Juez federal libera dueño del crematorio Plenitud; surgen cuestionamientos sobre cercanía con magistrada y su esposo

La liberación del propietario del Crematorio Plenitud, donde fueron localizados más de 386 cuerpos sin incinerar, detonó una nueva oleada de cuestionamientos que ya no se concentran únicamente en el contenido de la resolución judicial, sino en la cercanía del juez federal que concedió el amparo con integrantes del propio sistema judicial y su entorno político.

La decisión permitió que el responsable del crematorio recuperara su libertad luego de que el juzgador determinó que los hechos no constituían delitos penales, sino presuntas irregularidades administrativas.

Este criterio provocó indignación entre familiares de las víctimas y amplios sectores de la sociedad, que esperaban una actuación judicial acorde con la magnitud del daño causado y el impacto humano del caso.

El foco se desplazó hacia la posible relación personal o profesional entre el juez federal y Nancy Escárcega, magistrada en funciones y Francisco Sánchez, esposo de la magistrada, quien actualmente se desempeña como diputado local en el Congreso del Estado de Chihuahua y presidente estatal de Movimiento Ciudadano.

Su posición política y visibilidad pública agregan un componente adicional a los cuestionamientos sobre el entorno en el que se tomó la resolución judicial.

El caso del crematorio Plenitud marcó profundamente a Ciudad Juárez. Cientos de familias descubrieron que las cremaciones prometidas nunca se realizaron y que los cuerpos de sus seres queridos permanecieron almacenados durante meses en condiciones indignas.

En ese escenario, la expectativa social era que el proceso judicial ofreciera una respuesta firme y proporcional a la gravedad de los hechos.

Lejos de cerrar el caso, la liberación del responsable reavivó la percepción de impunidad y abrió una discusión más amplia sobre los límites entre lo estrictamente legal y la apariencia de imparcialidad.

Hasta ahora no se han emitido posicionamientos públicos que aclaren si existía algún vínculo previo entre el juez federal, la magistrada o su entorno cercano, ni explicaciones adicionales sobre la pertinencia de excusarse para evitar suspicacias.

Mientras tanto, el caso Plenitud sigue abierto en la opinión pública, no solo por la resolución judicial, sino porque volvió a colocar bajo escrutinio un tema incómodo para el sistema de justicia: cuando las cercanías generan dudas, la confianza en las instituciones se debilita.