Maru contra Jáuregui, ¿hasta dónde llegará?
Maru no se da cuenta de que el panismo la observa
El poder de la gobernadora le quitó sus cargos partidistas a Loera
El género, otra vez como arma entre PAN y Morena
¿Hasta dónde llegará Maru Campos con los señalamientos contra César Jáuregui por el caso de los agentes de la CIA y el operativo de El Pinal, donde se desmanteló un narcolaboratorio? La confrontación comienza a tener consecuencias que van más allá de las explicaciones sobre la participación de agentes extranjeros en territorio chihuahuense. Cada declaración de la gobernadora tiene un efecto mediático, pero también puede influir en la disputa por la candidatura del PAN a la gubernatura.
Porque una ofensiva política puede terminar beneficiando a quien se busca cuestionar. Jáuregui figura entre los aspirantes a la sucesión estatal y los señalamientos en su contra pueden alimentar la percepción de que se pretende cerrarle el paso para favorecer a otro perfil. Mientras más escale la confrontación, mayor será el riesgo de que el caso termine mezclado con la disputa interna por la candidatura.
La historia del PAN en Chihuahua tiene un antecedente que vuelve inevitable la comparación. Hace 6 años, Maru Campos se enfrentó a Javier Corral en la disputa por la candidatura a la gubernatura. La entonces alcaldesa se opuso a la intención de impulsar a Gustavo Madero y convirtió el rechazo a esa imposición en una de sus principales banderas políticas. El conflicto provocó una fractura interna y llevó a panistas a respaldar a Maru frente al gobernador.
Años después, la paradoja es que Maru comienza a parecerse a quien fue su adversario. En el panismo puede crecer la lectura de que los señalamientos contra César Jáuregui también tienen un trasfondo relacionado con la sucesión municipal y con la posibilidad de que otro perfil llegue a la candidatura. Si la confrontación continúa, la gobernadora corre el riesgo de alimentar justamente esa interpretación y de convertir a Jáuregui en el aspirante que resiste los intentos por cerrarle el paso.
Y es que los ataques pueden terminar convirtiéndolo en una figura de resistencia dentro del PAN. Si sus simpatizantes consideran que está bajo presión mientras busca la candidatura, la confrontación podría darle mayor visibilidad y fortalecer su posición entre quienes rechazan que la decisión se tome desde arriba. En política, no siempre quien lanza los golpes obtiene el beneficio. A veces, el señalado termina capitalizando el conflicto.
Algo parecido ocurrió con Maru cuando enfrentó los cuestionamientos del Gobierno federal por el caso de los agentes estadounidenses. La discusión se trasladó al terreno de la soberanía nacional y le permitió responder desde esa bandera, con un efecto mediático y político distinto al de las acusaciones originales.
Ahora la pregunta es si la gobernadora medirá las consecuencias de cada nuevo señalamiento o si llevará la confrontación hasta un punto en el que Jáuregui termine fortalecido entre quienes rechazan una candidatura definida desde arriba.
¿Será capaz de detenerlo? La pregunta cobra relevancia porque la disputa ya no se limita a las explicaciones sobre lo ocurrido en El Pinal. También está en juego la manera en que el panismo interpreta los movimientos de quienes tienen influencia en la sucesión. Si la investigación se mezcla con la competencia interna, cada declaración puede alimentar sospechas y profundizar las diferencias.
Maru Campos parece no advertir que sus movimientos en la sucesión panista no pasan desapercibidos. Panistas de cepa y otros que no pertenecen a esa vieja guardia comienzan a cuestionar la forma en que la mandataria se ha lanzado contra César Jáuregui y Rafa Loera, en una actitud que interpretan como parte de su intención de impulsar a Santiago de la Peña para la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital.
Maru parece empeñada en despejarle el camino a su candidato, Santiago de la Peña. Sin embargo, sus acciones pueden estar provocando el efecto contrario, al alimentar entre panistas de distintas generaciones las dudas sobre la forma en que la gobernadora se está metiendo en la definición para la alcaldía.
Una cosa es tener un favorito y otra muy distinta es descalificar a quienes podrían competirle para intentar despejarle el camino. Si Santiago de la Peña es su apuesta para la alcaldía de Chihuahua, la pregunta es por qué la mandataria parece tan empeñada en confrontar a Jáuregui y Loera. En lugar de fortalecer a su gallo, esa actitud puede terminar sembrando dudas sobre la fuerza de su proyecto y sobre la necesidad de allanar el camino para que llegue a la candidatura.
El detalle es que Maru parece perder de vista que el panismo no está compuesto únicamente por quienes le son cercanos o coinciden con sus decisiones. También están los militantes de cepa, los que conocen las entrañas del partido y han participado durante años en sus disputas internas, así como aquellos que no pertenecen a esa vieja guardia, pero que tampoco ven con buenos ojos que la sucesión parezca encaminarse hacia una sola opción.
Para unos y otros, el comportamiento de la gobernadora comienza a generar cuestionamientos. Si la intención es que Santiago llegue fortalecido a la contienda, confrontar a quienes podrían competirle puede terminar convirtiéndose en un problema para el propio aspirante. Las descalificaciones no necesariamente cierran filas en torno a él. También pueden provocar que otros panistas cuestionen por qué se intenta despejarle el camino en lugar de permitir una competencia interna.
En el caso de Rafa Loera, la gobernadora llegó al grado de llamarlo un “ciudadano común”. Con una sola expresión, pareció borrarle los privilegios políticos y hasta los años de militancia de quien no solo formó parte de su gabinete, sino que sigue siendo consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN. Loera fue secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, mientras que su esposa, Anya Treviño, se desempeñó como asistente particular de Maru Campos.
Lo que llama la atención es cómo una gobernadora en funciones puede reducir a la categoría de “ciudadano común” a alguien que sigue perteneciendo a su propio partido y que hasta hace poco ocupó una posición dentro de su administración. Como si desde el poder bastara una palabra para quitarle a alguien el peso de su trayectoria, sus años de militancia y su lugar en la estructura partidista. Esa es la dimensión política de la expresión: el poder de quien gobierna para marcar distancias, incluso con quienes hasta hace poco formaban parte de su equipo.
Si Maru ve a Rafa Loera, con su trayectoria y sus cargos dentro del PAN, como un “ciudadano común”, ¿cómo verá entonces a un seccional de su propio partido?
La caravana de bailarinas exóticas que participó horas antes del evento político de Marco Bonilla terminó por meter al PAN y Morena en otro agarrón en el Congreso del Estado. Y cuando el tema de las mujeres entró a la discusión, los dos bandos sacaron sus expedientes, desempolvaron acusaciones y se lanzaron unos a otros la misma piedra: la violencia de género.
Morena cuestionó la participación de bailarinas en una actividad vinculada al evento panista y reclamó la cosificación de las mujeres en Ciudad Juárez, una ciudad marcada por los feminicidios. El discurso de la defensa de la familia y los valores quedó bajo cuestionamiento por el tipo de espectáculo que acompañó la jornada política.
Pero los panistas no se quedaron callados ni aceptaron que Morena se colocara como único defensor de las mujeres. Saúl Mireles lanzó su comentario del “showcito” en la tribuna, María Antonieta Pérez lo acusó de llamarla “payasa” y de ejercer violencia política de género, y Yesenia Reyes entró al quite para recordar las denuncias que han señalado al coordinador morenista Cuauhtémoc Estrada por presunta violencia política contra Adriana Terrazas y Rosana Díaz.
De ahí en adelante, el debate dejó de ser solamente por las bailarinas. Morena puso sobre la mesa la cosificación femenina y la incongruencia del panismo; el PAN respondió con sus propios señalamientos contra figuras de la Cuarta Transformación. En esa repartición de reproches también aparece el caso de Cuauhtémoc Blanco, denunciado por su media hermana por presunta violación en grado de tentativa, y las acusaciones de Brenda Ríos contra Marco Bonilla por presunta violencia política de género.
Vaya manera de disputarse la bandera de la defensa de las mujeres. Unos cuestionan el espectáculo organizado alrededor de un acto político y otros contestan con denuncias que involucran a personajes del partido contrario. Cada bancada tiene sus argumentos, pero ninguna puede convertir una acusación en sentencia ni usar el expediente del adversario para borrar los señalamientos que enfrenta en casa.
Al final, PAN y Morena se dieron con todo utilizando el discurso de género como munición política. La pregunta incómoda para ambos es si el respeto a las mujeres se defiende con la misma firmeza cuando el señalado pertenece al propio partido. Porque exigir explicaciones al adversario es fácil; aplicar el mismo criterio a los aliados es donde empieza la verdadera prueba de congruencia.