La Permanente y el CEN, la siguiente prueba para Bonilla y el método del PAN
La mazorca oficialista de Morena se sigue desgranando para sumarse al proyecto de Andrea Chávez
El desplazamiento forzado, atrapado en el debate político
La discusión por el método para elegir al candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua ya pasó por el Consejo Estatal, donde prácticamente por unanimidad se aprobó solicitar que la candidatura no se defina por designación directa, sino mediante un procedimiento ordinario.
La petición contempla tres posibilidades: una encuesta, una elección entre la militancia activa o una elección primaria abierta a la ciudadanía. Sin embargo, el acuerdo no es vinculante, por lo que las instancias superiores del partido tienen la posibilidad de atenderlo o simplemente dejarlo sin efecto.
La decisión ahora está en la cancha de la Comisión Permanente Estatal y, sobre todo, de la Comisión Permanente Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Son estas instancias las que tendrán que resolver si ratifican el método ordinario o mantienen la designación directa como mecanismo para elegir al candidato en la capital. Dicho de otra manera, los consejeros estatales ya hicieron su parte, pero todavía falta que quienes tienen la última palabra acepten modificar las reglas.
La propuesta no apareció de la nada. En medio de los distintos bloques y aspirantes que buscan participar en el proceso interno, los panistas de base y de trayectoria han expresado su interés en que la candidatura se defina mediante mecanismos democráticos, con participación de la militancia.
El respaldo conseguido el sábado representa un avance para esa petición, aunque también deja claro que una cosa es conseguir el apoyo de los consejeros estatales y otra muy distinta que las dirigencias partidistas estén dispuestas a modificar el procedimiento.
En este escenario, Marco Bonilla, desde su posición como coordinador político estatal del PAN, ha reconocido que está escuchando a los distintos grupos y bloques de aspirantes.
El sábado confirmó ante medios de comunicación que mantiene esa interlocución, precisamente en momentos en que el partido necesita procesar las diferencias internas y encontrar una ruta para la selección de sus candidaturas.
Su participación también lo coloca en una posición desde la que busca mantener la unidad del panismo, mientras la discusión sobre las reglas de la contienda comienza a tomar forma.
Bonilla ya pasó el primer filtro, el Consejo Estatal, donde la propuesta consiguió avanzar incluso con el respaldo del bloque de la gobernadora; pero ahora viene la parte complicada: conseguir que la Comisión Permanente y el CEN respalden el método ordinario.
Porque de poco serviría que los panistas de Chihuahua pidan abrir la elección a la militancia si, al final, la decisión nacional termina manteniendo la designación directa.
La pregunta es si Bonilla podrá llevar hasta esas instancias el acuerdo que logró construir en el Consejo Estatal o si la unidad que ahora busca articular tendrá su primera prueba precisamente cuando llegue el momento de decidir quién pone las reglas de la sucesión.
Los movimientos dentro de Morena continúan y cada vez son más los cuadros que dejan sus responsabilidades partidistas y cargos públicos para incorporarse al proyecto político de Andrea Chávez en Ciudad Juárez. Este lunes se conoció la salida de Benjamín Carrera Chávez de la representación en Chihuahua de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), dependencia federal encargada de conducir las políticas públicas del sector agropecuario. En su lugar quedó Esteban Rodríguez Dami como encargado del despacho.
La salida de Carrera fue atribuida a motivos personales y a nuevas actividades de carácter político, una explicación que difícilmente pasa inadvertida por el momento en que ocurre. El exdiputado morenista es identificado como uno de los perfiles cercanos a Andrea Chávez, por lo que su separación de la representación federal alimenta las versiones de que se incorporará a los trabajos de la senadora con licencia, aunque todavía falta que se haga oficial cuál será su responsabilidad dentro del equipo.
Y es que no se trata de un movimiento aislado. Apenas el jueves pasado se conoció la salida de Luis Daniel López de la Coordinación Estatal de Estructuras Territoriales de Morena, responsabilidad que desempeñó durante cuatro años, para trasladarse a Ciudad Juárez e incorporarse a las tareas políticas de Andrea. A esto se suma la renuncia de seis de los nueve enlaces distritales federales del partido en Chihuahua, varios de ellos cercanos a la dirigencia estatal encabezada por Brighite Granados.
La coincidencia de estas salidas comienza a dibujar un reacomodo de cuadros morenistas alrededor de Chávez, quien ya fue designada coordinadora municipal de Morena en Ciudad Juárez. Desde esa posición, el equipo comienza a tomar forma de cara al proceso electoral, primero con los trabajos de organización y una eventual precampaña y, posteriormente, con la campaña constitucional.
Aunque todavía no se oficializa la incorporación de Carrera ni el cargo que ocupará, su salida de SADER se suma a una lista de perfiles que están dejando sus anteriores encargos para participar en el proyecto de la senadora con licencia. La pregunta es cuántos más seguirán el mismo camino y hasta dónde llegará este traslado de cuadros partidistas y funcionarios hacia la estructura que se está formando en la frontera.
Por lo pronto, la mazorca oficialista de Morena sigue desgranándose. Y mientras la dirigencia habla de organización y coordinación municipal, los movimientos muestran que varios de sus cuadros ya comenzaron a tomar posición en el proyecto de Andrea Chávez.
Mientras las familias de la Sierra Tarahumara siguen abandonando sus comunidades por la violencia, los gobiernos municipal, estatal y federal parecen más ocupados en señalarse responsabilidades que en resolver el problema. La visita de la eurodiputada Diana Riba i Giner y de los integrantes de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea, conocidos como Chalecos Verdes, volvió a poner sobre la mesa la crisis de desplazamiento en Chihuahua. Durante su recorrido por Guadalupe y Calvo, Baborigame y Parral, recogieron testimonios de víctimas y advirtieron sobre la disputa por el control del territorio y sus recursos, además de exigir un censo transparente, presupuesto específico y coordinación entre autoridades para atender a las familias que no han podido regresar a sus hogares.
Pero mientras los organismos internacionales ponen el acento en las víctimas, en Chihuahua el tema volvió a convertirse en motivo de confrontación política. Este lunes, la gobernadora Maru Campos lanzó señalamientos contra la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, a quien acusó de no radicar en el municipio y de atender únicamente las indicaciones de Ariadna Montiel y de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria cuestionó su falta de comunicación y reprochó que no atienda las necesidades de los habitantes del municipio.
Y no se trata de cualquier municipio. Guadalupe y Calvo es uno de los territorios más golpeados por el desplazamiento forzado, con comunidades como Cinco Llagas entre las más afectadas por la violencia del crimen organizado.
Parte de ese entrampamiento político se refleja en el Subcentro Centinela, que todavía no se instala en Guadalupe y Calvo por las diferencias entre el Ayuntamiento y el Gobierno estatal sobre el inmueble que deberá albergarlo. Mientras la administración municipal sostiene que ha presentado alternativas, el Estado afirma que ninguna reúne las condiciones necesarias para su operación. El desacuerdo incluso llegó al Congreso, pero la instalación sigue pendiente en uno de los municipios más golpeados por la violencia y el desplazamiento forzado.
La discusión resulta especialmente delicada porque el subcentro está relacionado con el reforzamiento de la seguridad en una región donde la violencia ha provocado que familias enteras abandonen sus hogares. No es un desacuerdo menor sobre un edificio: se trata de una infraestructura de vigilancia que lleva meses sin encontrar ubicación mientras persisten los problemas de inseguridad.
La propia gobernadora reconoció que durante la gestión del exfiscal César Jáuregui se le ocultó información sobre las cifras y los casos de desplazamiento. Ahora, con los señalamientos de organismos internacionales y las diferencias entre los tres órdenes de gobierno, la pregunta es cuánto tiempo más seguirá el problema atrapado en acusaciones y disputas políticas.
Mientras los gobiernos municipal, estatal y federal mantienen sus diferencias, las familias desplazadas siguen sin tener garantías para volver a sus comunidades. El problema lleva tiempo sobre la mesa, pero entre señalamientos, reclamos y desacuerdos, la respuesta de las autoridades sigue sin llegar.
