Irregularidades y renuncias masivas ponen en duda el proceso de selección de jueces
El proceso de selección de jueces y magistrados en Chihuahua enfrenta una crisis de legalidad y confianza.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández Acosta, señaló que la entrega de listas de personas juzgadoras insaculadas en el Congreso local carece de validez, ya que no se realizó bajo una sesión formal de la Junta de Coordinación Parlamentaria (JUCOPO). A esta irregularidad se suma otro problema grave: más de un centenar de jueces y magistrados han renunciado a participar en la elección del 1 de junio, argumentando falta de claridad y preocupación por la independencia judicial.
Hernández Acosta enfatizó que la insaculación de jueces es un proceso clave para la designación de funcionarios dentro del Poder Judicial y que, sin un procedimiento transparente, la legalidad de las listas queda en entredicho.
“Creo que será el Congreso quien tenga que resolver, pero de antemano no lo considero válido”, declaró, exigiendo que se aclare la situación para evitar que el proceso esté viciado desde su origen.
Mientras tanto, el Poder Judicial enfrenta una ola de renuncias sin precedentes. La magistrada confirmó que más de cien jueces y magistrados han declinado participar en la elección, cifra que sigue en aumento conforme avanza el proceso de recepción de declinaciones. “Todavía ayer teníamos un aproximado de 100 declinaciones, sin embargo, no tenemos todavía una cuenta exacta. En el transcurso del día se darán esas listas completas, ya que en estos momentos se están recibiendo por correo y de manera presencial en todo el estado”, detalló.
Este fenómeno de renuncias masivas no es exclusivo de Chihuahua, sino parte de una tendencia nacional en la que integrantes del Poder Judicial han manifestado su rechazo a participar en procesos que consideran opacos y políticamente dirigidos. La falta de reglas claras y la presión sobre la independencia judicial han generado un clima de incertidumbre en el sector.
A pesar de la gravedad del panorama, el Congreso local no ha emitido una postura oficial sobre la validez de las listas ni sobre las renuncias en el Poder Judicial. Con la elección del 1 de junio cada vez más cerca, la falta de transparencia y la desconfianza en el proceso ponen en riesgo la legitimidad de las designaciones y, con ello, la autonomía del sistema de justicia en el estado.