Municipios de Chihuahua llevan a la Corte la Ley General de Aguas por exclusión y control centralizado

Municipios de Chihuahua llevan a la Corte la Ley General de Aguas por exclusión y control centralizado

Cuatro municipios de Chihuahua recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la Ley General de Aguas, al considerar que la nueva legislación federal reduce su margen de decisión y deja fuera a sectores clave en la gestión del recurso hídrico.

Buenaventura, Guerrero, Balleza y Cusihuiriachi promovieron controversias constitucionales en contra de la ley publicada en diciembre de 2025, así como por actos y omisiones de autoridades federales vinculados al manejo del agua, particularmente en lo relacionado con la Presa La Boquilla.

Los recursos fueron admitidos el 21 de enero y turnados a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra.

El argumento central de los municipios es que la ley se limita a regular el uso doméstico del agua y omite otros usos fundamentales como el agrícola, pecuario, industrial, ambiental y urbano, lo que —sostienen— contradice lo establecido en el artículo 4º de la Constitución.

Además de la ley, las controversias señalan la falta de integración efectiva de los Consejos de Cuenca con participación municipal y las decisiones de extracción de agua sin planeación local ni consulta, incluso en el contexto del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

Desde el PRI, el diputado federal y dirigente estatal del partido, Alejandro Domínguez, respaldó la acción legal y advirtió que el modelo actual concentra decisiones en el ámbito federal, dejando a los municipios fuera de la discusión sobre un recurso estratégico para el estado.

De acuerdo con los promoventes, estas omisiones y decisiones unilaterales no solo vulneran la autonomía municipal prevista en el artículo 115 constitucional, sino que profundizan el estrés hídrico en Chihuahua y afectan directamente a comunidades y sectores productivos que dependen del agua.

El fondo del litigio, sostienen, no es solo jurídico, sino de gobernanza: quién decide sobre el agua y bajo qué criterios, en un contexto de escasez creciente y alta conflictividad social.