La denuncia contra Miguel Riggs, violencia de género y la credibilidad institucional
El caso de violencia de género protagonizado por el regidor de Morena, Miguel Riggs, en contra de la síndica Olivia Franco, expone no solo la persistencia de conductas misóginas en espacios de poder, sino también las tensiones en torno a la implementación de mecanismos diseñados para proteger a las víctimas. Este incidente, ocurrido durante una sesión de la Comisión de Hacienda y Planeación, no es un hecho aislado, sino un reflejo de cómo las dinámicas de género y poder siguen siendo un terreno hostil para las mujeres, incluso en las más altas esferas del gobierno.
La denuncia formal presentada por Olivia Franco ante el Instituto Municipal de las Mujeres dio lugar a la activación del Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género al interior del Gobierno Municipal. Este mecanismo establece medidas de protección, como reubicación del agresor y asesorías jurídicas, y contempla sanciones administrativas o incluso penales en casos acreditados de violencia de género.
Aunque el protocolo fue diseñado para atender y sancionar estos casos, su eficacia está ahora bajo escrutinio. La simple activación del mecanismo no basta para generar un cambio significativo si no se garantiza que las medidas sean contundentes y ejemplares. En este caso, el hecho de que un regidor sea el señalado, pone a prueba la voluntad política del Gobierno Municipal para actuar con firmeza y sin favoritismos.
El impacto político y social del caso Riggs
El señalamiento contra Miguel Riggs no solo cuestiona su comportamiento personal, sino también la cultura institucional que permite la perpetuación de actos de violencia de género dentro de las estructuras del gobierno. Este incidente podría tener graves implicaciones en la percepción pública de Morena, un partido que ha intentado proyectarse como defensor de la igualdad de género.
El caso también es un golpe a la credibilidad del Gobierno Municipal. Si no se manejan con transparencia las medidas y sanciones contra Riggs, la activación del protocolo podría interpretarse como un acto simbólico, insuficiente para garantizar justicia y enviar un mensaje claro de que este tipo de conductas no serán toleradas.
Por otro lado, la denuncia de Olivia Franco, una funcionaria de alto rango, resalta el riesgo que enfrentan las mujeres en posiciones de poder, quienes, además de lidiar con las complejidades de sus roles, son frecuentemente objeto de violencia por razones de género. Este tipo de agresiones no solo afectan su bienestar personal, sino que también buscan minar su autoridad y credibilidad.
Uno de los mayores desafíos en casos como este es el mensaje que se envía a otras mujeres, tanto dentro como fuera de las instituciones públicas. La falta de consecuencias significativas para los agresores refuerza la idea de impunidad y disuade a las víctimas de presentar denuncias, ya que el costo emocional, social y político puede ser mayor que los beneficios de buscar justicia.
El impacto de este caso no se limitará a Riggs y Franco; será un precedente para cómo se tratarán futuros incidentes de violencia de género dentro del gobierno. Si el proceso resulta en sanciones mínimas o un manejo opaco, reforzará la narrativa de que las instituciones priorizan la protección de sus integrantes sobre la justicia para las víctimas.