Los números no acompañan a Daniela en su vaticinio de triunfo panista en Juárez
¿Qué sentirán los panistas de base al apoyar a un expriísta como Santiago de la Peña?
Maru acusa a Morena de quitar el blindaje electoral
PT pone pausa a la definición de Morena
Daniela Álvarez salió a anunciar que la derrota de Cruz Pérez Cuéllar y de Morena comenzará en Ciudad Juárez. El problema para la presidenta estatal del PAN es que los números de la elección más reciente no acompañan precisamente ese vaticinio.
En 2024, Cruz Pérez Cuéllar obtuvo 354 mil 422 votos, equivalentes al 59.52% de la votación, mientras que Rogelio Loya, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, consiguió 111 mil 185 votos, el 18.67%. La diferencia fue de más de 243 mil votos y casi 41 puntos porcentuales.
Con esos números sobre la mesa, anunciar desde ahora que Juárez será el punto de partida de la derrota de Morena obliga a explicar qué cambió desde aquella elección y, sobre todo, con qué estructura electoral pretende el PAN revertir una diferencia de semejante tamaño.
Porque si Alfredo Chávez cuestiona lo que considera un discurso patriotero de Morena, también resulta válido contrastar el discurso panista con los resultados que existen. Presentar como inminente una derrota que todavía no se refleja en los datos puede terminar convirtiéndose en una narrativa política para vender espejitos y convencer a los propios de una realidad que, por ahora, las urnas no muestran.
Y hay otro elemento que tampoco conviene perder de vista. Cruz Pérez Cuéllar no llega a la coordinación estatal de Morena únicamente con el antecedente de haber ganado dos veces la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Durante el proceso para obtener la coordinación desarrolló trabajo territorial en distintas regiones del estado.
Es decir, el escenario que ahora enfrenta el PAN no se limita a Juárez. Cruz llega a la coordinación estatal con una estructura territorial que ha venido construyendo no solamente en la frontera, sino también en distintos municipios de Chihuahua.
Por eso el contraste resulta inevitable. Mientras Daniela Álvarez anuncia que la derrota de Morena comenzará en Juárez, el antecedente electoral más reciente muestra una victoria de Cruz por casi 41 puntos y el nuevo coordinador estatal de Morena llega con una estructura territorial que se extiende más allá de la ciudad fronteriza.
El discurso puede vaticinar cualquier escenario. Los resultados, en cambio, ponen los números sobre la mesa.
Y hasta ahora, esos números no acompañan a Daniela en su vaticinio de una derrota para Morena. Al contrario, en Juárez muestran que Cruz Pérez Cuéllar tiene un punto de partida electoral bastante más sólido que el que pretende presentar el discurso panista.
Alfredo Chávez cuestionó a los morenistas de cepa que ahora tendrán que respaldar a Cruz Pérez Cuéllar como su coordinador estatal, señalando su pasado y su trayectoria por otros partidos.
Pero la misma pregunta puede hacerse dentro del PAN. ¿Qué sentirán los panistas de base al tener que apoyar a un expriísta como Santiago de la Peña en su aspiración por la alcaldía de Chihuahua?
Porque si Alfredo Chávez plantea que debe ser complicado para los morenistas de cepa cerrar filas con alguien que viene de otros partidos, entonces también tendría que explicar cómo piensa convencer a los panistas de base de respaldar a Santiago, particularmente si la candidatura termina imponiéndose bajo el argumento de una supuesta unidad.
Ahí es donde el discurso empieza a hacer agua. Resulta sencillo cuestionar el pasado partidista de Cruz Pérez Cuéllar cuando se habla de Morena, pero la misma vara tendría que aplicarse dentro del PAN cuando se trata de una candidatura que podría terminar siendo forzada desde Palacio de Gobierno.
El asunto es que la llamada unidad puede terminar siendo simplemente disciplina. Y si la militancia tiene que aceptar una decisión previamente tomada, entonces habría que preguntarse cuánto hay de unidad real y cuánto de alineamiento político.
Alfredo Chávez habla de lo que sentirán los morenistas de cepa al tener como jefe político a un político con trayectoria por otros partidos. La pregunta ahora es para él y para el propio PAN.
¿Qué sentirán los panistas de base al apoyar a un expriísta como Santiago de la Peña?
La que también se tropezó con sus propias palabras fue la presidenta del Congreso, Joss Vega, quien cuestionó que Morena coloque a un expanista al frente de su coordinación y sostuvo que eso significa no tomar en cuenta a las bases. El problema es que ese mismo argumento puede aplicarse al PAN, donde la definición de la candidatura en Chihuahua se ha planteado mediante acuerdos de unidad y encuestas de reconocimiento, sin una consulta directa a la militancia. Es decir, mientras Joss Vega cuestiona que Morena no considere a sus bases, en el PAN el método que se perfila tampoco contempla poner directamente en manos de la militancia la decisión.
Porque la militancia también puede recordar de dónde viene cada quien. Y si el PAN pretende cuestionar a Morena por poner al frente de su estructura a un político que militó en otros partidos, también tendrá que explicar por qué sus propios militantes deberían aceptar sin cuestionamientos una candidatura que podría llegar forzada desde Palacio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las impugnaciones contra la reforma electoral de Chihuahua y con ello modificó una parte de las reglas que el estado había establecido para enfrentar una eventual intervención de la delincuencia en los procesos electorales.
La Corte invalidó las disposiciones que permitían responsabilizar a una candidatura por el simple beneficio obtenido como consecuencia de actos realizados por terceros, al considerar que para imponer una consecuencia administrativa debe existir una responsabilidad personal. También invalidó la pérdida o cancelación automática del registro en determinados supuestos relacionados con actos de delincuencia.
Al mismo tiempo, la Corte mantuvo vigente la causal de nulidad electoral prevista en el artículo 384, numeral 1, inciso d), relacionada con actos de delincuencia permanente o sistemática que incidan en el proceso electoral, bajo los requisitos establecidos para que una irregularidad pueda provocar la nulidad de una elección.
Es decir, la resolución modificó una parte del mecanismo de sanciones a las candidaturas, pero mantuvo la figura de nulidad electoral cuando se acrediten las condiciones previstas por la legislación.
A partir de esa resolución, la gobernadora Maru Campos fijó su postura política y responsabilizó directamente a Morena por lo ocurrido. Su argumento parte de que ese partido votó en contra de la reforma en el Congreso y posteriormente acudió a la Suprema Corte para impugnar diversas disposiciones.
Desde esa perspectiva, Maru sostiene que la decisión de la Corte eliminó una de las principales herramientas que Chihuahua había creado para evitar que una candidatura beneficiada por recursos, amenazas o intervención del crimen pudiera perder el registro. La gobernadora incluso afirmó que el candidato que gane con ese tipo de apoyo ahora podría conservar la candidatura y planteó que el Gobierno del Estado buscará reponer por otra vía aquello que fue invalidado.
Esa es la lectura política que el Gobierno del Estado hace de la resolución.
Del lado jurídico, lo que establece la sentencia es que no puede imponerse automáticamente una sanción personal a una candidatura por el beneficio que haya obtenido de actos realizados por terceros sin acreditar una responsabilidad individual. Y, al mismo tiempo, la Corte dejó vigente la posibilidad de anular una elección cuando la intervención delictiva reúna los elementos necesarios para producir esa consecuencia.
Así quedan sobre la mesa dos elementos distintos. La Corte fija los límites constitucionales para sancionar directamente a una candidatura y mantiene la posibilidad de cuestionar la validez de una elección bajo determinados supuestos. Maru Campos, desde su posición como gobernadora, interpreta políticamente esa resolución como un retroceso al blindaje que Chihuahua había construido y responsabiliza a Morena por haber impugnado la reforma.
Más allá de las posiciones políticas que genere el fallo, lo que queda establecido es que una parte de las sanciones previstas en la reforma electoral fue invalidada, mientras que otras disposiciones, incluida la causal de nulidad por delincuencia permanente o sistemática, permanecieron vigentes.
La Corte puso las reglas jurídicas. Maru puso sobre la mesa su lectura política de lo ocurrido. Y ambas partes del debate forman ahora parte de la discusión sobre cómo Chihuahua enfrentará una eventual intervención criminal en sus elecciones.
El anuncio de Morena sobre sus coordinaciones estatales parecía cerrar una etapa, pero el Partido del Trabajo salió este martes por la noche a hacer una precisión que deja claro que, al menos desde su perspectiva, en Chihuahua todavía no hay caso cerrado para la coalición.
El comunicado del PT llegó después de una jornada en la que los medios de comunicación estuvieron preguntando cuál sería la postura del partido frente a las definiciones de Morena. Y la respuesta fue clara. Para los petistas, los anuncios del lunes corresponden exclusivamente al proceso interno de Morena y no representan todavía una definición de la coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
El detalle tiene contexto nacional. En el proceso para definir las coordinaciones estatales, el Partido Verde consiguió varias posiciones, mientras el PT no obtuvo ninguna. En la jornada del lunes, por ejemplo, el Verde sumó triunfos en Baja California Sur y Nayarit, mientras las demás definiciones anunciadas quedaron en manos de perfiles morenistas.
Por eso resulta relevante que el PT recuerde ahora que existe una mesa técnica de encuestas instalada el pasado 24 de septiembre para la coalición Morena, PT y Verde. De acuerdo con el propio partido, ahí deberán definirse las preguntas, la metodología, las casas encuestadoras y los tiempos del ejercicio, además de establecer la forma en que serán medidos los perfiles de las tres fuerzas políticas.
En Chihuahua, esa precisión adquiere todavía más interés porque durante las semanas previas se manejó la posibilidad de que Andrea Chávez pudiera ser respaldada por el PT. Después de la definición interna de Morena y de los llamados a la unidad hechos la noche del lunes, ese escenario quedó, cuando menos, mucho más distante de lo que se había planteado anteriormente.
Pero el PT no está diciendo en su comunicado que vaya a romper ni que tenga una decisión tomada sobre Chihuahua. Al contrario, señala que esperará los resultados de la mesa técnica y que honrará los acuerdos alcanzados a nivel nacional.
También resulta significativo que el PT no haya tenido presencia en el presídium durante las definiciones del lunes. Mientras Morena realizó sus anuncios, el partido que en Chihuahua había expresado respaldo a Andrea Chávez no formó parte de ese acto. Y un día después, ante los cuestionamientos sobre cuál sería su postura, el partido decidió hacer pública esta precisión.
El mensaje petista, entonces, no es de ruptura. Es de delimitación. Morena puede definir a sus coordinadores dentro de su propio proceso, pero el PT sostiene que todavía falta la parte correspondiente a la coalición.
Y ahí está el punto central. La definición interna de Morena ya avanzó, pero el PT recuerda que todavía existe una mesa técnica en la que, según su propia versión, deberán medirse los perfiles de las tres fuerzas políticas.
Por ahora, el PT no adelanta una decisión sobre Chihuahua. Dice que esperará las reglas, la metodología y los resultados de esa mesa.
Así que, después de los anuncios de Morena, el Partido del Trabajo decidió hacer una precisión y recordar que para ellos todavía falta una parte de la historia.