Operativo contra dueño de Carvel provoca confusión por cercanía con Maru
Leticia Ortega y preguntas por demás innecesarias sobre el narcolaboratorio de “El Pinal”
Ariadna Montiel apaga fuegos antes de las definiciones
El operativo federal realizado durante la madrugada en Bosques de San Francisco, donde fue cateada la residencia de Carlos Velázquez, presidente de Energética Carvel, generó también preocupación entre vecinos por la cercanía del domicilio con el de la gobernadora Maru Campos.
El despliegue incluyó elementos de la Guardia Nacional y personal federal. Al observar durante la madrugada el movimiento de las unidades dentro del fraccionamiento, los vecinos también notaron que se activó el equipo de seguridad de la gobernadora.
Fue precisamente a partir de ese movimiento que comenzó a circular entre los habitantes del sector la versión de que el jefe de escoltas de Maru habría pensado inicialmente que el operativo podía estar dirigido contra la gobernadora.
La versión tomó fuerza por la hora del operativo y por la presencia de las fuerzas federales dentro del fraccionamiento, donde también reside la mandataria estatal.
La confusión se sumó al hecho de que las autoridades municipales tampoco habrían sido notificadas previamente sobre el despliegue federal.
Y es que no es un asunto menor para el entorno de la gobernadora. Durante el gobierno de Javier Corral ya se había ejecutado una orden de aprehensión en su contra. En aquel episodio, Maru Campos llegó a resguardarse en Majalca.
Ahora, años después, un operativo federal en la misma zona donde vive volvió a encender las alertas entre quienes habitan el sector.
Por lo pronto, el operativo tenía como objetivo a Carlos Velázquez, presidente de Energética Carvel, y no a la gobernadora.
Con las relaciones entre el Gobierno del Estado y la Federación apenas componiéndose después de meses de desencuentros, el horno no está precisamente para bollos. Y justo en este momento, en el Congreso del Estado volvió a aparecer el tema del narcolaboratorio de “El Pinal”.
La diputada morenista Leticia Ortega realizó una serie de preguntas al encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, para conocer los avances de la investigación, las diligencias pendientes y si existen posibles responsabilidades de servidores públicos.
El detalle está en que, tras el operativo de abril, la Fiscalía General del Estado creó una Unidad Especializada para investigar lo ocurrido. En aquel momento, la administración de Maru Campos impulsó esta unidad como parte de la estrategia para esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades de servidores públicos.
Sin embargo, el caso tomó otra dimensión cuando la Fiscalía General de la República asumió las investigaciones de su competencia. Con ello, la instancia federal tomó la batuta de las indagatorias más relevantes y la unidad creada por la Fiscalía estatal dejó de tener el protagonismo que originalmente se le había dado.
Por eso resulta peculiar que ahora Leticia Ortega vuelva a poner el reflector sobre los trabajos de esa unidad y pida cuentas al encargado del despacho de la Fiscalía estatal.
Pero aquí no hay que darle demasiadas vueltas. Lo que hace Leticia Ortega no tiene lógica alguna, ni en lo legislativo ni en lo político. Mientras la Fiscalía General de la República lleva la batuta de las investigaciones, volver a cuestionar a una unidad estatal que quedó desplazada en los hechos parece más un movimiento político que una búsqueda real de resultados.
Y para colmo de todo, la propia diputada carga actualmente con una denuncia de juicio político, otro episodio que también se mueve en el terreno de la política y que, de acuerdo con lo que se ha señalado, fue impulsado por activistas relacionados con el diputado del PAN Carlos Olson.
Porque en política todo termina politizándose, o todo puede convertirse en politiquería, dependiendo de quién tenga la mayoría y de cómo decida utilizarla. Y en ese escenario, Lety Ortega bien podría estar caminando sobre una cuerda floja.
El otro ingrediente que vuelve más peculiar el movimiento es que en el centro de las preguntas aparece la Unidad Especializada encabezada por Wendy Chávez.
Su trabajo al frente de la Fiscalía Especializada de la Mujer le ha generado simpatía entre integrantes de Morena y, en ese contexto, algunos ven con buenos ojos que pueda formar parte de la terna para la próxima Fiscalía estatal.
Además, lo que se rumora en Palacio de Gobierno es que Wendy Chávez sería el perfil que cuenta con mayor respaldo para convertirse en la próxima fiscal autónoma. De ahí que resulte llamativo que precisamente ahora se vuelva a colocar bajo la lupa la unidad que encabeza.
Así que mientras el Gobierno del Estado y la Federación buscan recomponer una relación que durante meses estuvo marcada por desencuentros, desde Morena vuelve a ponerse sobre la mesa un expediente que ya no provoca la misma reacción política que cuando ocurrió el operativo.
Aquello que en abril encendía el debate entre bancadas, ahora pasó prácticamente de largo por el Congreso. Y quizá por eso las preguntas de Leticia Ortega terminan llamando más la atención por el momento en que decidió retomar el tema que por el efecto que tuvieron.
Las definiciones de Morena para las coordinaciones estatales siguen en suspenso y, antes de terminar de soltar los nombramientos que faltan, Ariadna Montiel parece tener primero que apagar varios fuegos que aparecieron alrededor del proceso interno.
La dirigente nacional de Morena ha tenido que operar para contener el descontento que dejaron algunas de las designaciones ya realizadas, particularmente en entidades como Guerrero y Zacatecas, donde las decisiones generaron inconformidad entre aspirantes y aliados.
Pero mientras el mensaje institucional habla de unidad, por debajo la realidad parece bastante más complicada. El Partido del Trabajo ha endurecido sus reclamos por el proceso de selección y Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados petistas en San Lázaro, incluso abrió la puerta para que algunos perfiles rechazados por Morena sean postulados por el PT.
A esto se suma que Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, ha reclamado el cumplimiento de los acuerdos sobre las encuestas utilizadas para definir las candidaturas. Así que mientras Morena presume que las puertas del diálogo siguen abiertas, el aliado electoral ya dejó claro que no está conforme con cómo se están haciendo las cosas.
Y en Chihuahua esa disputa nacional encontró su propio eco. Las declaraciones de Reginaldo Sandoval sobre la posibilidad de que el PT postule por su cuenta a perfiles que no sean considerados por Morena pegaron directamente en la conversación alrededor de Andrea Chávez, al grado de que desde el Congreso local Irlanda Márquez replicó la postura y dejó claro que, para ella, si Andrea Chávez era la coordinadora, Morena estaba bien, y si no, Morena estaba mal.
Así que la unidad de la alianza, vista desde lejos, se presume fuerte y pujante. Pero de cerca parece tener la fuerza de un papel. Hay demasiados reclamos, demasiadas inconformidades y demasiados mensajes cruzados como para pensar que el proceso avanza sin sobresaltos.
Y mientras Ariadna Montiel atiende esos incendios, Chihuahua sigue esperando. Oficialmente permanecen pendientes siete coordinaciones estatales, entre ellas Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala, Nayarit, Baja California Sur y San Luis Potosí.
Aquí es donde apareció también el famoso viaje a México de los aspirantes. El Capi Arrieta dejó correr la versión de que iría a la Ciudad de México por la definición de la coordinación, lo que volvió a encender las especulaciones sobre un nombramiento inminente.
Pero Andrea Chávez respondió desde Ciudad Juárez con un mensaje que tuvo su propia lectura política. La publicación en redes sociales dejó claro que ella seguía aquí, justo cuando comenzaban a circular versiones de que los aspirantes ya estaban siendo llamados para recibir la definición.
Porque aunque el Capi Arrieta forma parte de los perfiles considerados, la disputa real en Chihuahua sigue concentrándose en Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez. Y si, como se comenta dentro de Morena, las encuestas ya están en manos de Ariadna Montiel después del trabajo realizado por Citlalli Hernández, lo que queda ahora es terminar de hacer las curaciones políticas antes de soltar los nombres.
Primero Guerrero, luego el conflicto con el PT y ahora las siete entidades que siguen pendientes. Ariadna Montiel parece tener claro que antes de anunciar a los que faltan, hay que evitar que los inconformes terminen convirtiéndose en una fuga de votos, de estructuras o, peor todavía, en una fractura de la alianza.
Y Chihuahua, por lo pronto, sigue esperando la definición mientras Morena intenta demostrar que la unidad que presume en los comunicados también existe cuando se cierran las puertas y empiezan las negociaciones.