La deuda silenciosa: Gobierno, Congreso y hasta la ASE deben millones a Pensiones Civiles
Una revisión al registro de Pensiones Civiles del Estado revela un dato tan escandaloso como ignorado: los principales deudores del sistema no son empresas privadas ni patrones irresponsables, sino las propias instituciones públicas, incluyendo al Congreso del Estado, la Auditoría Superior y la Secretaría de Hacienda.
El documento actualizado al mes de enero de 2025 muestra que la deuda global con Pensiones alcanzó los 9,550 millones de pesos, un aumento de 55% en menos de tres años, comparado con los 6,134 millones reportados en septiembre de 2022.
La Secretaría de Hacienda, responsable del manejo financiero del gobierno estatal, encabeza la lista con una deuda que supera los 4,600 millones de pesos.
En una ironía digna de escándalo administrativo, también figura como deudor el Sindicato de Burócratas adscrito a la misma dependencia.
Otra institución universitaria de alto perfil, la Universidad Autónoma de Chihuahua, arrastra una deuda superior a los 1,970 millones de pesos, seguida por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, con más de 568 millones. Incluso el Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial estatal, registra un pasivo de más de 71 millones de pesos.
El caso del Congreso del Estado es particularmente llamativo. Aparece doblemente listado: como “Congreso del Estado” y como “Congreso del Estado (Eventuales)”, sumando en conjunto una deuda superior a los 17 millones de pesos.
Un órgano legislativo que autoriza presupuestos y discute reformas a Pensiones es también uno de sus morosos persistentes.A esto se suma la Auditoría Superior del Estado (ASE), que figura con un adeudo de más de un millón de pesos.
En 2022 ya tenía pendiente una deuda que, para cualquier otro ente, habría derivado en sanciones, pero en este caso no hubo consecuencias.
El documento también deja ver que áreas clave como salud, educación, vivienda, cultura, deporte y derechos humanos enfrentan adeudos constantes, incluyendo el Instituto Chihuahuense de Salud, el Instituto del Deporte y Cultura Física, la CEDH, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Estatal Electoral.
Además del monto, la dispersión del adeudo muestra un patrón alarmante: el sistema público estatal se alimenta de Pensiones Civiles, pero no lo sostiene.
El crecimiento de la deuda y la falta de consecuencias para los responsables anticipan una crisis estructural que pone en riesgo el futuro de miles de trabajadores del estado.
La opacidad y el incumplimiento se han normalizado, mientras se exige austeridad y disciplina fiscal al resto de la administración.
Nadie parece estar dispuesto a fiscalizar al fiscalizador, ni a sancionar al Congreso ni al Poder Judicial.
El documento, al que este medio tuvo acceso, muestra que la crisis de Pensiones Civiles no es financiera ni administrativa: es política, ética e institucional. Y tiene responsables con nombre, presupuesto y cargo.