Desde que asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Marcela Herrera Sandoval ha mantenido una intensa agenda pública que la ha llevado de foro en foro, en lo que parece más una gira institucional que una gestión enfocada en resolver los problemas internos del Poder Judicial. Aunque en cada encuentro insiste en que hay unidad y compromiso entre los magistrados, la realidad es que el Tribunal sigue enfrentando los mismos rezagos estructurales de años atrás.

 

En su reciente reunión plenaria, la magistrada presidenta desmintió los rumores sobre una supuesta división interna y afirmó que los 29 integrantes del Pleno están comprometidos con el fortalecimiento institucional. También habló de un diagnóstico en marcha para optimizar procesos judiciales y administrativos a corto, mediano y largo plazo, con especial atención a Ciudad Juárez, donde se concentra el mayor número de asuntos. Sin embargo, dentro del Poder Judicial persiste la percepción de que esos diagnósticos se quedan en discurso mientras los juzgados continúan saturados y los trámites lentos.

 

A esto se suma la percepción, ampliamente comentada entre funcionarios y litigantes, de que el TSJE sigue operando bajo esquemas tradicionales, pero no sólo por costumbre: se dice que todo, absolutamente todo, se decide en la Secretaría General de Gobierno. Desde Comunicación Social, la Dirección de Administración, el acomodo de salas, el presupuesto e incluso la liberación de reos, nada pasa sin el visto bueno del Ejecutivo estatal.

 

Así pues, en estos dos años, la presidenta del Tribunal parece encaminarse a convertirse en algo parecido a aquel “alcalde decorativo” del Estado de México designado por AMLO: una figura institucional sin verdadero margen de decisión. La pregunta que flota en los pasillos judiciales es directa: ¿quién manda realmente en el TSJE?

 

Veremos si el siguiente presidente o presidenta del Tribunal, logra romper esa inercia y recuperar la autonomía del Poder Judicial. Al tiempo.

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Brooke Rollins: oportunidad clave para el sector ganadero chihuahuense

La próxima visita de Brooke Rollins, subsecretaria de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se perfila como un punto de inflexión para el sector ganadero de Chihuahua.

De acuerdo con el presidente del Congreso local, Guillermo Ramírez Gutiérrez, este encuentro podría abrir condiciones favorables para reactivar la exportación de ganado hacia el país vecino, una de las actividades económicas más importantes del norte mexicano.

Ramírez subrayó que Chihuahua ha mantenido un estricto control sanitario, preservando el estatus de hato libre de plagas como el gusano barrenador, y destacó el trabajo conjunto del gobierno estatal con los productores y asociaciones ganaderas.

Sin embargo, reconoció que la frontera sur del país continúa siendo un punto vulnerable por el ingreso irregular de ganado sin certificación, lo que ha frenado las negociaciones bilaterales.

La visita de Rollins —programada para noviembre— incluirá reuniones con el secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, y con autoridades estatales.

Se espera que de ahí surjan compromisos concretos para garantizar el comercio seguro de animales y productos cárnicos.

Si la gestión avanza, Chihuahua podría recuperar una fuente vital de ingresos para el campo, afectada por más de dos años de restricciones y pérdidas acumuladas.

En este contexto, el Congreso local busca posicionar la agenda agropecuaria como prioridad política rumbo al cierre del año.

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Viviendas del Bienestar: arranque en Jiménez

Con el arranque de la construcción de las Viviendas del Bienestar en el municipio de Jiménez, el gobierno federal pone en marcha una estrategia que busca reducir la desigualdad habitacional en el estado.

Este programa tiene como propósito brindar techo digno a familias de bajos ingresos, especialmente en comunidades rurales donde las opciones de vivienda formal han sido históricamente limitadas.

El proyecto, impulsado desde la Secretaría de Bienestar, contempla que cada vivienda cuente con servicios básicos y materiales duraderos, además de priorizar la contratación de mano de obra local para reactivar la economía regional.

En Jiménez, el banderazo reunió a funcionarios federales, autoridades municipales y beneficiarios, quienes resaltaron que se trata de un esfuerzo inédito en la región sur del estado.

No obstante, el verdadero desafío será garantizar la continuidad presupuestal y la entrega oportuna de las viviendas.

En ejercicios anteriores, los programas de construcción social han enfrentado retrasos por falta de seguimiento o cambios administrativos. Si el plan logra sostenerse, podría convertirse en uno de los pilares de desarrollo territorial del actual sexenio en Chihuahua.

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Morena acelera su estructura territorial rumbo a 2027

Morena ha tomado la delantera en la consolidación de su estructura de base.

A la fecha, ha logrado instalar más de 35 mil de los 71 mil Comités Seccionales previstos en todo el país, con la meta de alcanzar los 13 millones de afiliados antes de enero de 2026.

La estrategia, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, busca fortalecer el control territorial del partido antes de las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovará la mitad del Congreso federal y 17 gubernaturas.

El enfoque es claro: que los comités operen como células activas, con reuniones semanales y tareas específicas en organización comunitaria, comunicación y defensa de programas sociales.

Según cifras internas, el avance ha sido sostenido, aunque Morena enfrenta “alerta roja” en capitales clave como Monterrey, Querétaro y Mexicali, donde el PRI y el PAN mantienen presencia fuerte.

En paralelo, Alcalde Luján busca mantener la cohesión del partido sin la intervención de los llamados “obradoristas históricos”, quienes han quedado relegados del mando.

La estructura que se está tejiendo podría garantizar a la dirigencia nacional un control más centralizado del partido, dejando a los liderazgos estatales menos margen de maniobra rumbo a 2027.

En Chihuahua, se prevé que el trabajo de afiliación y comités se acelere antes del cierre del año para asegurar cobertura total en los municipios de mayor peso electoral.

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Nuevo impuesto al refresco y a los electrolitos: la otra cara de la recaudación 4T

El anuncio de la Secretaría de Hacienda sobre el incremento de 3 pesos por litro a los refrescos y la creación de un nuevo impuesto para bebidas electrolíticas ha provocado un amplio debate económico y político.

La medida, presentada como parte del paquete fiscal federal, se enmarca en la estrategia de aumentar la recaudación para financiar programas sociales y obras públicas.

Sin embargo, legisladores de oposición —como Carlos Olson, del PAN— han señalado que no existe claridad sobre el destino de los recursos y que el gravamen afecta de manera directa a los consumidores de menores ingresos.

El argumento oficial de que el impuesto busca desalentar el consumo de bebidas azucaradas ha sido cuestionado, pues se aplicará también a productos sin azúcar añadida o con fines de hidratación médica.

La industria refresquera y las cadenas minoristas advierten que el aumento podría repercutir en la inflación y en el costo de distribución, especialmente en regiones del norte del país donde el transporte eleva el precio final.

Mientras tanto, en el Congreso se anticipa un debate tenso, pues la medida podría aprobarse junto con otras reformas fiscales antes del cierre del año legislativo.

En la práctica, el llamado “impuesto 4T” podría convertirse en una de las banderas más controvertidas del próximo ciclo presupuestal.