Mario Vázquez impulsa amparos contra la nueva Ley de Aguas por falta de consulta indígena
El senador panista Mario Vázquez Robles informó que ya se encuentran disponibles formatos de amparo indirecto contra la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que la nueva legislación afecta derechos adquiridos y fue aprobada sin consulta previa a las comunidades indígenas.
El legislador explicó que los amparos se concentran en dos ejes principales.
El primero, relacionado con las afectaciones directas que la nueva ley genera a personas físicas y morales con derechos de aprovechamiento de agua.
El segundo, que calificó como especialmente grave, tiene que ver con la omisión de la consulta a comunidades indígenas, pese a que la reforma impacta directamente su forma de vida.
Vázquez señaló que en recorridos recientes por cinco municipios de la Sierra Tarahumara detectó una creciente preocupación entre comunidades indígenas, particularmente por el uso tradicional del agua en márgenes de ríos, donde existen norias, pozos y sistemas de bombeo utilizados tanto para consumo como para la producción de alimentos en pequeñas parcelas.
Indicó que muchos de estos aprovechamientos no cuentan con documentación formal, por lo que, bajo la nueva legislación, podrían ser considerados irregulares, exponiendo a productores indígenas y pequeños propietarios a posibles sanciones o incluso delitos, pese a tratarse de usos históricos.
El senador subrayó que la Constitución es clara al establecer que cualquier reforma que modifique las condiciones de vida de los pueblos indígenas debe someterse a una consulta previa, libre e informada, proceso que, dijo, no se realizó antes de la aprobación de la ley.
Mario Vázquez detalló que los formatos de amparo ya están disponibles en el sitio mariovasquez.mx, y pueden ser promovidos por personas físicas, personas morales, comunidades indígenas, productores agrícolas y ganaderos, titulares o no de concesiones, así como por quienes puedan acreditar interés legítimo por afectaciones a su patrimonio.
Entre los principales puntos que se impugnan del decreto publicado el 11 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, el legislador mencionó la prohibición de la transmisión directa de concesiones, la sustitución por un esquema de reasignación controlada, y la obligación de emitir nuevos títulos aun cuando existan derechos previamente adquiridos.
Finalmente, sostuvo que la reforma vulnera principios constitucionales como la no retroactividad de la ley, la seguridad jurídica, la legalidad y la confianza legítima, al modificar de manera abrupta el marco legal aplicable a los usuarios del agua.