considerada por algunos como un posible elefante blanco.
Ahora el escenario es distinto. Representantes de las cámaras empresariales, actores políticos, periodistas y otros sectores ya han recorrido las instalaciones para conocer su estructura, equipamiento y funcionamiento. Chihuahua en Directo también tuvo la oportunidad de ingresar y documentar parte de lo que ocurre dentro de este proyecto que el Gobierno estatal ha colocado como una pieza central de su estrategia de seguridad.
Y precisamente ahí estará el verdadero reto para Maru Campos. El edificio deja de ser la noticia y comienza la etapa en la que tendrá que demostrar para qué sirve. La inversión realizada tendrá que traducirse en capacidades reales de inteligencia, coordinación y prevención del delito.
Después de todo lo que se ha dicho sobre la Torre, mostrarla terminada ya no será suficiente. Tendrá que entregar resultados y comprobar que la tecnología anunciada, incluida la inteligencia artificial, representa una herramienta efectiva para las corporaciones de seguridad.
El 10 de septiembre marcará, entonces, el cierre de una etapa y el inicio de otra. El Gobierno estatal podrá presumir que una de sus obras más cuestionadas ya está lista. Lo que seguirá será comprobar si también puede convertirse en una de las más útiles.
Porque ahí estará la verdadera evaluación de la Torre Centinela. No en el corte del listón, sino en lo que ocurra después.
Apenas comienza el tercer año de la actual Legislatura y ya aparece una pregunta inevitable. ¿Cuántos de los diputados que hoy ocupan una curul terminarán el periodo legislativo en su puesto?
El calendario electoral de 2027 comienza a pesar sobre el Congreso del Estado. Para algunos, la posibilidad de buscar otro cargo de elección popular ya está sobre la mesa. Para otros, todavía no hay definición pública, aunque sus nombres comienzan a aparecer en las conversaciones políticas. El problema es que mientras se acercan los tiempos electorales, el Congreso tiene todavía una agenda bastante cargada.
Jocelyn Vega ya reconoció abiertamente que está registrada como aspirante a la reelección por su distrito. Irlanda Márquez también aparece entre quienes podrían buscar permanecer en el Congreso. Jael Argüelles ya no puede reelegirse, pero su nombre se ha mencionado para una diputación federal, al igual que el de Francisco Sánchez. En el caso de Alfredo Villalobos, al haber llegado por la vía plurinominal, la reelección en el mismo esquema no está sobre la mesa, aunque su reciente registro como defensor en el PRI deja claro que también mantiene actividad política. De Xóchitl Contreras y Magdalena Rentería todavía no existe una definición pública sobre sus siguientes pasos.
Y mientras los nombres comienzan a moverse, también están los pendientes. La iniciativa para crear una Fiscalía Autónoma aparece entre los asuntos que podrían ocupar buena parte de la agenda. Guillermo Ramírez, al cerrar el segundo año legislativo, adelantó que los trabajos comenzarían de inmediato desde la Comisión de Gobernación que preside. Eso significa que el nuevo periodo arranca con un tema que, por su relevancia y por las posiciones encontradas que ha generado, difícilmente pasará desapercibido.
A eso se suman otros asuntos que siguen esperando una definición. La Ponencia Cinco, las iniciativas relacionadas con alienación parental y violencia vicaria, el dictamen sobre matrimonios igualitarios y la controvertida reforma a la Ley de Enajenación de Bienes forman parte de una lista que todavía tiene varios pendientes. Son temas que requieren discusión, acuerdos y, en algunos casos, decisiones que no serán políticamente sencillas.
La pregunta es si el calendario electoral terminará interfiriendo con esa agenda. Porque una cosa es legislar pensando en el interés público y otra comenzar a medir cada decisión con el costo electoral que pueda representar. Conforme avance 2027, las ausencias, los cambios de bancada, las licencias y las definiciones de candidaturas podrían convertirse en parte del paisaje cotidiano del Congreso.
Por lo pronto, la nueva mesa directiva tiene el reto de mantener el ritmo legislativo y evitar que las aspiraciones personales terminen desplazando los asuntos que siguen pendientes. Los diputados tendrán tiempo para definir qué quieren hacer en 2027. La ciudadanía, en cambio, espera que primero cumplan con lo que todavía tienen por hacer en 2026.
Y quizá esa sea la verdadera incógnita que comienza con este tercer año legislativo. No solamente quién buscará otro cargo, sino cuántos de los que hoy ocupan una curul estarán dispuestos a llegar hasta el final de su responsabilidad antes de comenzar a buscar la siguiente.