Morena bajo presión externa y fractura interna
Sheinbaum entre discurso político y presión internacional
Morelos y el vacío de autoridad
El alcalde de la corrupción… ahora en Parral
Poder Judicial y la apuesta por su base laboral
La lista de presuntos narcopolíticos difundida por el gobierno de Estados Unidos sacudió por completo la agenda pública. No es un señalamiento menor. Se trata de un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y de un senador de la República, ambos emanados de Morena, vinculados —al menos en el discurso estadounidense— con el Cártel de Sinaloa. El golpe es directo a la narrativa de la 4T.
Pero el problema no es únicamente externo. Al interior de Morena el tema abrió una grieta evidente. Hay quienes plantean deslindarse y otros cerrar filas bajo el argumento de que no existen pruebas. La postura institucional no ha variado. Investigar todo hecho ilícito. Sin embargo, en este caso la presión internacional eleva el costo político.
En paralelo, la exigencia de extradición contra Rocha Moya coloca al gobierno mexicano en una posición incómoda. Mientras la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República sostienen que no hay pruebas, el gobierno estadounidense escala el conflicto.
El conflicto también arrastra disputas internas. En el Senado, figuras de Morena apuntan hacia Adán Augusto López Hernández como responsable de escalar la tensión tras incentivar ataques contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Aquí es donde aparece la lectura política de fondo. Dentro del propio movimiento se señala que este nivel de confrontación también tuvo un objetivo electoral. Se habla de que Adán Augusto buscó beneficiar políticamente a Andrea Chávez, perfil impulsado por el llamado grupo Tabasco rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027. La jugada terminó desbordándose y convirtiéndose en una crisis que hoy ya no controla.
Para Estados Unidos, el punto de quiebre no es la política interna mexicana. Es la muerte de ciudadanos estadounidenses en territorio nacional. Ese hecho detonó una reacción que hoy tiene a la 4T contra las cuerdas.
La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no se salió del guion. Sin pruebas, dijo, todo es un embate político contra su gobierno.
Su mensaje se construyó sobre tres ejes. Verdad, justicia y soberanía. Por un lado insiste en investigar. Por otro, refuerza la idea de no ceder ante presiones externas. El énfasis en la soberanía abre una línea de defensa que apunta hacia el gobierno de Chihuahua encabezado por Maru Campos.
El problema es que esa estrategia funciona en lo político, pero no necesariamente en lo diplomático. Mientras México responde con discurso, Estados Unidos responde con presión.
El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, soltó un dato que debería encender todas las alarmas. En 2021 y 2024 no hubo aspirantes a la alcaldía en el municipio de Morelos.
No es un detalle menor. Es la evidencia de un vacío democrático en una zona donde hoy aparece un narcolaboratorio de gran escala y donde la autoridad municipal asegura no haberse enterado.
El señalamiento va directo. Domínguez pide que la fiscal Wendy Chávez investigue al alcalde morenista. No sólo por este hallazgo, sino por el contexto de amenazas previas que habrían inhibido la participación electoral.
En Chihuahua en Directo se le planteó una pregunta clave. Si en un municipio como Morelos realmente había existido Estado de derecho o si ya se estaba frente a un escenario donde el crimen organizado no sólo intimida, sino intenta tomar control de las campañas políticas, particularmente en zonas golpeadas por la violencia.
La respuesta del dirigente priista fue clara. El riesgo es real y no puede minimizarse. Por eso planteó que el Estado mexicano en su conjunto, desde el gobierno federal hasta los municipales y todas las corporaciones de seguridad, debe actuar para evitar que esto se repita.
Porque si ya ocurrió en dos procesos electorales, el verdadero problema no es lo que pasó, sino que vuelva a pasar.
“El alcalde de la corrupción” es una frase que ha utilizado Daniela Álvarez para referirse al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Pero hoy esa narrativa se le revierte.
En Hidalgo del Parral, la administración del alcalde Salvador “Chava” Calderón está bajo la lupa. Se detectaron pagos adicionales en obras que ya estaban concluidas y liquidadas. Se habla de 352 mil pesos para una calle y más de un millón para una avenida.
El caso fue turnado al Órgano Interno de Control para determinar si hubo irregularidades, errores o responsabilidades.
Y aquí es donde entra la incongruencia política. Porque mientras desde el PAN se lanza la etiqueta de corrupción contra adversarios, no se ha visto a Daniela Álvarez con la misma intensidad señalando lo que ocurre en Parral.
El silencio también comunica.
En medio del ruido político, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua tomó una decisión que impacta directamente en su estructura interna.
La magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval, junto con Karla Reyes Orozco y Francisco Acosta Molina, anunciaron un incremento del 33 por ciento en compensaciones para personal operativo y administrativo.
El ajuste beneficiará a cerca de mil 200 trabajadores, desde auxiliares hasta personal de servicios y soporte técnico.
Aquí destaca el papel de Karla Reyes, quien desde el Órgano de Administración Judicial ha empujado una visión más ordenada y sensible hacia la base laboral.