Justicia que se explica sola
La resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE) en torno a la denuncia de violencia política de género presentada por la síndica Olivia Franco contra el regidor Miguel Riggs generó un amplio eco político.
Aunque el órgano jurisdiccional consideró que no se configuró una infracción, decidió dar vista al Órgano Interno de Control por los insultos proferidos en sesión.
Un desenlace por demás llamativo.
El proyecto fue aprobado por mayoría, con el voto en contra de la magistrada Roxana García Moreno, quien consideró que sí hubo una afectación directa contra una mujer en ejercicio de funciones públicas, lo cual ameritaba un análisis más estricto desde la perspectiva de género.Olivia Franco ya ha anunciado que acudirá a la Sala Regional Guadalajara para impugnar la resolución.
Al mismo tiempo, puso sobre la mesa un tema que, aunque incómodo, no deja de ser pertinente: la relación entre imparcialidad judicial y reuniones privadas entre magistrados y actores involucrados.
La política local se cuece con tiempos largos, pero ciertos episodios la sacuden de golpe.
Las lluvias que rebasan gobiernos
La senadora Andrea Chávez puso el dedo en la llaga de un problema recurrente: la falta de atención estructural ante las lluvias.
Calles inundadas, viviendas afectadas y colonias olvidadas vuelven a aparecer cada temporada, como si el desastre se repitiera en bucle.
El llamado fue claro y con destinatario: el Gobierno del Estado.
Y aunque la problemática rebasa una sola administración, el momento político amplifica el eco.
La senadora no sólo recogió el sentir popular, también reforzó su narrativa: cercanía, territorio y exigencia institucional.Andrea sigue picando piedra.
Considera que cada declaración pública, cada gira, cada tema abordado refuerza su presencia en el escenario preelectoral.
Y aunque el 2027 todavía parece lejano, las piezas ya se están acomodando.
El agua, entre derechos y recibos
En Parral, la diputada Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano, volvió a poner sobre la mesa una problemática que ha adquirido carácter urgente: el acceso al agua.
En medio de una crisis prolongada en el suministro, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento estableció como requisito para recibir pipas estar al corriente en el pago del recibo, lo que deja fuera a numerosas familias en situación vulnerable.
Portillo cuestionó la medida y recordó que el agua es un derecho humano, no un servicio condicionado.
Destacó que muchas familias pagan por un servicio que, en la práctica, no reciben, y denunció que este tipo de criterios administrativos agravan el descontento social.
La legisladora ha encabezado una estrategia legal para garantizar el mínimo vital —50 litros por persona al día— a través de amparos colectivos.
Y aunque estos han rendido frutos, reiteró que el acceso al agua no debería depender de resoluciones judiciales, sino de voluntad institucional para garantizar un derecho básico.
El llamado no fue solo a resolver lo inmediato, sino a construir soluciones de fondo: exploración de nuevas fuentes, combate a fugas y mejora en la infraestructura.
Parral, como muchas otras regiones del estado, enfrenta una disyuntiva compleja entre la gestión administrativa del recurso y la urgencia social de garantizarlo sin barreras.
El precio del gusano barrenador
El cierre temporal de la frontera a la exportación de ganado desde Chihuahua provocó pérdidas estimadas en 350 millones de dólares.
Una cifra que ilustra el tamaño de la afectación para el sector productivo.
La razón oficial: la detección del gusano barrenador.
El trasfondo: la necesidad urgente de reforzar las políticas sanitarias con enfoque regional.
Aunque la frontera ha comenzado a reabrirse, el episodio dejó lecciones importantes para el sector agropecuario, que hoy exige coordinación real entre los distintos niveles de gobierno y atención a las alertas técnicas que, muchas veces, se anticipan sin respuesta.