Manuel Cano y Edgar Prado operan corrupción y amedrentamiento con el nombre de la gobernadora
La sombra de la corrupción vuelve a proyectarse sobre la administración estatal, esta vez con denuncias sobre presuntos actos de amedrentamiento, tráfico de influencias y financiamiento opaco de campañas políticas.
Según fuentes anónimas, Manuel Cano y Edgar Prado estarían presionando a administrativos de dependencias gubernamentales, afirmando actuar en nombre de la gobernadora Maru Campos, para obtener contratos relacionados con la adquisición de equipo de cómputo y copiadoras. De confirmarse, esto evidenciaría un uso indebido del poder y un favoritismo descarado en la asignación de recursos públicos.
El caso de Edgar Prado no se detiene ahí. Se le señala como operador de una red de recaudación de dinero en efectivo entre empresarios y medios de comunicación, supuestamente para financiar la campaña de Gilberto Loya a la gubernatura. Esta práctica, más que una estrategia política legítima, parece encajar en el clásico esquema de financiamiento en lo oscuro, donde los recursos fluyen sin transparencia ni rendición de cuentas.
Por otro lado, Manuel Cano no es ajeno a las acusaciones de corrupción. Su historial lo vincula con graves irregularidades durante su paso por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) en la época del rector Raúl Chávez. Se le acusa de haber comercializado bienes universitarios para beneficio personal, llegando al punto de vender hasta el maíz destinado a la alimentación del ganado de la institución.
Estos casos no solo evidencian una red de influencias que opera con total impunidad, sino que también reflejan la falta de controles internos y de una verdadera voluntad política para erradicar la corrupción. ¿Hasta cuándo se seguirán utilizando las instituciones públicas como cajas chicas de intereses privados?