PAN abre la puerta a una elección primaria en 2027
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua no descarta que la candidatura al gobierno estatal para 2027 se defina mediante una elección primaria abierta a la ciudadanía.
Así lo declaró Daniela Álvarez, presidenta del comité estatal, al señalar que el partido trabaja en fortalecer su estructura interna y abrirse a perfiles ciudadanos, sin depender exclusivamente de posibles alianzas políticas.
La propuesta anticipa una estrategia para ensanchar el proceso democrático partidista y buscar legitimidad ciudadana desde etapas tempranas.
También podría leerse como una forma de prevención ante eventuales fracturas con aliados históricos.
En cualquier caso, el anuncio anticipado permite al panismo marcar el ritmo de la agenda electoral local.
La otra crisis silenciosa: secuestros de bajo perfil en Ciudad Juárez
En la frontera norte, los reportes de secuestros han generado creciente preocupación.
En los últimos tres meses, se han registrado al menos 50 casos en Ciudad Juárez, la mayoría de ellos contra personas sin perfil político o mediático: dueños de abarrotes, empleados del sector maquilador, gerentes de restaurantes o comerciantes de colonias populares.
Las cifras no sólo reflejan un problema de seguridad, sino también un fenómeno que opera de forma silenciosa, lejos de los grandes titulares.
A las víctimas se les exige el pago de montos “razonables”, con la lógica de que puedan reunirlos rápidamente.
Este tipo de delitos ha encendido la alerta en la comunidad empresarial y social, especialmente por su impacto psicológico, económico y comunitario.
La frontera vive un episodio delicado que exige respuestas institucionales oportunas.
Torre Centinela: retrasos, multas y lupa federal
La Torre Centinela, uno de los proyectos más emblemáticos del actual gobierno estatal, se encuentra bajo observación.
La obra, originalmente anunciada para concluir en mayo de 2024, postergó su entrega para septiembre, y ahora se prevé que esté lista hasta agosto de 2027, es decir, cuando ya exista un nuevo gobernador o gobernadora electa en Chihuahua.
El proyecto, ejecutado por la empresa Seguritech, ha sido objeto de controversia, retrasos, y sanciones.
De hecho, el propio gobierno del estado ya ha impuesto multas por incumplimiento de plazos.
Además, fuentes señalan que la empresa subcontrató a terceros sin contrato formal, situación que ha generado el interés de instancias federales.
Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habrían iniciado investigaciones relacionadas con el manejo de recursos, posibles anticipos y asignaciones.
La Auditoría Superior del Estado, por su parte, entregó un informe en diciembre pasado que fue clasificado como reservado por razones de seguridad.
Sin embargo, persisten dudas sobre los criterios de esa clasificación, especialmente cuando el proyecto se presenta como símbolo del combate a la inseguridad.
En este contexto, la gestión y transparencia del proyecto se han vuelto ejes centrales del debate público, pues se trata de una obra que busca redefinir la estrategia estatal de videovigilancia y control territorial.
Telecomunicaciones y datos personales: el nuevo frente nacional
En el plano federal, las reformas recientes en materia de telecomunicaciones y protección de datos han generado inquietud en distintos sectores sociales y políticos.
Entre las voces que han cuestionado los cambios se encuentra Manque Granados, quien advirtió sobre el riesgo de que se instauren mecanismos que limiten libertades digitales, bajo el argumento de mejorar la seguridad.
El debate gira en torno al equilibrio entre la privacidad individual y el control estatal, especialmente con el impulso de sistemas de identificación biométrica, almacenamiento masivo de datos y mayor facultad de vigilancia sobre la actividad digital de los ciudadanos.
Aunque el marco legal apunta a facilitar trámites y mejorar la coordinación institucional, también ha generado preocupación en torno a los límites del uso de la información personal, el acceso sin orden judicial y el eventual uso político de estos recursos.
Es un debate que apenas comienza, pero que promete ocupar una parte importante de la agenda legislativa y pública en lo que resta del sexenio.