Parálisis legislativa y boicot encubierto: la crisis en el Congreso
El Congreso del Estado vivió un nuevo episodio de estancamiento político tras la suspensión de la sesión extraordinaria en la que se votarían los listados de aspirantes a la reforma judicial. La falta de quórum, provocada por la ausencia de diputados de la oposición, dejó en el aire un proceso clave para la reestructuración del Poder Judicial.
El proceso, marcado por la controversia desde el inicio, debía seguir con la revisión de los listados generados por insaculación a través de una tómbola, un método que ha sido criticado por su falta de rigor y transparencia.
La Junta de Coordinación Política, encargada de analizar estos listados, tampoco pudo sesionar debido a la ausencia de legisladores fuera de Morena, lo que dejó la actividad en un limbo.
El coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, no tardó en calificar la inasistencia como un intento de boicot al proceso, sugiriendo que detrás de la negativa opositora podrían existir intereses ocultos. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la falta de consensos previos y la imposición de procedimientos poco ortodoxos que han generado desconfianza en los demás grupos parlamentarios. La insaculación por tómbola, lejos de garantizar imparcialidad, ha sido señalada como un mecanismo que diluye la responsabilidad política y permite la opacidad en la selección de aspirantes.
La ausencia de los legisladores opositores puede interpretarse como una estrategia para evidenciar la falta de diálogo y abrir una nueva negociación en mejores condiciones. Más allá de la retórica de Estrada Sotelo, la realidad es que Morena no logró construir acuerdos suficientes para asegurar la presencia de todos los grupos parlamentarios, lo que evidencia una fragilidad en su capacidad de conducción política dentro del Congreso.
Este episodio deja claro que el Congreso opera más como un campo de batalla que como un espacio de deliberación democrática. La intransigencia y las tácticas dilatorias de ambas partes solo refuerzan la percepción de que el Legislativo está más enfocado en luchas de poder que en resolver los problemas del estado. Mientras tanto, la reforma judicial sigue empantanada y la ciudadanía continúa esperando que sus representantes actúen con la responsabilidad que el cargo exige.