Loya ya investiga los casinos
Bonilla tiene miedo
Jáuregui estuvo con Maru, Maru no estuvo con él
Maru y el discurso de no pactar
Bocoyna sin agua
“Proceso en Chihuahua contra Jáuregui sigue su curso”. La frase que utilizó Gilberto Loya cuando el exfiscal César Jáuregui fue trasladado al penal del Altiplano cobra ahora mayor relevancia. No solamente por la nueva investigación sobre presuntos vínculos con casinos y prestanombres, sino también porque la Fiscalía General del Estado anunció que apelará la decisión del juez de no vincularlo a proceso por uno de los dos delitos que le imputó originalmente. El mensaje es claro: la Fiscalía no da por cerrado el caso en Chihuahua.
La historia comenzó con la orden de aprehensión que ejecutó la Fiscalía estatal contra Jáuregui por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, relacionados con los hechos de El Pinal. Después de la audiencia, el juez determinó vincularlo a proceso por el primero y descartó el segundo. Este lunes, Loya confirmó que la institución impugnará esa resolución para buscar que también se le procese por coalición.
Pero ese no es el único frente que mantiene abierta la Fiscalía estatal. Cuando Jáuregui salía de Ciudad Judicial, agentes de la Fiscalía General de la República ejecutaron una orden de aprehensión federal en su contra por presunta traición a la patria y lo trasladaron al Altiplano. Horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de otros delitos bajo investigación. Posteriormente, Ernestina Godoy, titular de la FGR, reveló que Maru Campos le había dicho que Jáuregui era presuntamente corrupto y que tenía casinos y prestanombres.
La declaración abrió otro capítulo en el caso. Este lunes, Loya confirmó que los señalamientos sobre casinos y prestanombres también están bajo investigación en Chihuahua, aunque evitó proporcionar detalles porque forman parte de una carpeta en curso. La Fiscalía estatal deberá determinar si existen elementos para establecer responsabilidades por esos hechos.
Así, la institución que inició el procedimiento contra Jáuregui por dos delitos ahora busca que prospere la imputación que el juez descartó y, al mismo tiempo, investiga las acusaciones que la propia gobernadora puso sobre la mesa ante las autoridades federales.
La pelota vuelve a estar en la cancha de la Fiscalía General del Estado. Cuando Loya dijo que el proceso en Chihuahua contra Jáuregui seguía su curso, se refería a la causa relacionada con El Pinal. Ahora esa frase abarca un escenario más amplio: la apelación por el delito de coalición y la investigación por los presuntos negocios con casinos y prestanombres. El caso comenzó en Chihuahua y, por lo dicho por Loya, la Fiscalía estatal no piensa soltarlo. Buscará fortalecer las actuaciones que ya inició y determinar si los nuevos señalamientos tienen sustento legal. El proceso en Chihuahua, como dijo el propio encargado de la Fiscalía, sigue su curso.
El miedo se ha convertido en parte del discurso político que el panismo de Chihuahua está llevando a la conversación pública. La advertencia de que el estado podría enfrentar escenarios de violencia y extorsión como los de Michoacán y Sinaloa busca poner sobre la mesa lo que, desde la narrativa del PAN, está en juego si pierde el control del gobierno. Marco Bonilla lo expresó al ser cuestionado sobre qué lo mueve, si el miedo o la esperanza. «Un poco de ambos», respondió, para después hablar del temor a que delincuentes impongan cuotas a productores agrícolas y comerciantes. También apeló a la esperanza de que Chihuahua siga creciendo en ganadería, exportación agrícola e industria.
Pero más allá del discurso, la disputa política también pasa por los resultados que puedan presumir quienes gobernaron las dos ciudades más importantes del estado. Bonilla en Chihuahua capital y Cruz Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez han encabezado sus respectivos ayuntamientos durante dos administraciones consecutivas, por lo que ambos tienen una gestión que defender y resultados que poner sobre la mesa. Cada uno cuenta con una base política construida en su territorio y buscará convertir ese trabajo en respaldo para el proyecto de su partido.
La comparación entre ambas ciudades será inevitable. Bonilla tiene una trayectoria de gobierno en la capital y Cruz ha consolidado la suya en la frontera. Los dos deberán destacar sus obras, programas y resultados frente a sus adversarios. Sin embargo, para Bonilla el problema no se limita a contrastar su administración con la de Morena. La crisis que atraviesa el PAN tras la detención de César Jáuregui abre dudas sobre la solidez de la estructura política que necesita para sostener sus aspiraciones.
El riesgo está en que esa estructura se debilite no solamente en Chihuahua capital, sino también en el resto del estado. Y ahí es donde la situación se vuelve más delicada para Bonilla, porque la capital representa una de las principales bases de su proyecto político. Si el panismo pierde cohesión en la ciudad que ha gobernado, las consecuencias podrían extenderse a su operación en otros municipios.
La detención de Jáuregui también modificó el escenario interno del partido. La crisis ha puesto bajo presión las lealtades y los respaldos dentro del panismo, y permitirá observar quién conserva fuerza propia y quién depende de los equilibrios construidos alrededor del gobierno estatal. Para Bonilla, el reto será definir cómo se posiciona ante lo ocurrido y qué distancia establece frente a Maru Campos, sin perder de vista que su proyecto requiere una estructura capaz de operar más allá de la capital.
Por eso, otra de las decisiones que tendrá que considerar el PAN es la candidatura a la alcaldía de Chihuahua. El partido no puede dar por sentado que conservará la capital y necesita valorar qué perfil puede mantener unida a su base, competir con Morena y aportar al proyecto estatal. La posibilidad de impulsar a alguien distinto a Santiago de la Peña también entra en esa discusión, particularmente si se busca que la candidatura municipal tenga identidad propia frente a la gobernadora.
Bonilla habla del miedo a que Chihuahua llegue a vivir escenarios de inseguridad como los que describió y de la esperanza de que el estado siga creciendo. Pero el desafío inmediato está dentro de su partido. Antes de pensar en lo que puede ocurrir en la contienda estatal, tendrá que atender las consecuencias de la crisis interna, cuidar su principal bastión y definir cómo construirá un proyecto que no quede condicionado por los problemas del gobierno de Maru Campos.
César Jáuregui dejó en evidencia, en una carta dirigida al panismo nacional, la distancia que hoy existe entre quien fuera uno de los hombres de confianza de Maru Campos y la gobernadora a la que defendió públicamente cuando las críticas por los acontecimientos de El Pinal apuntaban hacia ella. El exfiscal recuerda que marchó, se manifestó y mantuvo hasta ahora en sus redes sociales la imagen de la campaña #YoConMaru. Nunca habló mal de ella en público y, según escribe, la defendió hasta el último momento. Hoy, desde el penal del Altiplano, lamenta que la respuesta de la mandataria haya sido señalarlo.
La carta no es solamente un reclamo personal. Jáuregui busca que el panismo nacional se pronuncie ante los procesos judiciales que enfrenta y advierte que el caso puede convertirse en un precedente para cualquier militante. Pide que senadores, diputados federales y la dirigencia nacional de Acción Nacional intervengan institucionalmente para vigilar que se respeten el debido proceso, la presunción de inocencia y sus derechos políticos.
Pero entre las líneas del documento hay un mensaje político dirigido a Maru. Jáuregui recuerda que cuando la gobernadora fue cuestionada por los mismos acontecimientos, recibió el respaldo de la dirigencia nacional del PAN, de expresidentes del partido y de expresidentes de la República. Él también salió a defenderla. Ahora, cuando enfrenta dos procesos judiciales por los hechos de El Pinal, considera desafortunadas las declaraciones de quien fue su jefa política.
El exfiscal sostiene que no cometió delito alguno y que compareció voluntariamente ante la Fiscalía General de la República cuando fue citado como testigo. También recuerda que renunció a la Fiscalía estatal y que, tras ser detenido por cargos del fuero local, volvió a quedar bajo custodia por una orden federal que lo acusa de traición a la patria.
Desde el Altiplano, en un penal de máxima seguridad, Jáuregui mantiene su postura y asegura que volvería a hacer lo mismo. Su frase es contundente: «Lo volvería a hacer». Se refiere a su actuación en los acontecimientos de El Pinal y rechaza que esa afirmación constituya una admisión de culpa. «No soy culpable de los delitos que se me quieren imputar», sostiene.
Ahí está uno de los puntos centrales de su defensa pública. Jáuregui no está pidiendo que el panismo lo declare inocente ni que lo proteja de la justicia. Su exigencia, al menos en los términos de la carta, es que se respeten las garantías legales y que las instituciones no se utilicen con fines políticos. «No pido impunidad. Pido debido proceso», escribió.
También advierte que su detención ocurrió mientras buscaba la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua. Por eso cuestiona si los procedimientos en su contra podrían tener consecuencias políticas y lanza una advertencia a sus compañeros de partido: «Usar fiscalías y tribunales para sacar de la contienda a un aspirante es un abuso, venga de donde venga».
La carta pone ahora al panismo nacional frente a una disyuntiva. Jáuregui les pide que alcen la voz, que den seguimiento institucional a ambos procesos y que respalden la petición de libertad difundida en su sitio web. No les pide defenderlo personalmente, sino defender una causa, como él mismo lo plantea.
Sin embargo, el reclamo más significativo es el que queda entre su recuerdo de la defensa pública que hizo de Maru y la ausencia de un respaldo equivalente de la gobernadora cuando él quedó en el centro de la tormenta. Jáuregui estuvo con Maru cuando ella necesitó apoyo político. Ahora sostiene que las declaraciones de la mandataria no corresponden a la lealtad que él le mostró.
El caso también deja una pregunta para Acción Nacional. Si el partido salió a cerrar filas cuando Maru fue cuestionada, ¿qué hará ahora que uno de sus propios militantes afirma que enfrenta un proceso que debe vigilarse con garantías y sin intereses políticos? La respuesta mostrará hasta dónde llega la solidaridad panista cuando la presión ya no recae sobre la gobernadora, sino sobre uno de los hombres que formaron parte de su gobierno.
Primero fue un video que comenzó a circular en redes sociales para negar que Maru Campos hubiera pactado con la Federación por el caso de César Jáuregui. Ahora, la narrativa que se busca posicionar es la de una gobernadora que le planta cara a Morena, que no se achica ante Claudia Sheinbaum y que está dispuesta a defender su postura frente a la presidenta. Esa es también la lectura que expresó Alfredo Chávez al sostener que Maru le alzó la voz a Sheinbaum por los chihuahuenses.
La propia presidenta confirmó que la reunión con la gobernadora fue tensa, que ambas elevaron la voz y que hubo reclamos relacionados con la seguridad y el operativo de El Pinal. Maru solicitó el encuentro, expuso sus diferencias y después negó haber pactado con la Federación o con Morena. El mensaje que se busca transmitir es que dialogar con la presidenta no significa ceder ni renunciar a sus propias decisiones.
En esa misma línea están los señalamientos contra Ariadna Montiel, a quien Campos acusó de presuntos vínculos con el crimen organizado desde 2021. A ello se sumaron publicaciones del periodista Héctor de Mauleón sobre supuestos nexos de la dirigente morenista con grupos criminales en la sierra. Maru también ha insistido en que sus diferencias con la estrategia federal de seguridad son de fondo y que no las va a callar a cambio de nada.
La gobernadora ha reiterado que no entregará Chihuahua a Morena y descartó buscar una embajada al terminar su mandato. Mientras tanto, la narrativa que se impulsa es la de una Maru que defiende al estado, enfrenta a sus adversarios políticos y no está dispuesta a negociar sus posturas.
Bocoyna sin agua
Llega el dato a Chihuahua en Directo: los habitantes de la cabecera municipal de Bocoyna llevan 12 años sin agua en sus llaves. En ese tiempo han pasado gobiernos de Movimiento Ciudadano, encabezados por Héctor Edgardo Rochín, y del PAN, con Macario Hermosillo Pompa, quien ya suma dos administraciones consecutivas. Todos llegaron con la misma promesa, pero ninguno ha resuelto el problema.
La paradoja es indignante. En San Juanito se encuentra la presa Situriachi, considerada la más grande de la Sierra Tarahumara, con una potabilizadora de 140 litros por segundo. El agua pasa por tuberías a través de la cabecera municipal, pero no llega a las viviendas. Mientras tanto, los vecinos pagan alrededor de 250 pesos por llenar un tinaco de 600 litros.
La responsabilidad no recae únicamente en el alcalde. La Junta Central de Agua y Saneamiento, encabezada por Mario Mata Carrasco, también debe explicar por qué, pese a tener una fuente de abastecimiento a pocos kilómetros, la población sigue dependiendo de las pipas. Doce años de promesas incumplidas y la falta de un servicio básico exigen respuestas.