Inacción ante la designación de cárteles como terroristas
La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de clasificar a seis cárteles mexicanos, incluyendo al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como organizaciones terroristas globales, ha generado diversas reacciones en México. En particular, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha declarado que esta designación no provocará cambios en la estrategia de seguridad del estado. Esta postura plantea serios cuestionamientos sobre la adaptabilidad y eficacia de las políticas de seguridad locales frente a un panorama delictivo en constante evolución.
Una respuesta que ignora el contexto internacional
Al afirmar que “no me compete a mí el tema” y que, según la información disponible, la estrategia de seguridad en Chihuahua “no cambiará”, Campos Galván parece desestimar la gravedad de la situación. La designación de estos cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos no es un mero gesto simbólico; implica un endurecimiento en las políticas de seguridad y podría conllevar acciones unilaterales en territorio mexicano. La negativa a ajustar las estrategias locales ante este nuevo contexto internacional refleja una falta de visión y adaptación por parte del gobierno estatal.
Colaboración interinstitucional: ¿realidad o retórica?
La gobernadora ha enfatizado que la seguridad es una tarea permanente que se sustenta en la colaboración entre fuerzas federales, estatales y municipales. Sin embargo, mantener una estrategia inmutable ante cambios significativos en el entorno de seguridad internacional sugiere que dicha colaboración podría estar limitada por una rigidez institucional. La efectiva coordinación requiere flexibilidad y capacidad de respuesta ante nuevas amenazas, características que parecen ausentes en la actual administración estatal.
Implicaciones de la designación de organizaciones terroristas
La clasificación de estos cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos se basa en la percepción de que representan una amenaza para la seguridad nacional y los intereses económicos estadounidenses. Esta designación permite al gobierno estadounidense aplicar sanciones más severas, como el congelamiento de activos y restricciones de viaje, e incluso podría justificar intervenciones directas en territorio mexicano. La falta de una respuesta proactiva por parte del gobierno de Chihuahua no solo pone en riesgo la soberanía estatal, sino que también podría exacerbar la violencia y la actividad delictiva en la región.
La postura de inacción adoptada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales es preocupante. En un contexto donde las dinámicas delictivas trascienden fronteras y las decisiones internacionales pueden tener repercusiones locales directas, es imperativo que las estrategias de seguridad sean revisadas y adaptadas constantemente. La inercia y la falta de proactividad no solo comprometen la seguridad de los chihuahuenses, sino que también envían un mensaje de indiferencia ante una amenaza que exige respuestas contundentes y coordinadas.
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