Informe de la ASE revela que gobierno de Maru Campos otorgó 20 millones a excolaborador de Felipe Calderón
El Gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos, gastó cerca de 20 millones de pesos durante 2023 en pagos a dos empresas por concepto de servicios de asesoría jurídica y financiera. Una de estas empresas, que recibió prácticamente la mitad del monto, ha sido señalada como propiedad de Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda durante la administración de Felipe Calderón.
Fuentes internas de la Secretaría de Hacienda estatal aseguran que la labor realizada por estas empresas no justifica el gasto millonario. Según testimonios, el personal de la propia dependencia es quien realiza los entregables que luego son enviados por correo a la Ciudad de México para ser presentados bajo el nombre de los despachos externos. Esto levanta serias dudas sobre la necesidad de contratar servicios que históricamente eran realizados por el personal interno, tanto en esta administración como en las anteriores.
El hecho no pasa desapercibido si se considera que la Auditoría Superior del Estado ha señalado casos similares como irregularidades en gobiernos municipales. Ejemplo de ello es el caso de un expresidente municipal que fue inhabilitado y sentenciado a reintegrar las cantidades pagadas por la recuperación del ISR, bajo el argumento de que estas actividades podían realizarse con recursos humanos y materiales propios.
El gasto, además de ser cuestionable, podría convertirse en un problema político en el futuro cercano. Con la inminente llegada de Morena al gobierno estatal, es probable que estas contrataciones sean revisadas minuciosamente por la Auditoría Superior, abriendo la puerta a posibles responsabilidades legales para los actuales funcionarios, tal como ocurrió con administraciones pasadas.
Este episodio pone en evidencia la recurrente práctica de justificar millonarios contratos externos para tareas que, por estructura y personal, deberían resolverse internamente en las dependencias gubernamentales. Más aún, refuerza la percepción de un gobierno que prioriza alianzas políticas y conexiones personales, incluso a costa de los recursos públicos.