¿Maru se va en enero y entra Fernando Álvarez Monje?
A Jáuregui ya nadie la para
Apenas terminó el evento de Jáuregui y empezaron los cuestionamientos
Surgen versiones sobre un posible caso que involucra al hermano de la gobernadora
PRI pone bajo la lupa los retenes de la FGR
Reunión de Cruz con priistas en Parral desata ruido
Certifican el buen trato en Gobierno… pero el caso de la asistente sigue pesando
Ejidatarios acusan montaje de Alan Falomir en operativo contra el “huachicol” del agua
El run run volvió a instalarse en los pasillos de la política chihuahuense. En los últimos días comenzó a cobrar fuerza la versión de que la gobernadora Maru Campos podría dejar el cargo en enero, lo que abriría la puerta para que Fernando Álvarez Monje asumiera la titularidad del Ejecutivo estatal para concluir el sexenio.
La versión, por supuesto, no tiene confirmación oficial, pero eso no ha impedido que alimente las conversaciones entre actores políticos de todos los partidos. La especulación también va acompañada de otra versión: que Maru Campos buscaría convertirse en coordinadora de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, una posición desde la cual mantendría presencia en la política nacional y seguiría siendo una figura de peso dentro del panismo.
Como ocurre con todo run run político, nadie lo confirma, pero tampoco falta quien lo alimente. Hay quienes consideran que un movimiento de esa naturaleza permitiría reacomodar las piezas rumbo a la sucesión estatal, mientras otros sostienen que se trata únicamente de una versión que ha ido creciendo con el paso de los días. Lo cierto es que el nombre de Fernando Álvarez Monje comenzó a sonar con fuerza en esas conversaciones.
Por ahora no deja de ser una especulación. Sin embargo, en política los rumores suelen tener vida propia y, mientras no exista un desmentido contundente o una definición clara, el tema seguirá alimentando las conversaciones en los distintos grupos políticos, donde desde hace tiempo ya no solo se habla de la elección de 2027, sino también de los movimientos que podrían adelantarse en el camino.
Vaya evento que encabezó César Jáuregui este sábado en el Lago di Como, ante más de dos mil mujeres. Fue un acto de respaldo a su proyecto, pero también la plataforma que eligió para enviar un mensaje con destinatario claro: Palacio de Gobierno. La frase con la que cerró su intervención fue suficiente para dejar en claro que está decidido a ir por la candidatura.
El fiscal y aspirante del PAN a la alcaldía de Chihuahua se abrió de capa con un mensaje de gran trasfondo político. Tan solo esa expresión deja entrever que buscará la candidatura con o sin el respaldo de quienes hoy toman las decisiones, algo que ha sido cuestionado por la propia dirigencia estatal. Daniela Álvarez ha hecho referencia a esas voces que, claramente, apuntan hacia César Jáuregui, señalando que han decidido tomar un camino distinto.
Lo que también queda en evidencia es la falta de capacidad de negociación que hoy enfrenta el Partido Acción Nacional. Paradójicamente, César Jáuregui era quien durante años representó ese papel conciliador dentro del panismo y ahora es precisamente ese operador político y negociador quien ha decidido marcar distancia del Gobierno del Estado y de la dirigencia de su partido.
En Palacio de Gobierno saben que las decisiones pasarán por la Casa de Cantera, pero también que Jáuregui está decidido a competir. El sábado sumó a más de dos mil mujeres a su proyecto, en un evento sobrio, pero políticamente contundente. A ello se agrega el respaldo de perfiles como Juan Blanco y Guillermo Luján, además de otros panistas de trayectoria y exalcaldes que ya comenzaron a cerrar filas con él.
También resulta evidente que buena parte del panismo de cepa difícilmente aceptaría un dedazo, y menos si fuera para impulsar a un expriista que busca presentarse como ciudadano para cobijarse con las siglas del PAN y competir por la alcaldía.
Por lo pronto, César Jáuregui se llevó los reflectores políticos del fin de semana y, con una sola frase —”esto ya nadie lo para”—, encendió las alertas tanto en la Casa de Cantera como en Palacio de Gobierno.
El evento de César Jáuregui no tardó en generar reacciones. Apenas concluyó la concentración del sábado, comenzaron a circular mensajes de texto en los que se aseguraba que el costo había sido de mil 500 pesos por persona y se preguntaba quién había financiado el encuentro.
La transparencia siempre será necesaria y cualquier acto de carácter político debe estar sujeto al escrutinio público. Sin embargo, si de hacer cuestionamientos se trata, tendrían que ser parejos.
La misma pregunta aplica para otros casos. ¿Quién paga las comidas? ¿Quién financia los espectaculares? ¿Quién cubre el costo de los pendones y demás propaganda que desde hace meses invade la ciudad con mensajes claramente anticipados?
También son constantes las reuniones para el secretario general de Gobierno, donde participan empleados de distintas dependencias convocados para respaldar esos encuentros. Incluso, se comenta que en algunos de esos eventos se ha pedido a los asistentes no utilizar celulares, con el propósito de evitar que circulen imágenes o evidencias de lo que ocurre al interior.
La pregunta vuelve a ser la misma: ¿quién paga todas esas comidas?, ¿quién financia esa operación política?, ¿quién cubre el costo de la publicidad que mantiene saturada la ciudad con campañas fuera de tiempo?
Y, sobre todo, ¿quién le pone un freno a todo eso? Porque las reformas aprobadas por el Congreso del Estado han demostrado no ser suficientes. La propia Yanko Durán ha señalado que todavía hace falta fortalecer la legislación para atender de fondo el problema de los actos anticipados de promoción política.
Si el rasero va a ser la fiscalización, entonces que sea para todos y no únicamente cuando el evento lleva el nombre de un aspirante en particular.
En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre un posible caso que involucraría al hermano de la gobernadora Maru Campos. Hasta ahora no existe información oficial que confirme el alcance de lo que se comenta, pero el tema ya se instaló en la conversación pública y política del estado.
Las versiones que han trascendido señalan la existencia de un posible expediente en revisión por parte de autoridades, aunque ninguna instancia ha confirmado de manera pública algún procedimiento o investigación en curso relacionado con estos señalamientos. Se espera que en próximos días se sepa más sobre este presunto escándalo jurídico.
Alex Domínguez decidió llevar al terreno político un tema que desde hace tiempo circula entre transportistas y automovilistas. El dirigente estatal del PRI denunció presuntas extorsiones en retenes instalados por la Fiscalía General de la República en carreteras de Chihuahua y anunció que buscará que los casos sean investigados por las autoridades competentes.
La acusación no es menor. Según lo expuesto por el líder priista, existen testimonios de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de cobros irregulares durante las revisiones, por lo que exigió una investigación que permita esclarecer si existen abusos por parte de quienes participan en esos operativos.
Más allá del intercambio político, el tema coloca a la FGR en una posición incómoda. Si las denuncias tienen sustento, la institución deberá actuar con firmeza para sancionar cualquier irregularidad. Y si no es así, también tendrá que transparentar la actuación de sus agentes para disipar cualquier duda sobre el funcionamiento de esos retenes.
Por lo pronto, Alex Domínguez ya puso el tema sobre la mesa y trasladó la discusión al ámbito público. Ahora será la autoridad federal la que tendrá que responder si las denuncias se quedan en señalamientos políticos o derivan en una investigación que permita conocer qué ocurre realmente en los retenes instalados en las carreteras de Chihuahua.
Vaya contraste el que se vivió el viernes en Palacio de Gobierno. Mientras la gobernadora Maru Campos encabezaba la entrega de certificaciones a dependencias estatales por promover buenas prácticas laborales y un buen trato hacia su personal, la conversación seguía girando en torno al episodio ocurrido días antes, cuando durante una rueda de prensa dirigió una frase tosca a su asistente personal, un hecho que generó críticas y terminó por opacar el mensaje institucional.
El evento formaba parte de una estrategia para reconocer a las áreas del Gobierno del Estado que han impulsado una cultura laboral basada en el respeto, el liderazgo y el bienestar de las y los trabajadores. Sin embargo, el contexto político hizo inevitable el contraste entre el discurso del acto y la polémica que aún rodea a la mandataria.
Lo que estaba previsto como un reconocimiento a cuatro dependencias terminó compartiendo los reflectores con un episodio que sigue dando de qué hablar. Diversos actores políticos, principalmente de oposición, aprovecharon el momento para reiterar su respaldo a la asistente y cuestionar la congruencia entre el mensaje de un gobierno humanista y lo ocurrido durante aquella rueda de prensa.
La controversia no se quedó en Chihuahua. El caso trascendió al ámbito nacional y continúa generando reacciones, por lo que un evento pensado para destacar el buen trato al personal terminó inevitablemente marcado por un episodio que, al menos hasta ahora, sigue pesando en la imagen del Gobierno del Estado.
Ahora sí, como dicen, ya salió el peine. A Chihuahua en Directo llegó la versión de ejidatarios de El Fresno que aseguran que el operativo encabezado hace poco más de una semana por el director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, estuvo lejos de ser una acción para combatir el llamado “huachicol” del agua. Sostienen que el pozo del que se abastecían pertenece al propio ejido y que el agua era utilizada por los ejidatarios.
De acuerdo con su versión, el despliegue fue cuidadosamente preparado para generar impacto mediático y proyectar una imagen de combate a las tomas irregulares. Sin embargo, afirman que detrás del operativo hubo más interés político que técnico. Incluso aseguran que desde un principio cuestionaron cómo esa agua, por el volumen disponible y la ubicación del pozo, podría destinarse a abastecer las colonias de la ciudad que enfrentan problemas de suministro.
La consecuencia, dicen, la están pagando ellos. Desde la intervención de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento dejaron de disponer del agua del pozo y ahora se han visto obligados a contratar pipas particulares para llenar tinacos industriales y poder continuar con las actividades del ejido. Mientras tanto, confían en que, una vez que pase el ambiente político-electoral, el servicio pueda restablecerse.
La versión de los ejidatarios abre otra lectura sobre un operativo que en su momento generó reflectores. Ellos sostienen que se trató de un montaje político y mediático, mientras que la Junta deberá responder a esos señalamientos. Lo cierto es que, por ahora, quienes aseguran estar pagando las consecuencias son los habitantes del ejido El Fresno, que hoy dependen de pipas para acceder al agua que antes obtenían de su propio pozo.