ONG´s exhiben fracaso de estrategias contra la tala en la Sierra Tarahumara: “Confiscar madera no frena el crimen forestal”
La tala ilegal sigue avanzando en la Sierra Tarahumara y, con ella, el desplazamiento de familias rarámuri y la pérdida acelerada de bosques.
Así lo denunciaron organizaciones no gubernamentales que cuestionaron la falta de resultados del gobierno estatal y federal, pese a los operativos, decomisos y reuniones interinstitucionales que se anuncian mes a mes sin frenar el problema.
En un comunicado conjunto, organizaciones como Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) advirtieron que “confiscar madera no frena la tala”, y acusaron que las medidas actuales son “ineficaces y superficiales”, pues los taladores continúan operando bajo la protección de grupos armados.
“La madera incautada termina desperdiciándose, pero los taladores siguen talando”, señalaron las ONG´s, al considerar que el gobierno ha centrado su respuesta en los efectos y no en las causas del delito.
De acuerdo con los reportes de las propias organizaciones, al menos ocho municipios serranos —entre ellos Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Guachochi, Urique y Batopilas— enfrentan tala clandestina controlada por el crimen organizado, lo que ha provocado desplazamientos forzados y graves impactos ambientales.
Las ONG´s alertaron que las inspecciones de transporte maderero, aunque frecuentes en el discurso, son “acciones esporádicas y predecibles” que no tocan las redes de corrupción detrás del negocio.
Propusieron implementar revisiones nocturnas y sorpresivas, así como el uso de imágenes satelitales para detectar la tala a tiempo.
También llamaron al gobierno de Maru Campos a fortalecer los derechos ejidales y capacitar a las comunidades indígenas en gestión forestal, además de equipar con tecnología moderna a los agentes en campo, donde muchas veces la presencia estatal es mínima o simbólica.
Durante la última reunión de la Mesa Interinstitucional sobre Tala Ilegal, realizada a finales de agosto, las organizaciones insistieron en que sin inteligencia en campo y sin atacar la corrupción en el manejo forestal, no habrá resultados reales.
Aun con la participación de dependencias federales y estatales —desde la Secretaría de Gobernación hasta la Semarnat—, los colectivos lamentaron que la estrategia oficial siga limitada a decomisos y comunicados, mientras la tala avanza y las comunidades siguen huyendo.
En el fondo, dijeron, la Tarahumara no necesita más reuniones, sino presencia real del Estado. Y si el gobierno no moderniza sus estrategias, los árboles seguirán cayendo… junto con la credibilidad de las instituciones.