“La Corte ha hecho caso a los señalamientos de Morena”: Chávez
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, cuestionó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legislación electoral del estado y afirmó que el máximo tribunal atendió los argumentos planteados por Morena contra las disposiciones aprobadas por el Congreso local.
“La Corte ha hecho caso a los señalamientos de Morena”, sostuvo Chávez Madrid al referirse a la resolución que invalidó parte de las disposiciones incorporadas a la legislación electoral de Chihuahua.
El diputado recordó que la reforma fue impulsada por legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PT, con el objetivo, según explicó, de ampliar los mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar posibles vínculos entre partidos o candidatos y el crimen organizado.
Chávez cuestionó que Morena haya impugnado estas disposiciones ante la Suprema Corte, al considerar que la reforma no estaba dirigida contra un partido político en particular, sino contra la posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
“Qué casualidad que Morena impugnó esta medida que no es en contra de Morena, es en contra del crimen organizado”, afirmó.
El legislador planteó entonces por qué Morena acudió ante la Corte para impugnar estas medidas y acusó directamente al partido de defender al crimen organizado en Chihuahua.
“Aquí la pregunta que hacemos es por qué fueron a la Corte con esa preocupación, defendiendo el crimen organizado”, señaló.
Chávez sostuvo que la impugnación presentada por Morena constituye, desde su perspectiva, una señal de la postura que mantiene ese partido frente a las medidas impulsadas por el Congreso para impedir la intervención de grupos criminales en las elecciones.
“Esta impugnación deja claro que Morena defiende el crimen organizado en Chihuahua”, afirmó el coordinador panista.
El diputado adelantó que, pese a la resolución de la Suprema Corte, el Congreso de Chihuahua acatará el fallo y trabajará en una nueva propuesta legislativa para atender los criterios establecidos por el máximo tribunal, al tiempo que buscará mantener mecanismos para prevenir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
