Maru Campos se lanza contra la 4T y pide que entregue a Rocha Moya
Ariadna Montiel le responde a Maru
Hoy se vota la reforma electoral
El recorte a salud y la caravana con sombrero ajeno en MediChihuahua
En CEMECH marchan por la familia y desde sus iglesias la destruyen
La gobernadora María Eugenia Campos Galván abrió el debate político en pleno domingo al difundir un mensaje en el que pidió que el gobierno de Claudia Sheinbaum deje de proteger a los narcopolíticos y entregue a los presuntos narcopolíticos, incluyendo a Rocha Moya y a otros políticos que están siendo requeridos en procesos de extradición por parte de Estados Unidos.
El planteamiento de la gobernadora se inserta en el contexto del discurso intervencionista del gobierno de Donald Trump sobre el combate a los cárteles del narcotráfico en México por tierra, y busca precisamente bajar la tensión de ese escenario internacional.
En ese sentido, sostuvo que el hecho de proteger a estos actores y no entregarlos a Estados Unidos podría derivar en una afectación real a la soberanía nacional ante una posible intervención de ese país por tierra.
Como gobernadora de un estado fronterizo, dejó clara su postura en contra de cualquier intervención de un gobierno extranjero en territorio mexicano.
También advirtió que el T-MEC estaría en riesgo y que cualquier responsabilidad recaería sobre el gobierno de la 4T por proteger, por encima de los mexicanos, a factores políticos vinculados a Morena.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a la gobernadora de Chihuahua a través de un posicionamiento difundido en redes sociales, en el que cuestionó su discurso en materia de seguridad y soberanía.
Señaló que resulta contradictorio que intente dar lecciones en estos temas mientras promueve la intervención extranjera, mantiene a Chihuahua entre los estados con mayor violencia y ha tenido ausencias recurrentes en su administración.
También criticó que sus viajes al extranjero superen sus visitas a los municipios más pobres del estado.
Añadió que, tras intentar someter al país a intereses externos en la lógica de gobiernos anteriores, no cuenta con autoridad moral para dirigirse a la presidenta de la República.
Recordó señalamientos vinculados a administraciones panistas, particularmente el caso de Genaro García Luna, relacionado con pactos con el crimen organizado que derivaron en el aumento de la violencia.
Concluyó acusando una postura contraria a la soberanía nacional y defendiendo la posición de su movimiento frente al conservadurismo.
Declaración de Jorge Romero, presidente nacional del Partido Acción Nacional, en torno a la ampliación de registros ciudadanos para las elecciones de 2027, ha generado más dudas que respuestas dentro de la militancia del partido, ante la falta de claridad en el método de selección de candidaturas.
En el caso de Chihuahua, Daniela Álvarez espera reunirse esta semana con la amplia lista de aspirantes a la alcaldía de Chihuahua y a la gubernatura, en un contexto en el que Morena ya emitió convocatoria, dos de sus aspirantes solicitaron licencia y el martes se registrarán quienes buscan la candidatura a la gubernatura en el estado.
En el ámbito local, Daniela Álvarez adelantó que también espera sostener una reunión con la gobernadora Maru Campos Galván, lo que abre distintas lecturas sobre la definición de candidaturas.
El día lunes habrá de aprobarse la reforma electoral mediante tres dictámenes ya definidos, propuestos por Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano. Esto forma parte de lo que el PAN planteó en torno a la injerencia del crimen organizado y la anulación de las elecciones, quedando establecidos dentro de los dictámenes para identificar quién vota a favor y quién en contra. Una clara alusión para constatar la forma en que Morena habrá de votar en este dictamen.
El recorte a las participaciones federales en el sector salud sigue generando ecos y con ello la respuesta del secretario de Salud, Gilberto Baeza, quien detalló que este recorte tiene un impacto de 300 millones de pesos en el sector salud de Chihuahua.
El tema sigue generando lectura política porque abre el cuestionamiento sobre cómo va a operar MediChihuahua ante esta reducción de recursos federales, considerando que el propio discurso del gobierno del estado lo presenta como su programa insignia y como un esquema que garantiza atención médica a la población chihuahuense.
Sin embargo, el contraste es evidente: mientras se ha presentado como un proyecto emblemático de la administración estatal, su soporte principal proviene de participaciones federales, lo que hoy coloca al programa en una zona de presión financiera.
En ese escenario, el debate ya no es menor, porque se cruza la narrativa de un programa exitoso con la realidad de su dependencia presupuestal.
También se señala que a Gilberto Baeza, titular de la Secretaría de Salud, de manera misteriosa se le estaría buscando una diputación con la intención de darle fuero, lo que abre la pregunta de qué se hizo en el sector salud para que ahora se busque esa protección.
Finalmente, el sábado se llevó a cabo la marcha a favor de la vida y de la familia dentro de la cofraternidad CEMECH.
Llegan señalamientos que no hacen más que cuestionar si realmente estas iglesias están en defensa o en contra de las familias, pues se sabe de la existencia de reuniones de jóvenes dentro de estas iglesias, donde conviven menores de edad con mayores de edad.
Se menciona un caso dentro de una iglesia perteneciente a CEMECH, en la que el grupo juvenil estaría a cargo del hijo de un pastor.
En ese contexto, se señala que este liderazgo juvenil habría incurrido en omisiones y solapar este delito, frente a un caso que involucra a un mayor de edad y una menor, lo que ha derivado en una situación que ha impactado directamente a familias.
El cuestionamiento central gira en torno a la contradicción entre el discurso de defensa de la familia que promueven públicamente estos sectores y las prácticas o silencios dentro de su propia estructura organizativa ante hechos de esta naturaleza.
Se plantea además que, como organización religiosa, estos espacios tienden a cerrarse y proteger su estructura interna frente a situaciones de este tipo, lo que abre la discusión sobre posibles responsabilidades legales y administrativas que podrían derivarse en caso de que las autoridades intervengan.
Mientras tanto, prevalece la expectativa de que este tipo de señalamientos terminen por escalar a instancias formales.