Maru depende de la Federación para pagar nómina
PROFECO desarma a Francisco Sánchez y le revira en su narrativa
Marco Bonilla, entre críticas por fingir acento norteño en gira rural
Duarte va por el sobreseimiento con nuevo equipo legal
Terminó por admitirlo la propia Maru Campos. El Gobierno del Estado ya recorta plazas porque el dinero no alcanza. La reducción en las participaciones federales obligó a su administración a meter tijera en la nómina y ordenar un ajuste del 30 por ciento en el presupuesto de las dependencias.
Pero el fondo del asunto va mucho más allá de un ajuste administrativo. La propia gobernadora terminó por reconocer que el Gobierno del Estado depende de las aportaciones de la Federación para sostener su nómina. Dicho de otra manera: sin los recursos que envía un gobierno encabezado por Morena, la administración estatal no puede mantener completa su plantilla laboral.
Y ahí aparece el verdadero costo político. Los recortes terminan golpeando principalmente al personal operativo, al que está en territorio, al que recorre colonias y acerca los programas del Gobierno del Estado a la ciudadanía. La mayor parte de los movimientos podría concentrarse en los trabajadores sin base, de quienes resulta más sencillo prescindir al concluir sus contratos temporales, que regularmente se renuevan cada seis meses. Es ahí donde también se encuentran perfiles identificados con el panismo y recomendados políticos, aunque la depuración no necesariamente alcanzaría a todos, sino principalmente a quienes dejaron de representar un compromiso o ya no forman parte de la operación cercana del grupo en el poder.
El otro 20 por ciento corresponde a personal de base, cuya separación implicaría procedimientos laborales e indemnizaciones que hoy representarían un costo mucho mayor para las finanzas estatales. Por ello, el ajuste naturalmente termina cargándose hacia quienes laboran bajo contrato.
Porque una cosa es culpar a la Federación por la reducción de recursos y otra muy distinta reconocer que la estabilidad de la nómina estatal depende precisamente de esos recursos. Esa contradicción será difícil de explicar a quienes hoy se quedan sin empleo y a una ciudadanía que observa cómo el ajuste recae, una vez más, sobre el eslabón más vulnerable de la estructura gubernamental.
Quien terminó exhibiendo a Francisco Sánchez fue la propia delegada de PROFECO. Durante una entrevista dejó claro que la dependencia nunca tuvo competencia sobre el registro de líneas telefónicas, por lo que las protestas encabezadas por el diputado frente a esas oficinas terminaron construyéndose sobre una narrativa equivocada.
La funcionaria explicó que PROFECO no regula el registro de líneas telefónicas, no emite los lineamientos ni tiene facultades para modificarlos. Esa responsabilidad corresponde exclusivamente a la autoridad federal en materia de telecomunicaciones. En otras palabras, Francisco Sánchez trasladó su confrontación política a una institución que nada tenía que ver con el tema, generando confusión entre la ciudadanía.
Pero el señalamiento más delicado vino después. Mientras Francisco Sánchez sostiene que el registro telefónico pone en riesgo los datos personales de los ciudadanos, para tramitar los amparos solicita la credencial para votar y otros datos personales. La contradicción es evidente. Si el argumento es proteger la información de los ciudadanos, también tendría que explicar con absoluta transparencia cuál será el destino de la información que él mismo está recabando. Más aún cuando, además de diputado local, es dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. La pregunta queda en el aire: ¿esos datos terminarán únicamente integrando los expedientes de los amparos o también podrían alimentar una estructura partidista?
Ahora fue el turno de Marco Bonilla. El alcalde capitalino terminó en el centro de las burlas en redes sociales después de que se difundiera un video de una gira por una comunidad rural, donde varios usuarios aseguraron que adoptó un acento norteño o ranchero para convivir con los habitantes.
Las comparaciones no tardaron en aparecer. Durante meses, una parte de los usuarios en redes ha señalado a Andrea Chávez de modificar su forma de hablar para proyectar una imagen más identificada con Chihuahua y con el norte del país. Ahora, esos mismos señalamientos alcanzaron a Bonilla, quien terminó siendo objeto de comentarios por intentar, según las críticas, hablar con un acento que no es el suyo.
Al final, la política también se juega en la percepción. Hoy las redes sociales ya no solo califican discursos o decisiones de gobierno; también juzgan la manera de hablar, los gestos y hasta la forma en que un político intenta conectar con determinados sectores de la población. Esta vez le tocó a Bonilla ocupar el lugar que antes habían reservado para Andrea Chávez.
Este miércoles, César Duarte apostará una de las cartas más importantes de su estrategia jurídica. Su nuevo equipo de defensa acudirá a la audiencia en la que solicitará el sobreseimiento de la causa penal por el delito de asociación delictuosa, en un intento por cerrar ese capítulo del proceso que enfrenta el exgobernador.
La estrategia estará encabezada por Javier Soto Orduño, César Octavio Guadarrama Palomino, Héctor Iram López García y César Guillermo Márquez Villa, quienes asumieron recientemente la defensa del exmandatario y debutarán en una audiencia clave para el rumbo del expediente.
Llama la atención que, pese a tratarse de un expediente ampliamente documentado y conformado por miles de fojas distribuidas en varias cajas de investigación, la nueva defensa sostiene que el tiempo que tuvo para estudiar el caso fue suficiente para preparar su estrategia. Con esa confianza llegará este miércoles a la audiencia, donde buscará convencer al juez de decretar el sobreseimiento de la causa penal.